Las graves acusaciones que se están vertiendo sobre los detenidos en la manifestación del 25S en Madrid y la altanería con que el Gobierno de la Nación trata este tema, después de haber intentado atemorizar a la población con una represión policial inaudita desde los años del franquismo, hace necesaria una inmediata respuesta que aclare, a los ojos de quienes la quieran oír, la verdad de los hechos.
Desde que Mariano Rajoy asumiera el poder, hace tan solo diez meses, la vida del ciudadano medio español se ha visto gravísimamente afectada en las cuestiones de primera necesidad y el ambiente de cierta comodidad que se respiraba en los últimos años, ha dado paso a situaciones de extrema carencia, mientras desde el gobierno se han venido exigiendo cada vez más y más sacrificios.
Después de un incumplimiento total de todas las promesas electorales, que los populares llevaban en el programa que les permitió obtener la mayoría absoluta que ahora disfrutan, se comenzó subiendo el IRPF a todos los contribuyentes, arrancando con ello un jugoso bocado de unos sueldos que, en casos como el de los funcionarios, ya habían sido recortados por el gobierno anterior, para desesperación de los trabajadores.
Un poco después se estableció el copago sanitario y se retiraron de las prestaciones de la Seguridad Social una amplia serie de medicamentos de primera necesidad, sobre todo para personas mayores afectadas de dolencias habituales en determinadas edades.
Se continuó anulando las oposiciones convocadas para el profesorado de la Enseñanza Estatal y despidiendo a masivamente a los interinos que se encargaban de hacer suplencias cuando se producían bajas por enfermedad, en todos y cada uno de los ministerios y se retiró al funcionariado, a base de decreto, el derecho a cobrar la paga de la próxima Navidad, en un claro incumplimiento de contrato por parte de la empresa, que en este caso no es otra que el Estado Español.
Al mismo tiempo, se aprobaba la Ley de Reforma Laboral, que permite con tolda impunidad el despido de cualquier trabajador, dejando los criterios a cargo de la empresa y con indemnizaciones reducidas a la mitad de lo que antes, por derecho correspondía, aunque el despido se considere improcedente.
Amparándose en esta Ley, infinidad de empresas cerraron y el desempleo ha crecido de manera considerable situándose en la cifra de seis millones y en más de un cincuenta por ciento, en el caso de la juventud.
En pleno auge de esta aplicación de medidas, los escándalos bancarios que han ido dejando agujeros negros de miles de millones de deudas, casi todas basadas en la concesión indiscriminada de hipotecas basura que dichos bancos habían estado concediendo en los últimos tiempos, se han venido sucediendo ininterrumpidamente, mientras el gobierno del PP, no sólo inyectaba dinero público para subsanar las deudas de dichos negocios, sino que se ha permitido la opción de acudir a un rescate, por parte de organismos europeos, que han ido en serio detrimento de los españoles, llevándolos al borde de la más espantosa ruina y que somete al Estado a una intervención extranjera, de carácter permanente
Habría que añadir a esta especie de esperpento, que los mismos bancos que han estado saneando sus cuentas con dinero de los contribuyentes, aún se han permitido seguir desahuciando a cientos de miles de parados que, al no poder corresponder al pago de las deudas hipotecarias contraídas, han debido entregar la vivienda como parte de su compromiso, sino que, por ley, han de seguir pagando hasta satisfacer el total, a pesar de haberse quedado en la calle y por periodos de tiempo que en muchos casos, suponen toda una vida.
La Sanidad y la Educación públicas, afectadas de lleno por las partidas de recortes aplicadas, han iniciado un camino hacia una privatización encubierta, a causa de la reducción de personal que probablemente acabará terminando con su buen funcionamiento y los alumnos y enfermos se hacinan en las aulas y los pasillos, mientras el personal sanitario y los maestros, han visto aumentado su horario laboral, amén de la reducción salarial que, como funcionarios, ya habían sufrido en carne propia.
Los comedores sociales han empezado a llenarse de familias de clase media que, sin posibilidad alguna de rehacer su vida laboral, y al haber consumido ya todas las prestaciones estatales por desempleo, no encuentran otra salida que acudir a la caridad para alimentar a sus hijos y poder sobrevivir, sin ningún amparo por parte de la justicia, que les ayude a superar la crítica situación en que se encuentran.
Mientras tanto, una Ley de Amnistía Fiscal, perdonaba la deuda a los evasores de grandes capitales, ofreciéndoles una suerte de ventajas y el anonimato, en el caso de decidir volver a traer lo evadido, de nuevo a territorio español. Se cuentan por miles, los casos de corrupción flagrante, entre la clase política.
Las condiciones laborales de los pocos que siguen conservando su empleo, se han agravado hasta el punto de ver reducido su salario a la mitad bajo amenaza de despido, si las condiciones impuestas por la empresa no son inmediatamente aceptadas y como lógica consecuencia, las tasas de deudas personales se han visto incrementadas en un enorme porcentaje, ante la imposibilidad material que la gente tiene, para hacer frente a los gastos contraídos con anterioridad.
También las aportaciones sociales se han terminado prácticamente para los españoles, por obra de este gobierno. Dependientes físicos y psíquicos, mujeres maltratadas, padres en proceso de adopción, centros de menores e inmigración, ONGS, asilos para la tercera edad, guarderías infantiles y otra innumerable lista de organismos de este tipo, han visto mermadas o desaparecidas las subvenciones que recibían, lesionando y mucho, a las personas que mantenían bajo su protección y que ahora quedan en total abandono, sin ayuda de ninguna clase.
Se ha subido el IVA en todos los productos y las matrículas universitarias, han duplicado su precio, impidiendo el acceso de los más humildes a una educación, hasta ahora asequible a todos los niveles de la sociedad.
El valor del pueblo español, cuando sale a la calle en demanda de sus derechos, cuando pide la dimisión del principal responsable de todo lo anteriormente citado y es recibido con cargas policiales durísimas y comentarios sarcásticos por parte del poder, es sin embargo, no sólo digno de elogio y admiración, sino consecuencia lógica de su prolongado sufrimiento.
Y es de esperar, que cuando una sociedad se encuentra en total desamparo por parte de las instituciones que realmente le deben, al menos, el intento de solucionar sus problemas y procurar el bienestar común, haga uso de su libertad de expresión en demanda de justicia, sobre todo si los políticos a los que eligió y a los que paga escrupulosamente sus elevados salarios, no hacen otra cosa que herir de muerte su supervivencia, y provocar un retraso de cincuenta años, en todos los ámbitos que atañen al bienestar personal.
El valor del pueblo español cuando sale a la calle de manera tenaz y arriesga su integridad física y psíquica, frente a las hordas represoras que su Presidente coloca como parapeto entre él y sus ciudadanos, ha de ser entendido por cualquier persona de bien, en cualquier parte del mundo.
Y no sólo entendido, sino compartido, aceptado, aplaudido y vitoreado sin reservas, por cualquier pueblo que piense que lo que nos está pasando a nosotros, de no pararse, mañana pudiera ser exportado con total impunidad, sin límites de fronteras.
Pero lo que haya que hacer se hará. No le quepa la menor duda ni a Rajoy, ni a su gobierno, ni al PP, ni a ninguno de los que con insana frivolidad juzgan a la ligera el estallido social que se está produciendo aquí. El hambre, física y anímica, siempre termina por tragarse al miedo.