Insufrible

Puede que a los habitantes de Cataluña, la cuestión de su independencia y los múltiples conflictos políticos que viene acarreando la petición de Referendum que Artur Mas puso sobre la mesa, al poco de llegar al poder, les resulte un problema vital y que todo su interés esté, verdaderamente centrado en una pronta separación de los españoles, pero al resto de los ciudadanos que formamos parte del territorio ibérico, en el difícil momento que atravesamos, las discusiones que genera el asunto, nos produce un insufrible hartazgo, teniendo como tenemos otras prioridades más urgentes, relacionadas directamente con  la falta de trabajo y los recortes que inciden diariamente sobre nuestras vidas, quiera o no Cataluña formar parte de España y se le conceda o no la consulta, como se pide desde allí.

Los que además hace tiempo que decidimos que el concepto de patriotismo ha de ser, si queremos que el mundo funcione, mucho más abierto e ir encaminado a la destrucción de las fronteras y que ni siquiera hacemos de nuestra españolidad algo más que una mera anécdota relacionada con el azar que nos hizo nacer exactamente donde nacimos, ni somos ni seremos jamás, esa clase de enemigos a los que el Presidente catalán se refiere, ni representaremos un obstáculo para que cada cual defienda su postura, aun cuando no compartamos para nada el principio que mueve a los nacionalismos, del signo que sean.

La posición de debilidad en que nos ha colocado la crisis, se ha convertido sin embargo, en un perfecto caldo de cultivo para que los responsables políticos españoles y catalanes, potencien un enfrentamiento feroz entre los ciudadanos y alienten el odio entre ellos, probablemente con la intención de que mientras estén ocupados con estas cuestiones, olviden la mala gestión que unos y otros están haciendo en su labor diaria y que en ambos casos, casi por igual, va en absoluto detrimento de todos nosotros.

Cansa que ni Mas ni Rajoy dediquen su tiempo a iniciativas que potencien, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo y que se enzarcen en discusiones absurdas sobre quién debe intervenir primero, en un acto celebrado en  Cataluña.

O que mientras la Sanidad o la Educación de ambos sitios va mermando prestaciones y colocando a catalanes y españoles, en igual medida, al borde de una catástrofe personal, con copagos y retiradas de becas, los Presidentes anden jugando al gato y al ratón, como dos niños de primaria, colocando el catalanismo y la españolidad, por delante de los problemas reales que asfixian a las familias.

Uno y otro son, tal para cual y quien se deje manejar por la palabrería barata que intenta maquillar los imperdonables errores que estas derechas enfrentadas cometen con su política neocapitalista, no hará otra cosa que dar la razón a los que dicen que los pueblos tienen, exactamente lo que merecen.

Respetable es que cada cual pueda pertenecer al lugar que desee y lícito que uno pueda sentirse todo lo orgulloso que quiera de su propia idiosincrasia, pero catalanes y españoles, tal vez, debieran hacer aquí y ahora, una causa común que remedie la ineptitud de quienes les gobiernan y que por muchas diferencias nacionalistas que les separen, están siguiendo las mismas directrices de gobierno y aplicando las mismas medidas clasistas que arruinan la cotidianidad de todos, salvaguardando su propio bienestar, en contra del de ambos pueblos.

Venciendo las distancias y conservando cada cual sus diferencias, ellos y nosotros estamos, al final, igualmente indignados.

Quizá convendría aclarar que en la mayoría de los casos, esa indignación no es de los unos contra los otros, sino de todos contra nuestros dirigentes, sin importar el color de la bandera, el idioma, ni donde están establecidas las fronteras de nuestras respectivas naciones, que al final, forman ambas parte del mismo mundo y acogen en ellas a la misma gente.

Un inesperado descubrimiento

Un inesperado descubrimiento, viene a prestar apoyo al Juez Castro en su empeño de esclarecer el caso Noos, al demostrar que la Infanta de España e Iñaki Urdangarín, firmaron un documento por el cual se autoalquilaban su casa De Pedralbes como oficina de sus empresas, aunque consta fehacientemente que el Palacete nunca sirvió para otro fin que el de servir como vivienda a Los Duques, ahora inmersos en este enrevesado caso de Corrupción, que tanto disgustos está dando al encargado de la causa.

Este contrato que sin ser del todo ilegal, sí parece que tuviera como intención distraer la mirada de Hacienda, tiene sin embargo la importancia de expresar con toda claridad que Cristina de Borbón no solo no era ajena a los negocios que llevaba entre manos su marido, sino que formaba parte de ellos, prestando su firma a documentos relevantes en la marcha de las empresas, estando al tanto de lo que en ellas pasaba y siendo consciente del desarrollo seguido por las mismas.

Puede por tanto ahora el juez Castro, volver a intentar la imputación de la hija del Rey, contradiciendo con hechos probados el ridículo argumento esgrimido por la fiscalía, que probablemente acuciada por presiones externas, ha tratado desesperadamente de hacer aparecer a la Infanta como un ser ignorante, que vivía en un mundo irreal bajo el mismo techo que quien, mientras tanto, estafaba a todos los españoles.

En el documento en cuestión, la firma de Cristina de Borbón no solo aparece una vez, sino dos, como arrendataria y arrendadora de la finca y también recibiendo los beneficios mensuales que tal operación reportaba, siendo consciente por ser el inmueble señalado su lugar de residencia, que allí nunca se instaló oficina alguna, ni de la empresa Noos, ni de ninguna otra.

De manera que si el fiscal tampoco viera a partir de ahora signos de su posible imputación en los hechos, podría resultar demasiado evidente que de algún modo, este caso está siendo manipulado descaradamente desde el exterior y que existe un trasfondo que prueba que hay alguien en la sombra, empeñado en salvar por todos los medios la figura de la hija del Rey, simplemente por ser quién es y por pertenecer a la familia a la que pertenece.

Puede que haya llegado el momento que esperaba el Juez Castro, en su demostrado afán por conseguir que la justicia sea absolutamente igualitaria para todos los españoles y puede que por mucho que se empeñen desde fuera, no haya modo de librar ahora de la imputación a la mujer de Urdangarín, que probablemente, tendría muchas cosas que añadir para el esclarecimiento de este caso.

Puede que por fin los ciudadanos vean satisfechas sus ansias de que se haga justicia y se pueda llegar a ver a la infanta en el banquillo de los acusados, si es que llegara a demostrarse su implicación en los hechos y sin que se tenga en cuenta para nada, el rancio abolengo de su procedencia.

Todos estamos en estos momentos deseando al Juez Castro, la suerte de encontrar los mecanismos legales necesarios para que la imputación se produzca, porque estamos hartos de que los delitos fiscales protagonizados por gente de renombre, se hayan convertido en un reducto de total impunidad para sus autores, que se han carcajeado sin ningún pudor de los españoles, habiéndose hecho ricos, saqueando las arcas del Estado, que todos nutrimos satisfaciendo el montante de nuestros impuestos.

Sería perfecto que atañendo este caso, precisamente, a un miembro de la familia más poderosa del país, sentara un precedente que  ayudara a entender a los defraudadores que el robo de los bienes públicos tiene un precio y si tal precio fuera alto, mejor que mejor.

Moneda de cambio

La utilización de las víctimas del terrorismo como moneda de cambio, ha sido una constante para todos los gobiernos que han pasado por el país, desde la llegada de la Democracia.

Todos han sido tocados por las acciones de los terroristas, en carne de sus militantes y todos sin embargo, han intentado negociar con ETA, para lograr el abandono de las armas.

Todos han presumido de estar al lado de los familiares de los muertos y todos han negado tajantemente la evidencia de estar reuniéndose, a la par, con los responsables de los abertzales y todos han defendido delante de los ciudadanos, sin embargo, la vía policial como única salida del conflicto.

 La manifestación contra la derogación de la Doctrina Parot, organizada ayer en Madrid por algunas asociaciones de víctimas y a la que otra parte de las mismas decidieron de motu proprio no acudir, no rompe esquemas en la trayectoria política que se seguirá a partir de ahora en materia de terrorismo, ni debe señalar con el dedo acusador, únicamente al PSOE de la sentencia dictada en el tribunal europeo, hace escasamente unos días, ni hacer una defensa a ultranza del PP, como adalid en la defensa de los que tuvieron la mala suerte de perder algún ser querido en alguno de los múltiples atentados.

Puede que Zapatero parezca culpable de la designación de nuestro representante en Estrasburgo, pero la sentencia se ha producido cuando hace más de dos años que el ex Presidente abandonó el poder y en este momento es Rajoy, al frente de los populares, quién está gobernando aquí y quien podía haberse encargado de argumentar mejor la defensa de los intereses de las víctimas, allá donde hubiera sido necesario.

Me viene a la cabeza, como un flash repentino, la posibilidad de que ETA pudiera entregar las armas en las próximas semanas, como gesto de voluntad para la resolución total del conflicto.

Si esto sucediera, ojalá, la opinión de las asociaciones que se manifestaron ayer, habría de cambiar necesariamente de rumbo y empezar a plantearse que tal vez, la derogación de la Doctrina Parot hubiera podido ser una concesión del Estado, a cambio de la rendición de la banda.

¿Qué diría entonces la Presidenta de la asociación más representativa de cuántas estuvieron ayer en la marcha?

¿Paliaría su dolor y el de todos los afectados que fuera el Partido que defienden quien hubiera cedido en este farragoso asunto, o atacarían a los conservadores con el mismo ímpetu que lo hacen contra los socialistas que en este momento, nada tienen que ver en las decisiones de gobierno, aunque fue con ellos con quienes ETA decidió dejar de matar, hace poco más de dos años?

¿Soportaría la integridad emocional de estas familias el engaño encubierto de sus más férreos defensores, que mientras  se manifestaban con ellos en la calle, negociaban para conseguir el triunfo de una rendición esperada durante tanto tiempo?

Porque gobierne quien gobierne, el poder siempre procurará estar a favor de aquellas acciones que reporten mayor beneficio a su propia gestión, independientemente de si con ellas puede herir en mayor o menor grado la sensibilidad de cualquier colectivo y el dolor de unos cuantos, nunca podrá ser suficiente para abortar según qué planes, si con ellos se puede conseguir una afluencia de votos para su formación y una permanencia en las instituciones que garantice una estabilidad para seguir gobernando.

Pero como afortunadamente, todo acaba sabiéndose con el paso del tiempo, habrá que esperar para poder comprender en toda su plenitud porqué se derogó la Doctrina Parot  y qué se escondía tras la precipitada puesta en libertad  de determinados terroristas, en un acatamiento a rajatabla de la polémica sentencia.

Puede que muchos de los que acudieron ayer a la manifestación terminen por arrepentirse da haber participado en ella y no les quede otro remedio que asumir que, desgraciadamente, las víctimas continúan y continuarán siendo convenientemente manejadas, para ser abandonadas después a su suerte, si así conviene a los intereses políticos y a la consecución de sus metas, sin que el calvario de su dolor importe lo más mínimo, fuera de las paredes de su familia.

Digan lo que digan

Digan lo que digan las fuentes gubernamentales, esgrimiendo paupérrimos porcentajes ante las cámaras de televisión o aludiendo a esa mayoría silenciosa, que se ha convertido en excusa para continuar un mandato agotado por la ineficacia de todas y cada una de las medidas tomadas, la marea verde que inundó el viernes las calles de España, contra la nueva Ley de Educación, ha superado con creces, todas las expectativas que pudieran tenerse y ha demostrado que por una causa común, gente de ideologías diametralmente opuestas pueden unirse y convertir en clamor popular, el motivo de su protesta.

Digan lo que digan, esta Ley, ha conmovido profundamente el sentir de los españoles y la prueba del éxito rotundo de la Convocatoria de huelga era evidente si uno tenía la curiosidad de acercarse hasta los Centros educativos de su entorno y observar el escasísimo movimiento que en ellos había, roto sólo, por unos pocos alumnos de edades tempranas a quienes los padres no habían podido dejar al cuidado de nadie y que, naturalmente, fueron atendidos por el personal que cubría los servicios mínimos.

Incluso muchos docentes de Centros Concertados, desoyendo la presión de los directivos de sus lugares de trabajo, pertenecientes casi en su totalidad al ámbito de la Iglesia, se sumaron a las manifestaciones que recorrieron todo el país, siendo como son también ellos, pertenecientes al núcleo de población afectada por el clasismo de la ley  y yendo, como los demás, en justísima demanda de sus derechos.

Cualquiera que haya acudido el Viernes a las manifestaciones, habrá podido comprobar in situ, la presencia de todos los colectivos que forman la comunidad educativa de este país, encontrando a su lado a padres, docentes y alumnos de todas las edades, codo con codo y bajo las mismas consignas, que en este caso no eran, como se quiere hacer ver, políticas, sino sociales y mucho más relacionadas con la necesidad de perpetuar un sistema público de educación, que con atacar directamente a las siglas de un partido, aunque en este caso, la iniciativa de la aprobación de esta ley haya partido, exclusivamente, del PP, convirtiéndole en el centro absoluto de todas las protestas.

Digan lo que digan, algo ha debido suceder el viernes, cuando el inaccesible Wert  abre ahora la puerta a ciertas negociaciones con los afectados en todos los sectores educativos, aunque pretendiendo que el espíritu de su Ley se mantenga, contra viento y marea, sin aclarar qué temas son irrenunciables, ni cuáles podrán ser tratados, si la otra parte accede a reunirse con él, aparcando momentáneamente su  lucha.

Y como no es propio que un ministro de este gobierno acceda a renegociar alguna de las medidas adoptadas a golpe de decreto, no queda más remedio que pensar que digan lo que digan, el número de manifestantes que tomaron las calles de España el pasado viernes ha de ser, por lo menos, escandalosamente grande, si ha conseguido romper de algún modo, el hieratismo de los populares.

Ahora toca decidir si la Comunidad educativa está dispuesta a confiar en la palabra de Wert, o si guiada por los bajísimos índices de credibilidad que acompañan a este gobierno al completo, mantiene el pulso de las protestas sin querer negociar otra cosa que la derogación de la Ley, que sería lo único que colmaría las aspiraciones de todos los implicados en este asunto.

Porque diga lo que diga el Ministro, ni sus reválidas, ni sus bajadas de Becas, ni las exageradas tasas que se han establecido en las carreras universitarias son admisibles para el grueso de los españoles, por no hablar de tener que asumir que la nota de Religión juegue en igualdad de condiciones con la de Matemáticas o Lengua.

Las espadas están en alto.

Atraco imperfecto

Un asalto totalmente propio de película italiana de los cincuenta, se perpetró ayer por la tarde en casa de Luis Bárcenas, añadiendo a este enrevesado caso nueva leña, quizá con la intención de avivar la languidez de que empezaba a adolecer con el paso del tiempo.

Un hombre disfrazado de sacerdote redujo a la mujer de servicio y consiguió amordazar a la mujer y el hijo del ex tesorero del PP, mientras exigía la entrega de los discos duros y un pendrive, que según él contendrían toda la información necesaria para inculpar a la cúpula de los populares y que siempre se dijo que Bárcenas guardaba celosamente.

Tras pasar más de una hora en el domicilio, una vecina oyó gritos de socorro y llamó a la policía, casi al mismo tiempo que el hijo lograba zafarse de sus ataduras y reducía al agresor, con ayuda de un guarda de seguridad que se personó en el inmueble.

El hombre resultó  ser un discapacitado con antecedentes que hace tiempo había publicado una carta en la red, mostrando su enojo con Mª Dolores de Cospedal, que le había retirado una subvención de trescientos y pico euros que recibía trimestralmente, por su minusvalía.

La comicidad del suceso no resta interés a lo sucedido, sobre todo si se piensa en la facilidad con que el individuo logró acceder a la casa del ex tesorero , probablemente sin ninguna intención de hacer daño a sus ocupantes, pero demostrando que su vulnerabilidad es evidente, a pesar de la gravedad de los hechos que se barajan en este caso, en el que siempre se ha comentado que la integridad de su mujer, era precisamente lo más importante para Bárcenas y para que sus declaraciones se decantaran en uno u otro sentido.

Puede que el asalto no sea más que una anécdota en esta enrevesada historia, pero coincidiendo con la opinión del abogado de Bárcenas, merece al menos una investigación exhaustiva, por si acaso se tratara de un aviso, en clave de humor, para que el ex tesorero supiera que si alguien quiere, la integridad de sus familiares podría estar en riesgo.

Y puede que con esta pantomima se esté tratando de comprar el silencio del ex tesorero, poniendo un precio sentimental a la información que posee, en vista de que parece estar dispuesto a llegar hasta el final, en el asunto de la financiación ilegal del PP y de los sobresueldos.

Habrá que ver la importancia que el Juez Ruz da al suceso y si por las connotaciones que presenta, decide interrogar al asaltante, por si pudiera haber otras implicaciones ocultas que hayan forzado sus actos, con o sin remuneración de por medio.

No ha trascendido si la familia cedió en las peticiones del individuo y le entregó algún tipo de información, aunque no parece probable que de existir, se guardara precisamente en el domicilio familiar, sin vigilancia alguna, como ha quedado demostrado por la evidencia.

Todo lo que viene rodeando al caso Bárcenas, no obstante, presenta ciertos tintes esperpénticos y no ayuda, precisamente, al esclarecimiento de la verdad, que es lo que todos los españoles esperan.

Entretanto, de un lado y de otro se lucha denodadamente por evadir la acción de la justicia, los unos, tratando de demostrar una limpieza de acciones ciertamente dudosas y el otro, sin conformarse con ser la cabeza de turco de una trama de corrupción que, de probarse, haría caer estrepitosamente a todo un gobierno.

Razones para apoyar esta huelga

No me cabe la menor duda de que todos los españoles deben, en conciencia, apoyar la huelga convocada para hoy por la Comunidad Educativa, para mostrar la oposición absoluta que despierta en la calle la recién aprobada Ley Wert, con la que el PP va a convertir la Enseñanza a todos los niveles, en un privilegio de unos cuantos, enterrando el derecho de todos, independientemente de sus recursos económicos, a encontrar el camino del conocimiento.

Sea uno padre, profesor o alumno o forme parte de la Sociedad en general, a todos afecta este cambio radical que el gobierno Rajoy pretende en materia educativa, si se tiene en cuenta que un país en el que la enseñanza queda reservada para las clases económicamente fuertes,  ha de estar abocado, necesariamente, al fracaso.

Negando la oportunidad de adquirir una preparación de calidad que nada tenga que ver con los recursos familiares y mucho con el aprovechamiento del talento, no cabe para España un futuro distinto que el de un pueblo ideológicamente dominado por aquellos que se pudieron permitir una formación y que desde su posición de poder podrá  manipular mucho mejor la ignorancia de los más débiles, que habrán de conformarse con los puestos más bajos de la escala laboral, sin poder competir con los más preparados que, indefectiblemente, siempre procederán de familias acomodadas en la riqueza.

No hay lugar a la conformidad cuando lo que se pretende discrimina el derecho de igualdad de todos nosotros y menos aún, cuando desoyendo el clamor popular que se expresa absolutamente en contra de esta nueva reforma educativa, se implanta la Ley abusando claramente del principio de autoridad que reporta poseer una mayoría absoluta en nuestro debilitado Parlamento.

Hay que llegar hasta el final en esta lucha que se inició apenas se conocieron las intenciones del Ministro más impopular de todos los tiempos, porque en ella nos va, nada menos que poder ofrecer a nuestros hijos la ocasión de decidir con total libertad cuál será su camino, pudiendo acceder a las Universidades exactamente con las mismas concesiones que El Estado hizo antes a la Enseñanza Pública, sin que la economía familiar, ahora sumida en una profunda crisis, se encuentre directamente relacionada con la consecución de sus metas, ni ningún Partido Político pueda incidir desde las aulas, en su libertad de pensamiento.

Procediendo como procedemos, en general, de las clases trabajadoras, el clasismo de la ley WERT no puede sino afectarnos de manera personal, a todos y cada uno de nosotros, ya que habiendo superado en años anteriores las diferencias que nos separaban por una discriminación meramente crematística en las aulas universitarias, hemos de negarnos rotundamente a volver a la oscuridad que reinó en la vida de nuestros padres, simplemente por no contar con el dinero que les garantizara una mejora sustancial de futuro.

Hay que dejarse la piel en la calle para que esta ley no se asiente entre nosotros, a pesar de nuestra rotunda oposición, como si fuéramos súbditos de una tiranía.

Y nuestra voz ha de alzarse hasta llegar a los más altos estamentos de la nación, obligando a nuestros dirigentes a recapacitar sobre si resulta conveniente o no, despreciar la opinión de todo un pueblo y seguir manteniendo un tipo de política que detona directamente los cimientos que sustentaban el bienestar de la mayoría, procurando únicamente que los efectos de la crisis no rocen siquiera, a los que menos han sufrido en sus carnes el paso devastador de un huracán que les arranca todos sus derechos.

No hace falta ser un lince para entender que siempre será mejor invertir en potenciar el talento, venga de dónde venga, que depositar los fondos estatales en Organismos como la banca que, con métodos usureros, ha sido y es la mayor causante de la situación actual, aunque Rajoy y sus Ministros se nieguen una y otra vez a sí mismos, poder reconocerlo.

Una intolerancia creciente

Haber opinado en Twiter sobre la derogación de la doctrina Parot, por parte del tribunal de Estrasburgo, ha costado al diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, tener que enfrentarse a la amenaza de muerte que le ha enviado a través de la misma red, Jaime de Mora, integrante de las Nuevas Generaciones del PP y que dice textualmente que  “nos saldría igual de caro matarte a ti o a alguno de tu calaña”.

No es la primera vez que los cachorros del Partido conservador hacen ostentación de una corriente bastante extendida de intolerancia, demostrando que en el subsuelo de su ideología subyace un fondo del pensamiento de las antiguas estructuras franquistas, teniendo que ser inmediatamente corregidos por los líderes de su propio partido, que no pierden tiempo en desmarcarse de las afirmaciones de los más jóvenes de su formación, temiendo una bajada en la intención de voto, si de algún modo se les identificara con estas trasnochadas tendencias.

Pero el caso que nos ocupa, además de constituir un grave atentado personal contra el diputado de IU, supone una intransigencia peligrosa contra la libertad de expresión de los individuos, que según nuestros principios constitucionales, tienen la potestad de manifestarse en el sentido que les dicte su conciencia, esté su opinión o no, de acuerdo con la de las mayoría.

Por tanto, es lícito que Alberto Garzón coincida con el espíritu de la sentencia de Estrasburgo y que pueda emplear para decirlo el medio que considere más oportuno, sin que esto haya de provocar necesariamente una reacción de violencia, por parte de los disienten de su opinión hasta el punto de llegar a cruzar la línea de la legalidad, profiriendo durísimas amenazas contra él y los suyos.

Y aunque la Nuevas Generaciones del PP se han apresurado a borrar de sus filas al autor de tan deleznable hecho, por lo que estamos viendo últimamente, su postura de intolerancia con los demás y particularmente con los militantes de la Izquierda, parece ser compartida por una amplia mayoría de sus compañeros de formación y muchos textos aparecidos también en esta red social, así lo demuestran.

Convendría pues al PP tomar cartas en el asunto, si no quiere que más pronto que tarde se acabe identificando a sus militantes como seguidores de una corriente fascista, dando al traste con el empeño que han demostrado sus líderes en los últimos años por convencer al pueblo de que su Partido es una opción de Centro y no de la derecha recalcitrante que propugna la desaparición del derecho a la libre expresión y otros muchos logros, sólo posibles, cuando se vive en un Estado democrático.

Si además de los muchos fracasos obtenidos con su política, al PP se le escapan por la ventana ciertas señas de identidad que han defendido desde que su formación se desligó de la Extrema Derecha, la opinión de los españoles, en general, podría cambiar de manera irreversible, provocando una huida generalizada de todos los votantes que se consideran fundamentalmente demócratas  y que otorgaron su confianza al Partido conservador, al considerar que su juego nada tenía que ver con lo que se practicaba en los años oscuros de la Dictadura.

Y no basta con reprender discretamente a los cachorros de las Nuevas generaciones, si no se atajan de raíz, manifestaciones que además se apoyan en símbolos desenterrados del viejo franquismo.

Si a esto sumamos la firme oposición, por ejemplo, a que continúen abriéndose las fosas de la Guerra Civil y la desconsideración que demuestran los líderes del PP con las opiniones de los simpatizantes de la izquierda, abusando de la amplia mayoría obtenida en el Parlamento, no queda otro remedio que pensar que en el fondo, el desacuerdo con los intolerantes no era tal y que hasta puede que se alegren de que sus jóvenes se atrevan a decir, lo que ellos callan por miedo a una debacle electoral  que traería consigo una pérdida de poder irremediable. 

Una polémica sentencia

A sólo tres días de la Huelga convocada por la Comunidad Educativa, en contra de la Ley Wert, Estrasburgo deroga la Doctrina Parot, que aplicaba las reducciones de condena obtenidas a cada una de las penas impuestas, por separado, en lugar de hacerlo a la condena total, lo que a veces, con anterioridad, había supuesto la puesta en libertad de presos de ETA, condenados por varios delitos de sangre, con resultado de muerte.

La resolución contradice contundentemente la opinión que siempre manifestó el PP, en materia de terrorismo y da la razón a los recursos presentados por los abogados de ciertos etarras, que ahora saldrán de prisión sin haber cumplido siquiera, una parte importante de su condena.

Sin embargo el Ministro de justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha reconocido que al gobierno al que pertenece, no le quedará otro remedio que acatar la sentencia, abandonando a su suerte a las asociaciones de víctimas del terrorismo, a las que siempre prometieron que los autores de los atentados cumplirían sus penas en su totalidad y que quizá esperaban del Partido conservador, mayor contundencia en defender la existencia de la Doctrina Parot, de la que han demostrado, si como ha sucedido finalmente, se ha decidido derogarla.

Quizá Gallardón se encontraba demasiado ocupado intentando reformar la Ley del Aborto y subiendo las tasas judiciales que han alejado la justicia de muchos españoles, como para dedicar el tiempo necesario para presentar una buena defensa en el tribunal europeo, como queda patente ahora que tenemos en la mano esta decisión inapelable, que no solo afectará a delincuentes relacionados con el terrorismo, sino también a otros que protagonizaron casos tristemente famosos, como el de las niñas de Alcacer.

Pero es que cuando un código penal no acepta en la vida real, que se cumplan penas superiores a treinta años, a pesar de que los autores de los delitos puedan ser condenados a milenios de privación de libertad, uno se arriesga a que los beneficios penitenciarios obtenidos por buena conducta, estudios, etc, terminen por suponer una reducción sustanciosa que potencia la libertad de los individuos, a veces, tras un corto periodo de estancia en prisión, que no se corresponde en nada, con la dureza de su crimen.

Convendría recordar que tras casos como los de Marta del Castillo o la niña Mari luz, asesinada en Huelva, un gran número de ciudadanos firmaron una petición para que se pudiera aplicar la cadena perpetua en determinados delitos, aunque la propuesta nunca prosperó, al no contar con el apoyo explícito de ninguno de los grupos parlamentarios.

Y sin embargo, habría que entender la decepción que supondrá la derogación de la ley Parot para los familiares de todas aquellas víctimas que a partir de ahora, podrán cruzarse por la calle con los asesinos de los suyos, sobre todo en el País vasco, donde el problema de ETA está aún cogido con alfileres y las heridas son, desgraciadamente, demasiado recientes.

Habrá no obstante que esperar para ver si realmente la sentencia se aplica y sobre todo estar atentos a las declaraciones que pueda hacer el PP, como el mayor defensor de la dureza en los asuntos de terrorismo, sobre esta decisión que le coloca en una posición de dificultad para seguir manteniendo su postura, incluso en la cuestión de dialogar con los miembros de ETA que todavía no han entregado las armas y que pueden encontrar en este argumento, un arma poderosa para defender en Europa sus reivindicaciones nunca satisfechas.

Una incomprensible alegría

A fuerza de tanto repetirlo, Cristobal Montoro acabará por creerse la mentira de que España va bien, lema que le funcionó espléndidamente al ex Presidente José María Aznar, cuando la burbuja del ladrillo llenaba las arcas del estado y los españoles soñaban con ser ricos, gracias al generoso ofrecimiento de crédito que les proporcionaba la Banca.

El iluso Ministro de Hacienda debe pensar que la conciencia de los españoles sigue adormecida, como en los tiempos del ficticio estado del bienestar y que sus palabras serán creídas ahora, a pies juntillas, como si de nada hubiera servido el duro despertar que ha tenido la Sociedad, al descubrir con pavor, los efectos nefastos que le ha regalado la crisis y la falta de criterio que han demostrado sus gobernantes, desde que empezaron a incumplir todas sus promesas electorales y se despreocuparon de la descomunal subida del desempleo, como si el problema les fuera ajeno.

Pero la cruda realidad que nos vemos obligados a soportar, desdice por sí sola toda la palabrería vana de Montoro y las interminables filas que se guardan ante las puertas de las oficinas del INEM, demuestran fehacientemente que muy al contrario de mejorar, la situación del pueblo español, cae en picado y sin esperanza, haciendo que la gestión del gobierno sea considerada, sin lugar a dudas, como la peor que hemos sufrido, jóvenes y viejos, desde que nos alcanza el recuerdo.

De nada vale el apoyo tácito que le ha demostrado la debilitada Monarquía en la Cumbre Iberoamericana, por voz del Príncipe Felipe, que por cierto incumple con sus palabras, la neutralidad partidista que debe seguir la Institución, claramente definida en la Carta Magna de los españoles.

Tampoco las declaraciones de De Guindos, en las que manifiesta que el dinero está entrando en España a raudales, consiguen convencer a los cientos de miles de familias que esperan con ansia el principio de cada mes, para cobrar el subsidio de cuatrocientos euros y que tienen a todos sus miembros parados, sin que esos caudales a que se refiere el Ministro de Economía, hayan hecho posible su reinserción al mundo laboral, ni una mínima mejora en la dificilísima situación que atraviesan, solo salvada en muchos casos, por la intervención de nuestros generosos pensionistas.

Por mucho que miramos el suelo patrio, la inexistencia de los brotes verdes que anuncia el Gobierno Rajoy, es una evidencia innegable que rompe estrepitosamente los esquemas de un Partido Popular, que haría bien en preocuparse de aclarar su presunta implicación en multitud de casos de corrupción, en vez de emplear su tiempo en tratar de engañar descaradamente al pueblo, con estúpidos delirios de grandeza.

Pero a dos años de las elecciones generales, reconocer el fracaso de las políticas aplicadas por el PP, durante su estancia en el poder, podría dar al traste con el afán de repetir mandato que en estos momentos es visiblemente, la única meta que preocupa a los conservadores, aunque el país se encuentre sumido en la mayor depresión económica de su historia y la esperanza de resurgir sea nula, como todos, desgraciadamente, sabemos.

Sólo la Banca tiene algo que agradecer a Rajoy y a todos los españoles que estamos pagando sus desmanes con el sudor de nuestras frentes, pero ese agradecimiento, ya lo estamos comprobando, no se plasma ni en facilitar el crédito a las pequeñas ni medianas empresas, ni en comprender los problemas hipotecarios de las familias, a la vista de los desahucios practicados y los que quedan por venir, si alguna Ley o los esfuerzos de la PDA, no lo remedian.

La incomprensible alegría de Montoro queda pues, irremediablemente enterrada por un clamor popular que denuncia su oposición a este gobierno y cualquier colectivo que sea preguntado sobre la actuación y credibilidad de los populares, dirá que su verdad, contradice sin posible discusión, la estrategia de presunción adoptada por el Ministro y sus correligionarios más fieles.

España va mal. La vida de los españoles lo demuestra.

La otra clase de humo

Según los últimos estudios científicos, la contaminación ambiental produce un aumento significativo de los casos de cáncer de pulmón y otro tipo de enfermedades graves que inciden en la salud de los ciudadanos, obligados a respirar el humo que ensucia las ciudades y que está directamente relacionado con la clase de combustible que necesitan los medios de transporte.

Pero a diferencia de lo que ocurrió con el tabaco, ninguno de nuestros políticos se plantea siquiera elaborar una Ley anti crudos ni la potenciación de otro tipo de energías menos contaminantes para los vehículos de motor, seguramente por la enorme cantidad de dinero que mueven las petroleras en el mundo y sin que en este caso importe la salud de los ciudadanos, ni lo que cuesten los tratamientos necesarios para intentar su curación, a pesar de que su cuantía ha de ser, necesariamente igual, que la de los casos producidos por el tabaco.

Ningún médico cuando vas a consulta se atreve a aconsejarte que te deshagas del coche o te anima a que pongas una denuncia contra las petroleras, en el caso de haber caído enfermo, ni aconsejan a los gobiernos, al menos,  la obligación de establecer varios días en el año, en los que quede prohibido utilizar el transporte que tanto contamina, para limpiar el cielo de nuestras ciudades y pueblos.

A nadie interesa levantar polémica sobre el nefasto efecto de los combustibles y la invención de automóviles movidos por ejemplo, por agua, pasa desapercibida para una Administración, que suele poner demasiadas trabas económicas que dificultan terriblemente su éxito.

Ningún Parlamento discute sobre el tema y la obsesión unánime de todos los gobiernos no es otra que la de poseer la mayor cantidad de combustible que pueda y potenciar con rebajas fiscales la compra de coches, que naturalmente, contaminarán mucho más, en el momento en que el número de los que circulen, aumente.

Tampoco se puede en este caso, establecer diferencias entre la gente, pues todos, querámoslo o no, nos vemos obligados a respirar el humo letal que invade los cielos del mundo, exponiéndonos a los efectos que en nosotros produce su ingesta y rogando encarecidamente tener la suerte de no formar parte de la estadística, de  aquellos a quienes la contaminación condena a morir sin remedio.

Y ni siquiera los que tanto se afanaron en que se aprobara la Ley Antitabaco y que recriminaban a los fumadores afeándoles su adicción en lugares públicos, sin ninguna tolerancia hacia ellos, se atreven ahora a  iniciar una campaña similar contra la contaminación ambiental, exigiendo a sus respectivos gobiernos, igual contundencia en combatir este fenómeno del tiempo en que vivimos.

Quizá los fumadores debieran denunciar el agravio comparativo a que son sometidos con respecto a los conductores y liderar, ahora, un movimiento que persiga con la misma contumacia a los que ensucian el aire común, aunque su cruzada vaya, en este caso, contra toda la humanidad y tenga pocas probabilidades de triunfo, al tratarse como ya dice la expresión, de oro líquido.  

Flashes de dolor

La Plataforma Anti Desahucios, que ha hecho más por los ciudadanos de este país que su propio gobierno, consigue parar el desalojo de una familia en Andalucía, donde hace unos meses se aprobó una ley de expropiación de las viviendas de propiedad bancaria, que empieza a dar sus frutos, aunque haya sido recurrida por Rajoy, como siempre, en contra de los más débiles.

Pero por mucho que pese a los populares, estos casos de familias que son arrojadas por la fuerza de su vivienda, por no poder satisfacer los pagos de la hipoteca o el alquiler, al haber caído de lleno en las garras del desempleo, conforman la auténtica realidad cotidiana que se vive en España, sin que los brotes verdes de que presume Rajoy hayan afectado para nada su trágica situación personal, ni la Reforma Laboral haya propiciado en ningún caso, la reincorporación al mercado de trabajo que tanto necesitan.

Y estos flashes de dolor, de gente que se aferra a los quicios de las puertas, negándose a ser desalojada del hogar que con tanto sacrificio construyeron, son los que tenemos grabados a fuego en la retina los ciudadanos, preguntándonos si es justo que personas de bien paguen el precio de esta crisis que propició la avaricia de los mismos Bancos que ahora les obligan a vivir en la calle, sin demostrar piedad por los malos momentos que atravesamos y sin darles respiro para intentar solucionar sus problemas, concediéndoles al menos, un poco de tiempo.

Sin embargo, de manera continua, los integrantes de la PAD, son vilipendiados e insultados sin pudor por las voces más relevantes del PP, sin concederles la justicia de que gracias a su intervención, muchas familias han encontrado la paz, sin tener que moverse de sus casas y llegando, incluso, a compararles con los miembros de una banda terrorista, probablemente porque el clamor de sus voces, molestan los oídos de los encargados de gestionar en este momento el país, chocando frontalmente con sus afanes triunfalistas, propagando la verdad de lo que viene ocurriendo aquí y que nada tiene que ver con haber superado la recesión, ni con haber hecho bien las cosas, como desde Moncloa se pretende.

La opinión de los populares, no obstante, no cuenta, cuando la realidad de las cifras de los desahucios paralizados por la Plataforma, hablan por sí mismas de sus éxitos y los testimonios de las familias a las que han ayudado a conservar su hogar, no puede ser otro que el de referirse a sus actuaciones, con agradecimiento.

Tampoco los andaluces pueden comprender que ante la gravedad de la situación, el Gobierno central se oponga frontalmente a una medida que pone por delante los intereses de la Banca que el de los ciudadanos, con una ley que permite seguir haciéndose con toda una legión de pisos impagados, que en muchos casos se pudren vacíos, mientras los desahuciados se ven obligados a un realojo familiar, sino quieren vagar por las calles con sus hijos, sin un techo bajo el que cobijarse.

Teniendo en cuenta que precisamente en la Banca está la clave de nuestra situación actual y que todos los ciudadanos estamos en estos momentos sufragando un cuantioso rescate que ha devuelto la tranquilidad a los banqueros, al menos debiera exigírseles como contrapartida,  que fulminantemente se paralizaran los desahucios sine die y que estar en paro, fuera contemplado como justificante para dejar de pagar la deuda hipotecaria o de alquiler contraída, que se podría retomar, en cuanto la familia encontrara un trabajo que le permitiera cubrir sus necesidades primarias.

Pero esto no sucederá, como demostración flagrante de quién realmente nos gobierna.

Gastar, sin preguntar la procedencia

No se da por vencido el juez Castro, en su intención de aclarar la verdad de lo sucedido en el caso de Urdangarín y continúa intentando desempeñar la labor para la que fue contratado, sin dejarse influir por la rimbombancia de los nombres relacionados con esta historia, a pesar de ser todos de un  entorno familiarmente próximo a la realeza.

Ahora descubren los investigadores que la infanta Cristina empleaba el dinero proveniente de Noos, en viajes de lujo y ropa de marca para su numerosa prole y que  incluso se permitió disfrutar de un safari familiar, a pesar de que sus socios le advertían claramente que no podrían justificar dichos gastos, al mismo tiempo que rogaban a todos los santos, que no les llegar una inspección.

Y a pesar de estos hechos probados, el Fiscal General del estado, que se está cubriendo de gloria en su ardiente cruzada por proteger a todo presunto delincuente, directamente relacionado con el Partido en el poder, o como en este caso, con la casa real, no ve indicios para admitir la imputación de la hija del Rey, argumentando que gastar dinero no quiere decir que estuviera informada de los sucios asuntos a que se dedicaba su marido, en la gestión de  empresas, en las que ella también figuraba, desde un principio, como dueña.

Debe ser que cuando uno se mueve en ambientes tan refinados como éstos, acostumbra a derrochar grandes cantidades de capital, considerando de mal gusto preguntar sobre su procedencia y la rutina natural de este tipo de gente no implica, como en cualquier otra familia, la obligación de estar al tanto de las actividades del cónyuge, impidiendo la posibilidad de que su camino derive hacia la ilegalidad, salpicando la buena reputación que, en principio, a todos se nos supone como cierta.

Pero viviendo en el año que vivimos, lo que no resulta normal es permitir que se utilice nuestro nombre en la constitución de una empresa, sin tener la menor intención de volver a preocuparnos por la marcha posterior de la misma, ni siquiera para saber si hemos tenido éxito y reporta algún beneficio, o va tan mal, que quizá conviniera cerrarla y dedicarnos a otra cosa de mejor provecho.

Y sin embargo, una Infanta de España, con cierta formación y casada con alguien que no parece Otelo, el moro de Venecia, se lanza a ciegas a las aventuras empresariales que le propone su marido y pasa una serie de años sin volver a ocuparse por seguir de cerca la evolución de sus negocios y aunque está claro que dispone de ingentes cantidades de dinero para invertir en sus más exquisitos caprichos, nunca pregunta de dónde vienen los ingresos, ni se permite indagar sobre la licitud de manejarlos a su libre albedrío.

Díganme si la historia no resulta, al menos, sospechosa y si poniéndose en la piel de esta “despistada” señora, alguno de ustedes hubiera actuado de la misma manera.

Y díganme si envueltos en un caso similar, algún fiscal dudaría de su implicación en el mismo, llegando a retirar la imputación propuesta por el juez, librándole abiertamente del acoso de la justicia.

Siguiendo con el juego, pregúntense si Hacienda no se percataría tampoco del movimiento de sus cuentas y si no exigiría con una inmediatez absoluta, una explicación que satisficiera sus dudas, multándoles si hubiera lugar, al aclararse el entuerto.

Claro que ustedes, no se llaman Borbón y precisamente por ello, su ignorancia podría ser considerada constitutiva de delito.

Reductos de un pasado imperdonable

La beatificación por parte de la Iglesia católica de 522 “mártires” de la guerra civil, lejos de contribuir a la cicatrización total de las heridas, contribuye ostensiblemente a perdurar la confrontación entre ambos bandos, sobre todo si se tiene en cuenta el trato que están recibiendo por parte del gobierno Rajoy, las familias de los fusilados republicanos, que aún se hallan enterrados en fosas comunes, esparcidas por toda la geografía del país.

El intento de santificación de los muertos procedentes de las filas de quienes protagonizaron en 1936, un golpe de estado militar contra el poder legítimamente constituido, viene a ratificar la certeza de que la Iglesia siempre estuvo de parte de los rebeldes y que aún hoy, a través de estas acciones, da validez a los más de cuarenta años de dictadura de Franco, sin demostrar ninguna piedad por los caídos en la otra parte, ni por los que aún siguen esperando encontrar los cadáveres de los que les fueron arrebatados a la fuerza, para ser asesinados en improvisados paredones, con nocturnidad y alevosía.

  Flaco favor hace el Vaticano a la concordia entre los españoles, cuando no solo no condena los tres años de guerra, como puro acto de violencia, sino que legitima la represión que sufrieron los que se atrevieron entonces a pensar de modo diferente a como imponían los ganadores de la contienda, pagando con su vida el atrevimiento de discrepar y dejando a sus familiares un estigma que pesaría sobre ellos, durante toda la vida del dictador.

El silencio ensordecedor que la Iglesia protagoniza sobre los tristes acontecimientos de nuestra reciente historia, no puede sino levantar en los que proceden del bando perdedor, una ira infinita por la injusticia que se comete con los suyos, incluso después de haber transcurrido tanto tiempo.

Dadas la buenas relaciones que el gobierno de Rajoy parece tener con el Vaticano, no cabe duda de que podría haber desaconsejado esta beatificación masiva, justamente en el mismo momento en que se ha decidido retirar todo tipo de ayuda a las asociaciones por la Memoria histórica, paralizando tajantemente la apertura de fosas, llegando incluso a defenestrar al Juez Garzón, que siempre apoyó incondicionalmente el derecho de las familias a recuperar los restos de los suyos, para poder cerrar, al fin, heridas abiertas durante demasiados años y poder pasar página, con la tranquilidad de saber que los suyos descansan en paz y que, en cierto modo, por fin se les hace justicia.

Muchos católicos no esperaban del Papa Francisco este acto de crueldad, que desdice todas las referencias que hace continuamente sobre la caridad y despierta los rumores de su tácito apoyo a la dictadura argentina que circularon al principio de su elección como vicario de Cristo.

 Con esta acción, la credibilidad que en los círculos cristianos españoles se había dado al Papa, se resiente considerablemente y hace dudar de la sinceridad de sus palabras en otros aspectos y sobre todo en la intención que parecía tener de renovar ciertos aspectos de la Iglesia, que a día de hoy, resultan intolerables.

No todos los católicos de este país proceden de familias adeptas al régimen de Franco y por tanto, al haber sufrido en carne propia el oscurantismo y la crueldad de los cuarenta años de dictadura, siguen esperando de parte de la Iglesia a la que pertenecen, una petición de perdón que contribuya a limpiar la imagen de apoyo a un sistema que asesinó  las libertades de los ciudadanos, con una durísima represión que duró hasta la misma muerte del general, en el año 1975.

Estos reductos de un imperdonable pasado que escribió las peores páginas de toda nuestra historia, vuelven a traer a nuestro recuerdo la amargura de la desolación y la muerte y también un deseo nunca colmado de que por fin, se haga justicia con aquellos que nunca recibieron una compensación humanitaria por su terrible sufrimiento.

Si la intención de la Iglesia es precisamente la de defender la paz y la de procurar el buen avenimiento entre los hombres, su obligación sería la de condenar, sin paliatiativos, cualquier acción que genere violencia y no la de hacer perdurar la división entre los españoles, beatificando a los que combatieron en un bando, mientras los que lo hicieron en el otro, permanecen en el más absoluto de los olvidos.

 

El malestar en la cultura

Desde que el gobierno Rajoy empezó a incumplir sus promesas electorales y se destapó con toda claridad, cuáles eran sus intenciones políticas para la gestión de la crisis, se han venido sucediendo una serie de hechos que no han hecho otra cosa que confirmar que a las derechas, exactamente igual que hace sesenta años, le resulta muy práctico que los pueblos acaben cayendo en las garras de la ignorancia.

Y no es que la izquierda pretenda intencionadamente atraer a sus filas a los intelectuales, como a veces se quiere hacer ver desde los debates televisivos, por parte de los adeptos al conservadurismo que nos domina, sino que todos los pasos que se están dando, en los campos de la Educación y la Cultura, van directamente encaminados a conseguir que los que provienen de las clases humildes, no puedan tener acceso en modo alguno, ni a los conocimientos, ni a los beneficios que reporta el contacto con cualquier medio que proporcione un enriquecimiento personal y colectivo, sobre todo si puede provocar oposición a lo que resulta políticamente correcto, desde las perspectiva de nuestros actuales gobernantes.

Una buena parte de la historia de la humanidad ha sido un ejemplo fehaciente de que la educación y la cultura eran una posesión únicamente reservada a los poderosos de la tierra y hasta que las consecuencias de la revolución industrial hicieron mella en las conciencias de los trabajadores, empujándolos a comenzar una lucha larga y cruenta por la consecución de sus derechos, la élite del capital y sus descendientes era la única que generación tras generación, copaba las aulas de las universidades y llenaba las salas de un teatro concebido, en exclusividad, para su disfrute.

Por lo que estamos viendo, la vuelta a esa situación está cerca y otra vez, vuelve a depender, como antaño, de las posibilidades económicas que en el caso de los asalariados, se están viendo mermadas hasta casi no poder cubrir sus necesidades primarias, dejando por tanto, poco hueco para el divertimento y en muchas ocasiones, incluso, para poder dedicarlos a sufragar los estudios de los hijos que, a falta de becas, se ven obligados a tener que abandonar las universidades, sin poder labrarse un futuro mejor.

Igual ocurre con las ayudas al teatro o al cine, que además se han visto poderosamente afectados por la subida del IVA, que ha restado considerablemente el número de espectadores que pueden permitirse pagar el precio de las entradas y no precisamente porque no sean de su interés los espectáculos que se ofrecen, sino porque les acucian necesidades mayores, directamente relacionadas con la bajada de sueldos, en el caso de los que han conseguido conservar el empleo, o con el paro en que quedaron, tras el cierre de multitud de negocios y empresas.

El mundo de la farándula, además, no es precisamente santo de la devoción del PP, que aún recuerda sin haber podido perdonarlo, la oposición en bloque que protagonizaron los actores cuando la guerra de Irak y las críticas recibidas en las sucesivas entregas de los premios Goya, en las que año tras año, reciben nuevas reprimendas a su gestión, por parte de todos los galardonados, en vivo y en directo.

Claramente, los populares deben pensar que la ignorancia puede convertirse en el mejor aliado para sus planes de poder y que si para conseguir llevarlos a cabo es necesario que las clases populares sean despojadas de su derecho a la Educación o a la cultura, cualquier medio paran conseguirlo, acabará por reportar beneficios a su modo de gobernar, al ahorrarle tener que soportar las protestas.

Si a esto sumamos una ideologización evidente de la educación, el crecimiento de sus adeptos estará garantizado y la lucha por el poder será mucho menos encarnizada y violenta.

Ahora está en nosotros, elegir si seguimos las directrices que se nos marcan, como rebaños, o procuramos por todos los medios, echar abajo las pretensiones de Rajoy, denunciando lo que pensamos sobre su proyecto y peleando denodadamente por conservar nuestros bien ganados derechos, porque ha de quedar claro que sin Educación ni cultura, nuestros hijos serán, necesariamente, carne de explotación y de injusticia.

El espejismo

Oyendo los discursos del PP, en los que se presume continuamente de estar haciendo una magnífica labor de gobierno, los españoles no terminamos de creer que sus líderes estén viviendo en el mismo país que nosotros, pues mientras nuestro nivel de vida desciende vertiginosamente, empujado por la torrencialidad de las medidas que se han adoptado en los dos últimos años y la pérdida de nuestros derechos nos acerca a situaciones que nuestros mayores ya vivieron, en los años de la post guerra, nuestros gobernantes pretenden hacernos creer que nada de esto ha sucedido y que continuamos disfrutando de un estado de bienestar similar al que teníamos, antes de la llegada de la crisis, todo gracias a sus esfuerzos y la obstinación de seguir por los caminos de los recortes, emprendido y defendido por Rajoy y por sus incondicionales más prominentes.

Se nos dice que los sueldos no están bajando, al mismo tiempo que o se congelan los salarios, o se nos coloca en la disyuntiva de decidir entre una rebaja salarial o el despido y sin hacer siquiera referencia a la enorme subida que el IVA experimentó, al principio de esta legislatura y que ha encarecido la vida, escandalosamente.

Se niegan los recortes en sanidad, a la vez que el aumento de las listas de espera, a causa de los despidos masivos de interinos, trae como consecuencia la dilatación en el tiempo de las operaciones que necesitamos para sanar, o como en el caso de Madrid, consiguiendo que a más de 30.000 mujeres se les niegue la mamografía de la que podría resultar un diagnóstico precoz del cáncer de mama y habiéndose además, establecido una subida de los medicamentos y la obligación de un copago de las recetas que nos son necesarias para recuperar la salud.

  Tampoco se reconocen los pasos atrás dados en Educación, que condenan, al reducirse la partida destinada a las becas y por la subida general de las tasas, a miles de universitarios a la necesidad de abandonar la carrera emprendida, al no proceder de familias con los recursos necesarios para costearlas y que tienen a todos los colectivos directamente relacionados con esta área, en contra de la ley Wert y en lucha permanente, a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Ignorando las noticias diarias que aparecen en todos los periódicos del país, sobre el cierre de negocios y empresas y la imagen de persianas cerradas que todos vemos en nuestros lugares de origen, se nos cuenta que la recesión ha terminado y que en dos mil catorce, saldremos de la crisis  airosamente, siempre gracias, a la preclara inteligencia de Rajoy y por supuesto, sin hacer mención en ningún momento, a los seis millones de desempleados, que contradicen sus palabras.

Uno empieza a pensar que los miembros de este gobierno han, necesariamente, de vivir en una burbuja a la que no llega ningún tipo de información y que las esperanzas que pretenden transmitirnos, han de ser fruto precisamente de esa ausencia de noticias, a las que todos tenemos acceso mientras ellos se autoconvencen de la veracidad de su espejismo.

O eso, o han hecho de la mentira más deleznable su doctrina, atribuyendo alegremente al pueblo español un nivel de inteligencia, muy por debajo de la media normal y un  nulo conocimiento de su entorno, que permite a la privilegiada clase política dominar la psicología popular, convirtiendo a los ciudadanos en mansos corderos a los que llevar al matadero, sin que haga falta siquiera, administrar anestesia.

Pero verán, las mayorías raramente se equivocan en sus apreciaciones y son las minorías, en este caso particular, los que defienden que han conseguido terminar con la crisis, las que obviando sus propios errores,  terminan por ser deglutidas por la verdad que reiterativamente niegan y casi siempre, de forma violenta.

Esto podrá comprobarlo Rajoy, en cuanto se nos dé la oportunidad de expresar nuestra voluntad, a través de las urnas y lo más probable es que después, ya no pueda volver jamás, a presentarse a otros comicios.

La imagen de la pobreza

Varios municipios españoles, incluido Madrid y el turístico Banidorm, se afanan en promulgar medidas para acabar con la creciente mendicidad en las calles, en un descarado intento de esconder a la mayor rapidez, la imagen de la pobreza extrema que hasta nosotros han traído la crisis y la mala gestión de nuestros nefastos gobernantes.

Se excusan alegando que existen en el territorio nacional, mafias organizadas que cuentan entre sus filas con legiones de mendigos y que estos actos constituyen una explotación del ser humano, inaceptable en nuestra democracia y ciertamente, es verdad lo que dicen, aunque en este momento y cada vez con mayor asiduidad, es fácil ver por las esquinas de las ciudades, a padres de familia de alrededor de cincuenta años, a los que su desesperada situación laboral no les deja otro remedio que suplicar una limosna, apelando a la solidaridad de los otros ciudadanos.

El verdadero sentido de estas medidas, que pasan incluso, por devolver a su lugar de origen a los que no puedan demostrar que residen en el lugar en el que piden, subiéndoles a un autobús pagado por los Ayuntamientos, no es otro que limpiar de elementos políticamente incorrectos la imagen de los pueblos y ciudades de España, en un intento de ocultar la auténtica realidad que viven un nutrido grupo de familias, a las que no queda otro remedio que mendigar para subsistir, debido al desamparo en que las han dejado las Instituciones.

Pero trasladar el problema, no significa que no exista, ni que todos los indigentes que pululan por la geografía nacional se encuentren bajo la amenaza de los mafiosos.  Muy al contrario, la extrema pobreza que les ha llevado en muchos casos, a tomar la decisión más difícil de sus vidas, teniendo que superar la vergüenza que produce mendigar, para quién siempre se ganó el pan honradamente, es el fruto que entre nosotros ha dejado la desastrosa política laboral que ha permitido la libertad de despido y el robo descarado de derechos fundamentales que estamos sufriendo los españoles, gracias a los errores de este gobierno.

La prueba es que en lugar de activar la actuación inmediata de los servicios sociales con que cuentan los ayuntamientos, para tratar de solucionar con ayudas, la desesperación de la gente, se opta por esconder la realidad evitando que adquiera una  importancia que podría provocar un estallido social, en exigencia de que se atendiera a estos ciudadanos, a los que se ha colocado en situación de exclusión inexcusable, relacionada directamente con la mala actuación de los políticos.

Y sin embargo, el aumento de la mendicidad, debe preocuparnos, en tanto en cuanto, las personas que en este momento se ven obligadas a ejercerla, son, en efecto, ciudadanos de a pie, como nosotros. Ciudadanos que no proceden ni de la marginalidad, ni de la picaresca, que no piden para inyectarse una dosis de droga, sino para comer y que han llegado hasta aquí, habiendo agotado todos los recursos.

Son pues, responsabilidad de quien ahora mismo se sienta en la Moncloa y es por tanto, Rajoy, quien debe hallar la solución a su problema, a ser posible, propiciando la creación de puestos de trabajo que les devuelvan a la normalidad de la que antes disfrutaban y que han ido perdiendo gracias a la aprobación de la Reforma Laboral y la dureza de los recortes.

 Ambas medidas han sido tomadas por su gobierno, el mismo que ahora trata de convencernos de que lo peor ha pasado.

La existencia de esta nueva legión de indigentes, demuestra fehacientemente que no y, naturalmente, no conviene a su plan, que los demás nos enteremos.

La tragedia de Lampedusa

En este mundo globalizado en que nos ha tocado vivir, donde el dinero es el nuevo Dios al que todos adoran, la vida de los seres humanos y más aún, si proceden de países anclados en el subdesarrollo, ha dejado de tener importancia.

Mientras los términos macroeconómicos se van incorporando al lenguaje de los europeos y las naciones del sur nos compadecemos de nuestra suerte, envidiando y odiando el poder usurero que nos esclaviza, hombres, mujeres y niños  procedentes  de la más absoluta miseria, siguen arriesgando la piel con el sueño de arribar a lo que ellos consideran el Paraíso, tratando de encontrar, en todos los casos, una vida mejor.

Un número escandaloso de ellos han perdido la vida en el intento y en esta zona de España, conocemos por experiencia propia la dureza de su tragedia, pero el reciente naufragio de Lampedusa y los más de  doscientos ataúdes puestos en fila, sobre el suelo de la tierra prometida italiana, pone en evidencia la magnitud de este fenómeno casi cotidiano y viene a tocar hondamente la conciencia de los hombres y mujeres de bien, escandalizados por la indiferencia que demuestran los dirigentes de la Comunidad, ante el horror de estos sucesos.

Tratar de convencerse de la inutilidad de estos viajes con riesgo de muerte, culpando a la crisis de no poder acoger a los desheredados de otras tierras, no acabará con el problema que late en las entrañas del Continente africano, ni atajará los ardides de las mafias que organizan sin garantías la entrada en Europa de esta pobre gente, a cambio de dinero, ni borrará de las playas las escenas escalofriantes de la multitud de ahogados que luchaban para cumplir un sueño, pero es fácil esgrimir argumentos que hagan calar en la población sentimientos xenófobos, ahora que ya no necesitamos de esta mano de obra barata que en tiempos de bonanza, se empleaba para ocupar los puestos de trabajo que desechaban los oriundos, en la escala más baja del mundo laboral, sin contratos y sin papeles.

Todos hemos tenido la culpa de consentir el despropósito de la integración simulada de los que nada traían, acomodados, como estábamos, en el ahora perdido estado del bienestar, mientras jugábamos a vivir como ricos y las consecuencias de nuestra tácita complacencia afloran ahora, en nuestras horas bajas, recordándonos con las imágenes de su terrible realidad, la magnitud de nuestro pecado de soberbia.

Nada harán los magnates de Bruselas por remediar la desventura de los que mendigan un pedazo de pan para poder asegurar la supervivencia, ocupados como están, en intentar que los hermanos pobres de la Comunidad, devuelvan el montante de los rescates recibidos, pero es que además, la deshumanización que demuestran ante la sobrecogedora presencia de la muerte es tal, que no les temblará la mano para devolver a sus países de origen a los supervivientes.

Y aunque los ciudadanos de a pie presintamos que el drama que ahora vive esta gente, bien pudiera ser el nuestro, en un mañana próximo, la distancia que nos separa de los que detentan el poder impedirá, seguro, la resolución del conflicto.

Tal vez convendría recordar que el sufrimiento de los que proceden de las naciones africanas se debe, casi íntegramente, al estado en que quedaron aquellas tierras, después de la colonización y explotación ejercida en ellas por parte de los europeos, que las abandonaron a su suerte cuando ya no quedaban recursos que esquilmar y habiéndose, en muchos casos, enriquecido opulentamente, de su antigua  prosperidad y del servicio de sus gentes.

Es pues, responsabilidad de todos, remediar en lo posible, la miseria actual que padecen y aunque solo fuera por mera compasión, acoger con misericordia a quienes vienen, ofreciéndoles, al menos, alguna dosis de consuelo.

Los que yacen hoy mismo en suelo italiano y que nunca recobrarán la vida, lo merecen. Aunque no sea más que por el valor de haber intentado rozar esta tierra, creyendo que en ella encontrarían al fin, un poco de felicidad.

Congelación salarial

Por si todavía quedaba algún incauto, que pensara que los recortes habían terminado, Rajoy se apresura a congelar el salario mínimo interprofesional, para el año 2014, dando la espalda nuevamente, a las necesidades de los más débiles, que llegado a este punto son, la mayoría de los españoles que han tenido la suerte de conservar el trabajo.

Mientras que en la nueva partida presupuestaria, se incrementan las subvenciones que recibirán los políticos, la  medida de congelación salarial viene a confirmar el desprecio con que este gobierno contempla las necesidades que abruman a la mayoría de su pueblo, en tanto en cuanto no se terminan los privilegios de que gozan los que detentan el poder y  se incrementan anualmente, sin que se tengan en cuenta en este caso, las consecuencias de la crisis.

Vuelve a cubrirse de gloria el PP, apretando la soga alrededor del cuello de los ciudadanos, sin pensar que igual que en el caso de los pensionistas y funcionarios, al mermar el poder adquisitivo de los que perciben el salario mínimo, también acabará por incidir en contra del consumo  , cercenando cualquier posibilidad de remonte para el país, al menos durante el año que viene.

Encerrado en una burbuja insonorizada, a la que no debe llegar el clamor popular que se manifiesta unánimemente en contra de estas medidas, Rajoy, con los ojos puestos en la voluntad de Bruselas, vuelve a caer en el error de exigir más sacrificios a la indignada ciudadanía, que más pronto que tarde, acabará por estallar, víctima de la continua provocación a que es sometida por la agresividad que contra ella practica el Gobierno.

Entretanto, la estrategia de repetir en todas las comparecencias públicas que la crisis ha terminado y los manipulados aplausos recibidos, de parte de los militantes y pocos partidarios del PP, se clava como una daga envenenada en el corazón de los españoles, hartos como están, de sufrir el acoso diario de estas mentiras, que su desastrosa situación personal rebate, con amplias raciones de carencias.

No es de extrañar, pues, que los que menos tienen, se vean obligados a recurrir a la economía sumergida para lograr sacar adelante la economía familiar, echando mano de cualquier tipo de trabajo que surja, bien a cargo de otros particulares, o de la multitud de empresarios sin conciencia que aprovechan su situación, para ahorrarse los gastos que les acarrearía un contrato legal, con sus correspondientes retenciones e impuestos.

Este pecado venial, perdonable por la necesidad que obliga a quienes lo cometen, nada tiene que ver por ejemplo, con las millonarias corruptelas que se perpetran con total impunidad y que sin embargo, son justificadas a base de sentencias mínimas, para no volver a ser perseguidas jamás y sin que se devuelvan, en ningún caso, las cantidades sustraídas de las arcas públicas de las que depende el futuro de todos.

¿Qué espera Rajoy que haga un padre de familia desempleado, subsidiado, o al que se acaba de congelar un sueldo que no llega a setecientos euros, para cubrir las necesidades básicas de los suyos, gracias a la política que desde Moncloa se practica?

Desafortunadamente, los ciudadanos no tienen a su alcance, como otros, fondos que desviar hacia paraísos fiscales, ni la oportunidad de extorsionar a constructores y grandes empresarios para obtener suculentos sobresueldos.

Pero esto sí parece natural. Cuando se trata de políticos…la absolución está garantizada.

Una nueva injusticia

La sentencia del caso Malaya, que puso al descubierto una trama de corrupción en Marbella que había dejado al municipio andaluz en la ruina más estrepitosa, vuelve a defraudar la esperanza de los españoles, aplicando penas irrisorias a todos los implicados y demostrando, una vez más, que los delitos fiscales en este país, salen prácticamente gratis, a quienes los cometen.

Ni siquiera la importancia mediática que se ha dado a este caso, por la fama de muchos de los acusados y el lujo excesivo del que disfrutaban muchos de ellos, gracias al dinero obtenido directamente de las arcas del Ayuntamiento marbellí, ha sido suficiente para que la contundencia de la sentencia sirva de ejemplo a los que tienen causas similares pendientes  y que ahora deben estar frotándose las manos, al comprobar la magnanimidad de los jueces.

No se puede explicar qué extraño sortilegio posee a los encargados de administrar justicia cuando el asunto que se juzga tiene que ver con políticos, ni qué entresijos guarda el código penal español, que permite que los encausados en delitos fiscales no se vean obligados, por ley, a devolver la totalidad del dinero robado, además de eludir, en la mayoría de los casos, las penas de cárcel, o pasar en ella menos tiempo que cualquier ladrón de poca monta que da un tirón a una señora en la calle, o ejerce de mula en un vuelo caliente, procedente de Iberoamérica.

Se tarda tanto tiempo en sentar en el banquillo a estos acusados de guante blanco y profesión privilegiada, que indefectiblemente, todas estas historias se acaban diluyendo, casi siempre por la gravedad de otras que suceden después, perdiendo toda la fuerza que tuvieron al principio de la investigación y quedando relegadas, como decíamos recientemente, a simple agua de borrajas.

Lo mismo que acaba de suceder en el Malaya, terminará pasando, ya verán, en el caso de Bárcenas o en el de Urdangarín, que tanta tinta han hecho correr en los últimos tiempos.

Aunque las culpabilidades estén más que probadas y el montante de los delitos supera con creces, las cantidades que serían necesarias en este momento para ayudar a la superación de la crisis, puede más la indecisión de los fiscales al acusar y la interpretación de manga ancha que suele hacerse de las leyes, que el mismo afán de quienes los juzgan, por esclarecer la verdad y penar a los corruptos con lo que ciertamente merecerían, por la gravedad de sus faltas.

Pese a que nadie quiera decirlo, los corruptos atentan todos ellos, contra la totalidad de la sociedad, apropiándose de dinero que estaría destinado al bienestar común y que, al desaparecer, hace imposible cubrir ciertas necesidades que para muchos ciudadanos son de primer orden y que debieran, por tanto, ser prioritarias para los que, supuestamente, les representan, gracias a la generosidad de sus votos.

Por el contrario, esos ingresos tan preciosos, acaban por engrosar las cuentas de quienes los roban en paraísos fiscales, sin que en el país, ni en Europa, se haga una sola alusión al tema, ni se legisle en consecuencia, probablemente por temor, a que la verdad salpique de lleno a gente que ocupa cargos de demasiada responsabilidad y que no hacen otra cosa que exigir sacrificios a la ciudadanía, mientras los delitos proliferan como hongos y los delincuentes exhiben su impunidad, sin recato.

La nueva decepción sufrida, no puede ni debe, no obstante, hacer que para nosotros este tipo de sentencias se conviertan en una rutina, con la que tenemos, forzosamente, que convivir, sin ninguna esperanza de que el Sistema cambie.

Muy al contrario, estas sentencias, son un añadido más a la enorme lista de causas que los políticos tienen pendientes con la sociedad y por tanto, resultan imperdonables.

La manera de hacerlos pagar no es otra que, a la primera oportunidad que se tenga, apearles de sus cargos, a ser posible, impidiendo que nunca más puedan volver. No hay peor expiación que el olvido.