Una nueva injusticia

La sentencia del caso Malaya, que puso al descubierto una trama de corrupción en Marbella que había dejado al municipio andaluz en la ruina más estrepitosa, vuelve a defraudar la esperanza de los españoles, aplicando penas irrisorias a todos los implicados y demostrando, una vez más, que los delitos fiscales en este país, salen prácticamente gratis, a quienes los cometen.

Ni siquiera la importancia mediática que se ha dado a este caso, por la fama de muchos de los acusados y el lujo excesivo del que disfrutaban muchos de ellos, gracias al dinero obtenido directamente de las arcas del Ayuntamiento marbellí, ha sido suficiente para que la contundencia de la sentencia sirva de ejemplo a los que tienen causas similares pendientes  y que ahora deben estar frotándose las manos, al comprobar la magnanimidad de los jueces.

No se puede explicar qué extraño sortilegio posee a los encargados de administrar justicia cuando el asunto que se juzga tiene que ver con políticos, ni qué entresijos guarda el código penal español, que permite que los encausados en delitos fiscales no se vean obligados, por ley, a devolver la totalidad del dinero robado, además de eludir, en la mayoría de los casos, las penas de cárcel, o pasar en ella menos tiempo que cualquier ladrón de poca monta que da un tirón a una señora en la calle, o ejerce de mula en un vuelo caliente, procedente de Iberoamérica.

Se tarda tanto tiempo en sentar en el banquillo a estos acusados de guante blanco y profesión privilegiada, que indefectiblemente, todas estas historias se acaban diluyendo, casi siempre por la gravedad de otras que suceden después, perdiendo toda la fuerza que tuvieron al principio de la investigación y quedando relegadas, como decíamos recientemente, a simple agua de borrajas.

Lo mismo que acaba de suceder en el Malaya, terminará pasando, ya verán, en el caso de Bárcenas o en el de Urdangarín, que tanta tinta han hecho correr en los últimos tiempos.

Aunque las culpabilidades estén más que probadas y el montante de los delitos supera con creces, las cantidades que serían necesarias en este momento para ayudar a la superación de la crisis, puede más la indecisión de los fiscales al acusar y la interpretación de manga ancha que suele hacerse de las leyes, que el mismo afán de quienes los juzgan, por esclarecer la verdad y penar a los corruptos con lo que ciertamente merecerían, por la gravedad de sus faltas.

Pese a que nadie quiera decirlo, los corruptos atentan todos ellos, contra la totalidad de la sociedad, apropiándose de dinero que estaría destinado al bienestar común y que, al desaparecer, hace imposible cubrir ciertas necesidades que para muchos ciudadanos son de primer orden y que debieran, por tanto, ser prioritarias para los que, supuestamente, les representan, gracias a la generosidad de sus votos.

Por el contrario, esos ingresos tan preciosos, acaban por engrosar las cuentas de quienes los roban en paraísos fiscales, sin que en el país, ni en Europa, se haga una sola alusión al tema, ni se legisle en consecuencia, probablemente por temor, a que la verdad salpique de lleno a gente que ocupa cargos de demasiada responsabilidad y que no hacen otra cosa que exigir sacrificios a la ciudadanía, mientras los delitos proliferan como hongos y los delincuentes exhiben su impunidad, sin recato.

La nueva decepción sufrida, no puede ni debe, no obstante, hacer que para nosotros este tipo de sentencias se conviertan en una rutina, con la que tenemos, forzosamente, que convivir, sin ninguna esperanza de que el Sistema cambie.

Muy al contrario, estas sentencias, son un añadido más a la enorme lista de causas que los políticos tienen pendientes con la sociedad y por tanto, resultan imperdonables.

La manera de hacerlos pagar no es otra que, a la primera oportunidad que se tenga, apearles de sus cargos, a ser posible, impidiendo que nunca más puedan volver. No hay peor expiación que el olvido.