La valentía del Juez Pedraz, negando el enjuiciamiento de los detenidos por los sucesos del 25S en Madrid y culpando a los políticos de ser los únicos responsables de la crispación que sufre el país, trae un soplo de aire fresco al panorama jurídico español y un poco de esperanza a los que ya teníamos totalmente perdida nuestra confianza en este Sistema Judicial, tan devastado por sus propias actuaciones.
Y digo valentía, porque recordando casos como el del Juez Garzón, y a la vista de cómo se toman nuestros gobernantes las pocas críticas que contra ellos públicamente se emiten, alzar la voz desde un puesto de responsabilidad, se ha convertido en una heroicidad, de la que no todos son capaces y que suele acarrear consecuencias.
Esta opinión, que vale su peso en oro para poder aclarar la verdad de lo sucedido en las calles y que abunda además en los abusos policiales cometidos, desechando cualquier responsabilidad de los manifestantes en los hechos, viene a coincidir plenamente con el criterio que ya había expresado la prensa extranjera y coloca al gobierno de Rajoy en la tesitura de tener que dar marcha atrás en sus actitudes y declaraciones futuras, sino quiere perder del todo, la imagen que pretende exportar fuera de España y los pocos amigos que aún le quedan, si es que alguna vez tuvo alguno, que no fuera movido sólo por interés económico.
Sirve también para que los manifestantes reafirmen su inocencia y puedan desprenderse de cuántas acusaciones contra ellos se han estado vertiendo en los últimos tiempos, calificándoles de violentos y facinerosos, provocadores, traicioneros y empeñados en crear conflictos callejeros, para forzar la dimisión de Rajoy, por medio de la fuerza.
Además, niega rotundamente que hubiera el día 25 la más mínima intención de asaltar el Congreso, cosa que de haber sido cierta, habría resultado del todo imposible, a causa del sólido blindaje que las llamadas fuerzas del orden habían llevado a cabo, impidiendo el paso de cualquier transeúnte, e incluso acompañándole a su destino, si se encontraba en cumplimiento de cuestiones relacionadas con el trabajo y no quedaba otro remedio.
La reacción del Gobierno, que no ha sido otra que negarse a comentar la resolución judicial, da una idea del descontento que ha debido provocar su señoría, entre las filas de los populares, últimamente acostumbrados a no ser objeto de crítica entre las clases altas de la Nación y empeñados en la increíble teoría de que cualquiera que se manifiesta en la calle, forma parte de una conspiración izquierdosa, que persigue su inmediato derrocamiento.
Saber qué pasará a partir de ahora con el juez, puede ser un tema digno de ser seguido de cerca por los cazadores de noticias y no sería de extrañar que pronto se viera implicado en algún tipo de acusación, promovida desde las filas de algún organismo minúsculo, de ésos que afloran de vez en cuando a las páginas de los diarios, con el único objeto de dilapidar obstáculos en el camino del poder y que después desaparecen en el silencio, hasta que de nuevo se requiere de su presencia.
Pero en el panorama jurídico español, cuyo descrédito ha alcanzado las cotas más altas hasta ahora conocidas, resulta absolutamente necesaria la presencia de seres humanos, capaces de aferrarse al concepto de justicia y capaces de distinguir la verdad, por muy disfrazada que venga, entre la multitud de trapacerías que nos vemos obligados a soportar, hábilmente maquilladas por la palabrería de los políticos.
Estamos tan acostumbrados a que se intenten manipular nuestras acciones y opiniones, que cuando por fin la justicia ejerce fielmente su cometido y falla a favor de la razón, señalando a los auténticos culpables, nos parece que se ha producido un milagro, y como tal lo celebramos.
Esta resolución, que nos permite seguir el camino emprendido, asentando nuestro inalienable derecho de libre expresión y reunión, deja claro a todos aquellos que ya pretendían regular los derechos de manifestación, alegando desórdenes públicos, que por Ley, nunca podrán pararnos. A ver si aprenden la lección y la próxima vez que su pueblo les hable pacíficamente, no responden con improperios verbales y fuerza bruta, como es su costumbre.

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