Presiones intolerables

Dimite el fiscal General del Estado, aduciendo unos motivos personales que suenan  a excusa precipitada y en unos momentos en los que los casos de corrupción protagonizados por políticos, copan la actividad de unos juzgados a los que faltan medios para afrontar el volumen de trabajo que les llega.

Esta figura, tácitamente ligada a una obediencia casi servil de los designios del Partido en el gobierno, ha tenido en torres Dulce un ejemplo de sumisión y lealtad hacia las preferencias en temas judiciales que ha tenido el PP, desde el mismo momento de su nombramiento.

Pero las cosas no siempre han salido como el Fiscal General prefería y éste en concreto, ha ido a tropezar con varios Magistrados defensores a ultranza de la independencia del poder judicial, con los que todos sabemos que ha estado luchando prácticamente hasta ayer, sin poder conseguir su propósito de que todos los sumarios discurrieran por los caminos que más convenía a su gobierno.

Primero fue Bárcenas, que habiendo tenido en sus manos las cuentas del PP y manejando un volumen de información privilegiada sobre todo lo que ocurría tras las paredes de los despachos de Génova, fue detenido y acusado de un delito fiscal, que ya se verá si tiene relación con la Gurtel y que se encuentra actualmente en prisión, sin que ni siquiera el Presidente que le enviaba mensajes de aliento, haya podido hacer nada para conseguir su impunidad.

Tampoco en el caso Gurtel se ha podido evitar que las investigaciones acabaran demostrando la más que probable implicación de nombres de mucha relevancia en el PP, que han ido cayendo uno a uno por decisión de Ruz, que en principio fue considerado por los conservadores como un juez que podría plegarse,  a una gran parte de sus exigencias.

Después, la Infanta y la defensa a ultranza que desde medios gubernamentales se ha hecho de su figura, ejerciendo presiones insoportables que sin embargo, han dado al traste, al chocar frontalmente con el pensamiento de un Juez, empeñado desde el principio en mantener su independencia y que se ha exigido como meta, demostrar a los españoles que puede existir una justicia igual para todos los ciudadanos.

Y por último, la insumisión demostrada por los fiscales catalanes en la cuestión del Referendum, desoyendo las órdenes que se les dictaban desde Madrid y negándose a criminalizar a los convocantes de la Consulta, como se les exigía con cierta vehemencia.

Tener que soltar las riendas de estos grandes casos y declarar abiertamente la imposibilidad de gobernar con mano de hierro lo que ocurre a diario en las salas de justicia, de seguro habrá empujado a Rajoy a sugerir la urgencia de potenciar un cambio en la Fiscalía General, para intentar desesperadamente evitar que durante el tiempo que resta de legislatura, continúen apareciendo cargos implicados en nuevos asuntos de corrupción, o en su defecto, poder manejarlos para que no lleguen a ser juzgados, en detrimento de las aspiraciones electorales que aún conservan los integrantes del gobierno.

Forzar esta dimisión, sin embargo, no deja indiferente a una ciudadanía, desgraciadamente muy acostumbrada a este tipo de oscuras maniobras y a los continuados intentos de manipulación de un  poder judicial, cansado de ser manejado como una marioneta.

La poca credibilidad que queda a la justicia ante los ojos de la sociedad y el abandono a que está siendo sometida por parte de los últimos gobiernos, han terminado por causar el hartazgo de una buena cantidad de jueces a quienes no se deja desarrollar en libertad, las labores propias de su oficio.

Porque además y en relación con algunos de los temas de corrupción más llamativos de los que se han producido en los últimos tiempos, varios jueces han sido inhabilitados para sus funciones acusados de una prevaricación nunca suficientemente probada, convirtiéndose en los únicos condenados, en el caso de Garzón por la gúrtel y en el de Elpidio Silva, por el de Bankia.

Ver salir a sus compañeros por la puerta de atrás y denostados profesionalmente, ha debido mover la conciencia de los jueces y de seguro habrá animado, al menos a unos cuantos, a no plegarse nunca más a los intereses de los gobiernos.

No poder mover a las fiscales de Gurtel de dónde estaban, se dice, ya le costó el puesto a Gallardón y ahora, en plena ebullición, al fiscal Torres Dulce.

Habrá que esperar, no sin cierta preocupación, a ver quién  le sucede en el cargo y qué grado de sumisión a los poderes del Estado demuestra el recién llegado, cuando empiece a desarrollar sus funciones.

Mucho nos tememos que será alguien dispuesto a obedecer a ciegas lo que se le proponga.

Que le salga o no bien, afortunadamente, aún se encuentra en manos de otros… y también en las nuestras.