Dimite el fiscal General del Estado, aduciendo unos motivos personales
que suenan a excusa precipitada y en
unos momentos en los que los casos de corrupción protagonizados por políticos,
copan la actividad de unos juzgados a los que faltan medios para afrontar el
volumen de trabajo que les llega.
Esta figura, tácitamente ligada a una obediencia casi servil
de los designios del Partido en el gobierno, ha tenido en torres Dulce un
ejemplo de sumisión y lealtad hacia las preferencias en temas judiciales que ha
tenido el PP, desde el mismo momento de su nombramiento.
Pero las cosas no siempre han salido como el Fiscal General
prefería y éste en concreto, ha ido a tropezar con varios Magistrados
defensores a ultranza de la independencia del poder judicial, con los que todos
sabemos que ha estado luchando prácticamente hasta ayer, sin poder conseguir su
propósito de que todos los sumarios discurrieran por los caminos que más
convenía a su gobierno.
Primero fue Bárcenas, que habiendo tenido en sus manos las
cuentas del PP y manejando un volumen de información privilegiada sobre todo lo
que ocurría tras las paredes de los despachos de Génova, fue detenido y acusado
de un delito fiscal, que ya se verá si tiene relación con la Gurtel y que se
encuentra actualmente en prisión, sin que ni siquiera el Presidente que le
enviaba mensajes de aliento, haya podido hacer nada para conseguir su
impunidad.
Tampoco en el caso Gurtel se ha podido evitar que las
investigaciones acabaran demostrando la más que probable implicación de nombres
de mucha relevancia en el PP, que han ido cayendo uno a uno por decisión de
Ruz, que en principio fue considerado por los conservadores como un juez que
podría plegarse, a una gran parte de sus
exigencias.
Después, la Infanta y la defensa a ultranza que desde medios
gubernamentales se ha hecho de su figura, ejerciendo presiones insoportables
que sin embargo, han dado al traste, al chocar frontalmente con el pensamiento
de un Juez, empeñado desde el principio en mantener su independencia y que se
ha exigido como meta, demostrar a los españoles que puede existir una justicia
igual para todos los ciudadanos.
Y por último, la insumisión demostrada por los fiscales
catalanes en la cuestión del Referendum, desoyendo las órdenes que se les
dictaban desde Madrid y negándose a criminalizar a los convocantes de la
Consulta, como se les exigía con cierta vehemencia.
Tener que soltar las riendas de estos grandes casos y
declarar abiertamente la imposibilidad de gobernar con mano de hierro lo que
ocurre a diario en las salas de justicia, de seguro habrá empujado a Rajoy a
sugerir la urgencia de potenciar un cambio en la Fiscalía General, para
intentar desesperadamente evitar que durante el tiempo que resta de legislatura,
continúen apareciendo cargos implicados en nuevos asuntos de corrupción, o en
su defecto, poder manejarlos para que no lleguen a ser juzgados, en detrimento
de las aspiraciones electorales que aún conservan los integrantes del gobierno.
Forzar esta dimisión, sin embargo, no deja indiferente a una
ciudadanía, desgraciadamente muy acostumbrada a este tipo de oscuras maniobras
y a los continuados intentos de manipulación de un poder judicial, cansado de ser manejado como
una marioneta.
La poca credibilidad que queda a la justicia ante los ojos de
la sociedad y el abandono a que está siendo sometida por parte de los últimos
gobiernos, han terminado por causar el hartazgo de una buena cantidad de jueces
a quienes no se deja desarrollar en libertad, las labores propias de su oficio.
Porque además y en relación con algunos de los temas de
corrupción más llamativos de los que se han producido en los últimos tiempos,
varios jueces han sido inhabilitados para sus funciones acusados de una
prevaricación nunca suficientemente probada, convirtiéndose en los únicos
condenados, en el caso de Garzón por la gúrtel y en el de Elpidio Silva, por el
de Bankia.
Ver salir a sus compañeros por la puerta de atrás y
denostados profesionalmente, ha debido mover la conciencia de los jueces y de
seguro habrá animado, al menos a unos cuantos, a no plegarse nunca más a los
intereses de los gobiernos.
No poder mover a las fiscales de Gurtel de dónde estaban, se
dice, ya le costó el puesto a Gallardón y ahora, en plena ebullición, al fiscal
Torres Dulce.
Habrá que esperar, no sin cierta preocupación, a ver
quién le sucede en el cargo y qué grado
de sumisión a los poderes del Estado demuestra el recién llegado, cuando
empiece a desarrollar sus funciones.
Mucho nos tememos que será alguien dispuesto a obedecer a
ciegas lo que se le proponga.
Que le salga o no bien, afortunadamente, aún se encuentra en
manos de otros… y también en las nuestras.