Quitar y poner

La sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha decidido hoy modificar la composición del tribunal que juzgaba el caso de la Caja B del Partido Popular y sustituir a los dos jueces progresistas que se atrevieron a sentar a Rajoy en el banquillo de los testigos, por otros dos, de la corriente moderada, propuestos por la sucesora de Concepción Espejel, que como todos recordarán, fue recusada por su declarada simpatía hacia la Formación conservadora, principal protagonista de este juicio.

Estos cambios inesperados,  dejan  en el Tribunal que juzga la causa a un único juez, de los tres que empezaron este proceso, colocándole en una difícil situación para poder continuar con la línea de enjuiciamiento marcada hasta ahora por la sala, atribuyéndole dos nuevos compañeros de viaje, que por su presunta ideología, podrían marcar un antes y un después en la forma de entender cómo se deben los hechos ocurridos y si se dan motivos probatorios suficientes, para considerarlos como delito.

Poco ha tardado en producirse una cadena de reacciones en contra de esta decisión, que ha sido calificada por muchos, directamente, como un escándalo e incluso ha habido quién se ha atrevido a asegurar que la mano de Espejel se ha encargado de propiciar esta inaceptable propuesta, empeñada quizá, en limpiar la imagen de un Partido Popular, que saldría seriamente  perjudicada, si pudiera probarse la naturaleza de estos delitos.

A la izquierda en general, le ha pillado por sorpresa este canje, que no parece casual, sino más bien, orientado a equilibrar lo ocurrido hasta ahora, con lo que pueda pasar en un futuro próximo, por lo que líderes de la talla de Margarita Robles, se han apresurado a calificarlo, como una auténtica vergüenza.

Todo, la verdad, resultaría ser mucho más fácil si a los jueces se les permitiese, como a los ciudadanos corrientes, poder declarar abiertamente sus preferencias ideológicas, pero la obligación de ser objetivos a la hora de juzgar, construye historias parecidas a las que hoy contamos, sin que se pueda asegurar tajantemente, si pertenecen o no en esencia, a un determinado Partido político.

De ahí, los rifirrafes que se organizan cada vez que algún caso es adjudicado a un Magistrado del que se sospecha su simpatía por los que se sientan en el banquillo de los acusados y de ahí, las acusaciones que continuamente se vierten, de un lado a otro y las quejas frecuentes sobre la presunta manipulación descarada de la justicia.

Ya veremos, qué deriva toma este caso a partir de ahora y si la existencia de la Caja b del PP, queda o no,  finalmente probada, para este tribunal que nada tiene que ver con el que le precediera, por lo que se podría afirmar que dónde hubo alguna vez esperanza de que todo quedara esclarecido, para tranquilidad de los ciudadanos, puede que sólo quede la ilusión de que  se hiciera justicia, de verdad, en algún caso relacionado con los miembros de un Partido político.

Evidentemente, nada podemos predecir antes de que ocurran los hechos y habremos de aguardar hasta empezar a ver por qué camino discurren las próximas sesiones de este enrevesado juicio, pero algo nos dice que la perseverancia demostrada por los jueces salientes, para aclarar lo que pasó, quedará francamente debilitada a partir de ahora, con esta mayoría conservadora llevando las riendas de lo que suceda en la sala.

Muchas veces hemos hablado de la necesidad de que exista una separación real de poderes, en nuestro país, que garantice la justicia para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y casos como éste de hoy, nos demuestran que queda un largo camino por recorrer, hasta lograr que esta necesidad perentoria, se convierta en un hecho.

Porque mientras los mecanismos de intervención en el campo de la justicia, por parte de los políticos, no sean abolidos en su totalidad, a todos nos queda la amarga sensación de encontrarnos absolutamente indefensos, ante un gigante contra el que no podemos combatir, si no es a través de una reclamación permanente que, por supuesto, no abandonamos, en ningún momento.

De todos modos, se podría afirmar que la neutralidad a la hora de juzgar un delito, es definitivamente imposible y por eso, lo mejor sería que se despojara a los jueces de su privilegio de poder hacer interpretación de la Ley, conservando sólo la capacidad de aplicarla, estrictamente, tal y cómo fue escrita.