La columna vertebral de la política española se ve hoy
sacudida por el que promete ser el mayor
escándalo de corrupción hasta ahora conocido, a través de unos documentos
publicados por el diario El País, que apoyan gráficamente la teoría de los
sobresueldos de la cúpula del Partido Popular, con nombres, apellidos y fechas,
como ya había apuntado El Mundo, unas días atrás.
Las identidades de los supuestos implicados, que van desde
las de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, pasando por líderes actuales
y pasados, de la talla de Arenas, Aceves,
Álvarez Cascos y el siempre ultraconservador Mayor Oreja, podrían
representar un auténtico ultraje para el pueblo español, sometido por estas mismas personas, a los
recortes más brutales que se recuerdan
desde la llegada de la Democracia y que vienen acompañados también, de
una pérdida paulatina de derechos sociales, practicados como respuesta a las
miserias que se han derivado de la crisis, pero que no parecen haber afectado,
a la vista de los documentos, a ninguno de los miembros más relevantes del PP,
que a juzgar por las cifras manejadas, deben nadar en abundancia.
El “patriotismo” que han entonado durante tantos años, la
bandera que defendían como si fuera exclusivamente suya y el espíritu de
sacrificio que se adjudicaban como garantes del bienestar de esta España de la
que se les llenaba la boca, nada tenía que ver, parece, con las historias
personales que protagonizaban en las
trastiendas de sus propias Sedes y que hace patente la total incomprensión que
han venido demostrando con las súplicas de los ciudadanos, llevados hasta el
límite de sus posibilidades, por este año de gobierno a la desesperada, carente
de toda humanidad y sentido de la lógica.
Si es cierta esta espeluznante contribución al
empobrecimiento del país, si es cierta la reiteración de estas prácticas de
carácter mafioso, ejercidas durante veinte años, sin ningún rubor, por estos
defensores a ultranza de los valores morales y de espíritu ultra católico, que
para mayor escarnio, son el Gobierno en cuyas manos se encuentra todo el poder,
el atrevimiento de exigir a los españoles nuevos sacrificios para subsanar la
situación en que nos ha dejado la avaricia de los banqueros, pero también en
una gran parte, la suya y la de todos los corruptos del color que sean, podría
ser considerado como una burla sin paliativos al mismo espíritu de la
Democracia y como un intento reiterado y cruel de explotación de todo un
pueblo, por parte de quienes no resultan ser precisamente un ejemplo de
virtuosismo, sino practicantes de una insolidaridad canalla.
No se extrañen pues, mientras se pone en marcha la lentísima maquinaria judicial, de
encontrar una fuerte insumisión ciudadana a sus órdenes y decretos, más aún si
siguen siendo, como es costumbre desde que tomaron mendazmente el poder, una
cadena interminable de exigencias que van contaminando peligrosamente el aire
necesario para la supervivencia de una mayoría, que no merece por su inocencia,
politicastros de tan baja condición, como los que les han tocado en suerte.
Ya no basta con lanzar una negativa airada ante los medios,
desentendiéndose estoicamente de la evidencia y utilizando como arma la
soberbia que siempre caracterizó a la derecha, por mucha mayoría absoluta que
los respalde en el Parlamento.
Los votos que obtuvieron con promesas volátiles de un cambio
que en cambio, fue para peor, no incluían privilegios feudales obtenidos de
manera ilícita, ni contemplaban la posibilidad de obtener riqueza de espaldas a
la Hacienda Pública, ni la de poseer patente de corso para amnistiar a
delincuentes fiscales y defraudadores como pago a su silencio.
Tampoco los cargos que ocupan tienen ni han tenido jamás
carácter vitalicio, sobre todo cuando hay sospecha de unos hechos, cuya
gravedad impide el buen funcionamiento de las Instituciones, por la
desconfianza que genera en quien es gobernado, la supuesta conducta de quienes
le gobiernan.
Claro que al no ser este caso previsible, por considerarse como
precepto la honradez de los candidatos a las elecciones, probablemente no
existan mecanismos legales que permitan al pueblo exigir la inmediata dimisión
de Rajoy y su gobierno y la convocatoria de nuevos comicios, como sería lo
justo.
Y sin embargo, los ciudadanos no podemos permanecer al margen
de cuanto está sucediendo, ni permitir que los asuntos de Estado sigan en manos
de los protagonistas del escándalo.
Cuando las leyes no contemplan un supuesto y este termina por darse
indefectiblemente, no queda otro remedio que legislar a toda prisa, para dotar
a los pueblos de una defensa que los ampare de los abusos que contra ellos se
cometen.
Los días de Mariano Rajoy como P=residente de Gobierno,
debieran estar contados. Ningún español confía ya en él, ni volverá a hacerlo
nunca ya que ha quedado muy claro, que
nunca mereció esa confianza.