miércoles, 17 de diciembre de 2014

El clan de los evasores


Finalmente, la familia Pujol, casi al completo, es imputada por la justicia, abriendo así uno de los casos de corrupción que más han llamado la atención en los últimos tiempos, al ser el propio ex Presidente catalán quién confesara a los medios que durante años había estado ocultando una fortuna en un Paraíso fiscal, según él, procedente de la herencia que le dejó su padre.
·El delito de Jordi Pujol, que hasta entonces había sido venerado como un representante fundamental de la idiosincrasia catalana, dejó a los ciudadanos atónitos, por lo inesperado de la noticia y mucho más en cuanto la prensa se encargó de difundir que su pecado no lo había cometido en solitario, sino con el apoyo implícito de un clan familiar relacionado en pleno con las malas prácticas financieras y enriquecido por el privilegio de que el padre hubiera ejercido durante tantos años, un importantísimo cargo en la política.
La noticia sacudió la misma columna vertebral de los catalanes, para quiénes Pujol era una especie de semidiós, siempre implicado en defender sus derechos y de quién nadie esperaba una traición de tal calado con su propio país, al haber escamoteado a la Hacienda pública el pago de su fortuna durante tantos años, en detrimento de un bien común que beneficiara a todos sus supuestamente amados conciudadanos.
La recepción de la herencia y la procedencia de otros capitales que han ido descubriéndose repartidos por varios paraísos fiscales, no han podido ser probados documentalmente y el desarrollo de esta oscura historia de intereses ocultos culmina con la imputación que ayer dictó contra el clan familiar, una juez de Cataluña.
Dolidos por haber confiado en el “muy honorable President” desde el día mismo en que naciera la Democracia, sus votantes y todos los que apreciaban su labor aunque no compartieran su ideología política, desean ahora conjuntamente que el caso se esclarezca a la mayor brevedad y que la justicia sea implacable con la familia Pujol, si se consiguiera demostrar los delitos.
Y no solo bastará con devolver lo sustraído al erario público, sino que se exigirá además, que se restaure el malestar generado en la sociedad por el engaño perpetrado continuadamente y que ha supuesto una de las mayores decepciones sufridas por el pueblo de Cataluña, al provenir además el líder, de uno de los partidos con mayor solera de cuántos se mueven en el arco político de este territorio.
El silencio que los Pujol han protagonizado desde que empezara a conocerse la historia, hace prever que no se rendirán sin lucha a la acción de la justicia y que no les dolerán prendas en invertir lo que haga falta para conseguir la mejor defensa.
Sin embargo, su caso debiera ser juzgado de manera ejemplar, precisamente por la relevancia política  que arrastra el principal imputado y por supuesto, para evitar la tentación a los que le han seguido en las labores que le ocuparon durante varias legislaturas y que a partir de ahora necesitarán probar de una manera mucho más contundente, su limpieza.
Flaco favor ha hecho Pujol a su propio Partido, que ha quedado tocado con el desarrollo de los acontecimientos, a pesar de que había recuperado una gran dosis de popularidad, a través de la convocatoria del Referendum del pasado 19 de Noviembre.
Tendrán ahora los ciudadanos que aprender a separar el deseo de independencia de su intención de voto y preguntarse si merece la pena apoyar en las urnas al Partido  que durante muchos años lideró el principal imputado en este caso, mientras desviaba sus propios fondos, de dudosa procedencia, fuera de las fronteras de Cataluña.
Si hay o no en este caso más protagonistas de relevancia política, lo dictaminará la juez, aunque no sería de extrañar que surgieran otros nombres conocidos como cómplices de esta historia.
Es tan difícil urdir en soledad un entramado de tal volumen, que resulta prácticamente imposible que las evasiones de capitales se ciñeran al más estricto marco de la familia del ex presidente.
Como siempre, solo pedimos que la ley se cumpla estrictamente y que los culpables paguen la naturaleza de sus delitos, con aquellas penas que les correspondan.


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