Después de que el PP consiguiera que los jueces defenestraran
a Garzón, aparentemente por las escuchas de la Gurtel y ahora que el magistrado
se encuentra apartado de la carrera judicial por unos cuántos años, el Ministro
de Justicia propone aprobar una ley que legalice las escuchas telefónicas,
alegando que en casos relacionados fundamentalmente con el terrorismo, podrían
resultar absolutamente esclarecedoras para conseguir condenas, por parte de los
jueces.
Por qué se trata ahora de aprobar esta ley con carácter de
urgencia y por qué en el caso que llevaba Garzón estas prácticas fueron
denostadas de la manera que todos sabemos, viene a corroborar la teoría de que
legislar en este País, en este preciso momento, tiene mucho que ver con
que lo que se convierte en legal
favorezca o no los intereses del Partido que gobierna y en este caso de un PP,
al que no ayudaba nada que se llegara hasta el fondo de lo que ocurría en la
trama Gurtel, al estar implicados en ella, un gran número de miembros
relevantes de esta formación, como más tarde todos hemos visto.
Hasta dónde hubiera llegado la investigación de Garzón y a
quiénes hubiera afectado, de haberse considerado las escuchas como legales,
nunca lo sabremos, aunque podamos intuir que en este mayestático caso de
corrupción, aún quedan fuera muchos más nombres de los que se conocen y que
esos nombres quizá pudieran ser los de gente mucho más importante en el PP, que
la que hasta hoy se encuentra imputada.
Que Garzón era sustancialmente molesto para el Partido de
Rajoy no es ningún secreto y que su declarado apoyo a la Ley de Memoria
Histórica fue una de las causas que le costaron el puesto, es algo que venimos
defendiendo desde el principio, pero que su afán por llegar hasta el fondo
mismo de lo sucedido con Gurtel puede ser la razón primordial que le colocara
exactamente dónde está, lejos de poder culminar con el éxito que a todos nos
gustaría, uno de los peores casos de corrupción de los últimos tiempos, es una
evidencia irrefutable.
El descaro de legalizar las escuchas telefónicas ahora, por
pura conveniencia, supone un agravio de dimensiones incalculables para el Juez,
pero a la vez, termina por dar la razón a su teoría, anulando, aunque sólo sea
de manera simbólica, la estúpida sentencia que le apartó del cargo, pero que no
ha conseguido en absoluto acabar con el prestigio internacional que le
acompaña.
Porque si las escuchas son, a partir de ahora legales, también
lo serían antes y el argumento de la prevaricación viene a caer por su propio
peso demostrando que el tiempo, inexorablemente, acaba por poner a cada uno en
su sitio.
Tal vez la aprobación de esta Ley sirva para que Garzón pueda
de algún modo, solicitar una revisión de su caso, declarándose afectado por un
agravio comparativo que urgentemente debiera corregirse y tal vez, hasta
encuentre apoyo en muchos de sus compañeros, si es que quieren mantener en sus
decisiones una cierta independencia y no ser meras marionetas en manos de un
poder político, que no debe injerirse en el campo de la justicia.
A los ciudadanos nos parece que en toda regla, los gobiernos
juegan con las Leyes a merced de los vientos que para ellos soplan, sin tener
en absoluto en cuenta qué es mejor para el funcionamiento de una nación o para
el conjunto de la sociedad, que ha de regirse necesariamente, por ellas.
Porque si Garzón prevaricó ordenando las escuchas de la
Gurtel, también prevaricará, y mucho más, el Ministro, si pretende redactar una
ley que las legalice en su totalidad, por las razones que fueren.
Habrá que esperar al desenlace de esta historia, pero, en
principio, uno no puede por menos que pensar que o todos nos hemos vuelto
locos, o que el descaro de los políticos no conoce fronteras.

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