Presiones intolerables

Dimite el fiscal General del Estado, aduciendo unos motivos personales que suenan  a excusa precipitada y en unos momentos en los que los casos de corrupción protagonizados por políticos, copan la actividad de unos juzgados a los que faltan medios para afrontar el volumen de trabajo que les llega.

Esta figura, tácitamente ligada a una obediencia casi servil de los designios del Partido en el gobierno, ha tenido en torres Dulce un ejemplo de sumisión y lealtad hacia las preferencias en temas judiciales que ha tenido el PP, desde el mismo momento de su nombramiento.

Pero las cosas no siempre han salido como el Fiscal General prefería y éste en concreto, ha ido a tropezar con varios Magistrados defensores a ultranza de la independencia del poder judicial, con los que todos sabemos que ha estado luchando prácticamente hasta ayer, sin poder conseguir su propósito de que todos los sumarios discurrieran por los caminos que más convenía a su gobierno.

Primero fue Bárcenas, que habiendo tenido en sus manos las cuentas del PP y manejando un volumen de información privilegiada sobre todo lo que ocurría tras las paredes de los despachos de Génova, fue detenido y acusado de un delito fiscal, que ya se verá si tiene relación con la Gurtel y que se encuentra actualmente en prisión, sin que ni siquiera el Presidente que le enviaba mensajes de aliento, haya podido hacer nada para conseguir su impunidad.

Tampoco en el caso Gurtel se ha podido evitar que las investigaciones acabaran demostrando la más que probable implicación de nombres de mucha relevancia en el PP, que han ido cayendo uno a uno por decisión de Ruz, que en principio fue considerado por los conservadores como un juez que podría plegarse,  a una gran parte de sus exigencias.

Después, la Infanta y la defensa a ultranza que desde medios gubernamentales se ha hecho de su figura, ejerciendo presiones insoportables que sin embargo, han dado al traste, al chocar frontalmente con el pensamiento de un Juez, empeñado desde el principio en mantener su independencia y que se ha exigido como meta, demostrar a los españoles que puede existir una justicia igual para todos los ciudadanos.

Y por último, la insumisión demostrada por los fiscales catalanes en la cuestión del Referendum, desoyendo las órdenes que se les dictaban desde Madrid y negándose a criminalizar a los convocantes de la Consulta, como se les exigía con cierta vehemencia.

Tener que soltar las riendas de estos grandes casos y declarar abiertamente la imposibilidad de gobernar con mano de hierro lo que ocurre a diario en las salas de justicia, de seguro habrá empujado a Rajoy a sugerir la urgencia de potenciar un cambio en la Fiscalía General, para intentar desesperadamente evitar que durante el tiempo que resta de legislatura, continúen apareciendo cargos implicados en nuevos asuntos de corrupción, o en su defecto, poder manejarlos para que no lleguen a ser juzgados, en detrimento de las aspiraciones electorales que aún conservan los integrantes del gobierno.

Forzar esta dimisión, sin embargo, no deja indiferente a una ciudadanía, desgraciadamente muy acostumbrada a este tipo de oscuras maniobras y a los continuados intentos de manipulación de un  poder judicial, cansado de ser manejado como una marioneta.

La poca credibilidad que queda a la justicia ante los ojos de la sociedad y el abandono a que está siendo sometida por parte de los últimos gobiernos, han terminado por causar el hartazgo de una buena cantidad de jueces a quienes no se deja desarrollar en libertad, las labores propias de su oficio.

Porque además y en relación con algunos de los temas de corrupción más llamativos de los que se han producido en los últimos tiempos, varios jueces han sido inhabilitados para sus funciones acusados de una prevaricación nunca suficientemente probada, convirtiéndose en los únicos condenados, en el caso de Garzón por la gúrtel y en el de Elpidio Silva, por el de Bankia.

Ver salir a sus compañeros por la puerta de atrás y denostados profesionalmente, ha debido mover la conciencia de los jueces y de seguro habrá animado, al menos a unos cuantos, a no plegarse nunca más a los intereses de los gobiernos.

No poder mover a las fiscales de Gurtel de dónde estaban, se dice, ya le costó el puesto a Gallardón y ahora, en plena ebullición, al fiscal Torres Dulce.

Habrá que esperar, no sin cierta preocupación, a ver quién  le sucede en el cargo y qué grado de sumisión a los poderes del Estado demuestra el recién llegado, cuando empiece a desarrollar sus funciones.

Mucho nos tememos que será alguien dispuesto a obedecer a ciegas lo que se le proponga.

Que le salga o no bien, afortunadamente, aún se encuentra en manos de otros… y también en las nuestras.

El clan de los evasores

Finalmente, la familia Pujol, casi al completo, es imputada por la justicia, abriendo así uno de los casos de corrupción que más han llamado la atención en los últimos tiempos, al ser el propio ex Presidente catalán quién confesara a los medios que durante años había estado ocultando una fortuna en un Paraíso fiscal, según él, procedente de la herencia que le dejó su padre.

·El delito de Jordi Pujol, que hasta entonces había sido venerado como un representante fundamental de la idiosincrasia catalana, dejó a los ciudadanos atónitos, por lo inesperado de la noticia y mucho más en cuanto la prensa se encargó de difundir que su pecado no lo había cometido en solitario, sino con el apoyo implícito de un clan familiar relacionado en pleno con las malas prácticas financieras y enriquecido por el privilegio de que el padre hubiera ejercido durante tantos años, un importantísimo cargo en la política.

La noticia sacudió la misma columna vertebral de los catalanes, para quiénes Pujol era una especie de semidiós, siempre implicado en defender sus derechos y de quién nadie esperaba una traición de tal calado con su propio país, al haber escamoteado a la Hacienda pública el pago de su fortuna durante tantos años, en detrimento de un bien común que beneficiara a todos sus supuestamente amados conciudadanos.

La recepción de la herencia y la procedencia de otros capitales que han ido descubriéndose repartidos por varios paraísos fiscales, no han podido ser probados documentalmente y el desarrollo de esta oscura historia de intereses ocultos culmina con la imputación que ayer dictó contra el clan familiar, una juez de Cataluña.

Dolidos por haber confiado en el “muy honorable President” desde el día mismo en que naciera la Democracia, sus votantes y todos los que apreciaban su labor aunque no compartieran su ideología política, desean ahora conjuntamente que el caso se esclarezca a la mayor brevedad y que la justicia sea implacable con la familia Pujol, si se consiguiera demostrar los delitos.

Y no solo bastará con devolver lo sustraído al erario público, sino que se exigirá además, que se restaure el malestar generado en la sociedad por el engaño perpetrado continuadamente y que ha supuesto una de las mayores decepciones sufridas por el pueblo de Cataluña, al provenir además el líder, de uno de los partidos con mayor solera de cuántos se mueven en el arco político de este territorio.

El silencio que los Pujol han protagonizado desde que empezara a conocerse la historia, hace prever que no se rendirán sin lucha a la acción de la justicia y que no les dolerán prendas en invertir lo que haga falta para conseguir la mejor defensa.

Sin embargo, su caso debiera ser juzgado de manera ejemplar, precisamente por la relevancia política  que arrastra el principal imputado y por supuesto, para evitar la tentación a los que le han seguido en las labores que le ocuparon durante varias legislaturas y que a partir de ahora necesitarán probar de una manera mucho más contundente, su limpieza.

Flaco favor ha hecho Pujol a su propio Partido, que ha quedado tocado con el desarrollo de los acontecimientos, a pesar de que había recuperado una gran dosis de popularidad, a través de la convocatoria del Referendum del pasado 19 de Noviembre.

Tendrán ahora los ciudadanos que aprender a separar el deseo de independencia de su intención de voto y preguntarse si merece la pena apoyar en las urnas al Partido  que durante muchos años lideró el principal imputado en este caso, mientras desviaba sus propios fondos, de dudosa procedencia, fuera de las fronteras de Cataluña.

Si hay o no en este caso más protagonistas de relevancia política, lo dictaminará la juez, aunque no sería de extrañar que surgieran otros nombres conocidos como cómplices de esta historia.

Es tan difícil urdir en soledad un entramado de tal volumen, que resulta prácticamente imposible que las evasiones de capitales se ciñeran al más estricto marco de la familia del ex presidente.

Como siempre, solo pedimos que la ley se cumpla estrictamente y que los culpables paguen la naturaleza de sus delitos, con aquellas penas que les correspondan.

La firma de la vergüenza

Si la lucha sindical por los derechos de los trabajadores funcionara de manera lógica en este País, ningún representante de estas organizaciones hubiera accedido a sentarse para estampar su firma en un documento que ofrece como única opción a los desempleados de larga duración, un subsidio de cuatrocientos euros, para cuya percepción se exige, además, una lista de condiciones personales.

Si en lugar de Touxo y Méndez, fueran Marcelino Camacho y Redondo los encargados de negociar, en este caso con fuerzas gubernamentales, en un escenario dónde seis millones de parados reclaman con urgencia la oportunidad de volver a entrar al mercado laboral, en condiciones dignas, el plante a esta vergonzosa propuesta, que en nada soluciona la terrible situación a que se ha visto reducido el mundo del trabajo en España, hubiera estado asegurado, además de haberse visto acompañado por una convocatoria de huelga general, que hubiera hecho entender a Rajoy y los suyos, que los ciudadanos se niegan con rotundidad a vivir de limosna y que su deseo va encaminado, exclusivamente, a recuperar todos y cada uno de los derechos laborales que les han sido violentamente arrebatados, por las medidas de austeridad que han auspiciado los populares.

Pero estos Sindicatos y sus líderes, hace tiempo que renunciaron a los principios con que fueron creados y se han acostumbrado a disfrutar con plena inercia, de la cómoda vida que les regala el hecho de ser mantenidos por las subvenciones estatales, abandonando de esta manera a los trabajadores a una suerte negra, sin levantar un solo dedo por defenderlos y escorados en su posición de privilegio.

Por eso están dispuestos a firmar acuerdos que no hacen otra cosa que incidir en la desgracia colectiva que padecemos todos, aceptando las migajas que este sistema que nos ha llevado a la más absoluta ruina, les pueda ofrecer y sin tener en cuenta que con su actitud contribuyen a dañar gravemente los sentimientos de unas personas, a las que dejan en la indefensión más absoluta.

Nada han hecho por impedir que se aprobara la nefasta Reforma Laboral que liberalizó los despidos, ni porque no se rebajaran los sueldos de la manera más descarada, hasta límites inimaginables, ni nada tampoco, por exigir una oportunidad para el más de cincuenta por ciento de jóvenes a los que no se les da otra opción que marcharse al extranjero, para poder encauzar sus vidas, ni por frenar la privatización encubierta de la Sanidad y la Educación públicas, permitiendo los enormes recortes que se han venido produciendo en estas áreas, además de en los fondos destinados a la Investigación, cada vez mucho más denostada por la falta de medios que tampoco, en ningún momento, exigieron.

Enrocados en una posición de poder, semejante a la que ostentan los líderes de los principales Partidos Políticos, lo único por lo que se ve combatir a estos esperpénticos sindicatos, es porque no se vean mermados las cifras que reciben para cursos de formación, por ejemplo, y que no hace falta decir dónde acaban, como es público y notorio.

Los parados de larga duración, naturalmente, harán lo posible por recibir estas vergonzosas subvenciones y lo harán convencidos de la imposibilidad de conseguir nunca más una reincorporación al mundo del trabajo, que se les niega sistemáticamente por las doctrinas seguidas por este Sistema, pero no sería ese su deseo, sino poder demostrar que a pesar de ser mayores de cuarenta y cinco años, aún pueden ser y son útiles para esta loca Sociedad que empieza a considerarles viejos, en plena madurez física y psíquica, para su propia desgracia.

Y aunque para quiénes no tienen nada, la limosna de cuatrocientos euros significa poder hacer frente a unos cuantos recibos o poder cubrir necesidades muy primarias en el seno de la familia, la oferta en sí, se asemeja a lo que hasta ahora sólo se había conocido en periodos de posguerra y hiere los sentimientos de una ciudadanía, que no quiere ni debe conformarse con la adopción de medidas de este corte, que rayan en la más absoluta vileza.

La labor propia de los Sindicatos sería pues, canalizar la indignación de  este sector bien nutrido de ciudadanos y ayudarles en la consecución de metas mucho más loables, por medio de una lucha continuada contra los incomprensibles deseos de un gobierno, cuya aspiración parece encaminada a convertir el mercado laboral español, en una mera cadena de producción de corte asiático.

Los medios para conseguirlo, no hace falta que los enumere ningún articulista como yo, pues de todos son conocidos, desde hace ya demasiados años.

¿Qué no sería fácil? Por supuesto, pero el inmovilismo, la sumisión y la permisividad con la manipulación de los gobiernos en el panorama laboral, solo pueden traer, exactamente lo que ahora tenemos: habernos convertido en esclavos dispuestos a competir entre nosotros por un poco más que un plato de comida en la mesa y vivir en un pozo negro de miseria, de la que no se nos permite salir para no molestar en nada, a quienes detentan un poder que ignora nuestras verdaderas carencias.

La firma de este acuerdo, ridiculiza a quiénes lo  suscriben e invita a los afiliados a las Organizaciones Sindicales, a una profunda reflexión sobre su permanencia en ellas, en vista de estas actitudes.

Está muy claro que estamos solos ante los poderosos. Ya no cabe la menor duda.

No basta con dinero

Se apresura la Infanta Cristina a depositar los casi seiscientos mil euros que le exige la Fiscalía, por haberse lucrado de los beneficios de la trama Noos, en un intento desesperado por sortear de alguna manera sentarse en el banquillo de los acusados y antes de que sus abogados pretendan que se acoja a la doctrina Botín, para conseguir una impunidad, que nadie cree que merezca.

Sin que el Juez Castro haya tomado aún la decisión de procesarla, junto a los otros acusados de corrupción para los que sí se piden penas de cárcel, el bufete de Roca que parece ignorar la autoridad del magistrado, ateniéndose únicamente a lo que propone el Fiscal Horrach, se cura en salud pretendiendo demostrar que Cristina de Borbón está dispuesta a asumir sus responsabilidades con el fisco y abona sin rechistar la cantidad exigida, asumiendo tácitamente, al menos, una parte de culpa.

Pero le guste a Roca o no, el destino que aguarda a la hermana del Rey se encuentra única y exclusivamente en las manos de Castro y no parece probable que después de haber estado luchando contra viento y marea para llegar al esclarecimiento de la verdad, el juez se conforme con el cobro de la sanción administrativa, consintiendo  que la imputada se libre del banquillo.

Sería como admitir que toda la tortuosa instrucción que ha llevado a cabo durante tanto tiempo, ni se ajustaba estrictamente a derecho, ni se regía por las pruebas que se manejaban en el desarrollo de este caso y que parecen culpar a Cristina de Borbón, de otros delitos mucho más graves, defendiendo que conocía perfectamente los asuntos que se traían entre manos, su marido y sus socios.

Tampoco parece probable que el juez admita que se acoja a la doctrina Botín, ni que esté dispuesto a tolerar ningún tipo de manipulación alrededor del caso, como no podía ser de otra manera, si desea  cumplir estrictamente, las funciones propias de su cargo.

De nada va a servir, creo, a la Infanta, la prisa en depositar un dinero, que efectivamente, pertenece a todos los españoles, ni la contumacia del fiscal en asumir el papel de abogado defensor en este caso, si como se prevé, las pruebas que existen contra ella aconsejan su procesamiento, por lo que probablemente, antes de Navidad, conoceremos sin demasiada sorpresa que el Juez decide procesarla.

Ni la influencia de su familia, ni la fuerza del apellido, ni las sucias maniobras que se supone han ocurrido alrededor del caso, ni la negativa de Hacienda a personarse como acusación particular, ni la descarada predilección de este gobierno por su figura, parece que vayan a servir para garantizar una impunidad cada vez más lejana y que no habría lugar, sólo ateniéndose a una cuestión de un apellido, que al final es la causa de toda la parafernalia que se ha venido montando alrededor de este asunto.

También parecía imposible que a Urdangarín se le pudieran pedir veinte años de cárcel…y se ha hecho, aunque quizá para tratar de convertirle en el único culpable de una historia que jamás habría podido acometer en soledad, de no ser por el apoyo tácito que le prestaban sus socios y la propia influencia de formar parte de la misma realeza.

Pero este caso no quedaría totalmente cerrado, si se permitiera que algunos de los implicados en él escaparan olímpicamente de la acción directa de la justicia.

Seguramente, esto mismo debe pensar el juez y a juzgar por la dureza con que instruyó el sumario, la posibilidad de que la Infanta consiga la impunidad a cambio de una cuestión crematística, no entra dentro de lo posible.

Habrá que ver qué opciones de trabajo le quedan a Horrach si finalmente pierde este pulso y qué manifestaciones hará el agudo Roca, si no consigue con la facilidad que creía, defender brillantemente, lo indefendible.

 Ya ha acusado directamente a la sociedad de no respetar la presunción de inocencia, pero es que, de verdad, por mucho que se quiera, no se puede creer lo increíble.

Una sociedad silenciada

Saca adelante el PP el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, con la oposición de todos los Partidos políticos que forman el Parlamento y sólo gracias a contar con la consabida mayoría absoluta que tanto daño nos está haciendo y nos hará, en lo que falta para que se acabe la legislatura vigente.

La “Ley mordaza”, ideada desde el principio como una medida de fuerza para evitar cualquier tipo de oposición ciudadana a los mandatos de este gobierno, acarrea para la Sociedad una nueva pérdida de derechos civiles  y la deja prácticamente indefensa ante las incontables tropelías que se están cometiendo contra ella, al castigar el derecho de manifestación en determinadas situaciones, con penas de altísimas multas, sin que medie un juicio donde presentar alegaciones, es decir, de manera tiránica.

Dos de los actos penados con mayor dureza son el de manifestarse a las puertas del Congreso y del Senado y el de prestar apoyo a los desahuciados, intentando impedir la entrada de las fuerzas del orden en los domicilios.

Tampoco se podrá grabar a los policías mientras ejerzan represión contra manifestantes,  aunque sus actos sobrepasen con mucho el ejercicio de sus funciones y bastará con la palabra de los agentes, para que a cualquier ciudadano se le pueda exigir el pago de multas, considerándose delito hasta el hecho de negarse a presentar el DNI, si la policía lo requiriese.

Negar el acercamiento de la ciudadanía al Parlamento, que teóricamente es el órgano representativo de la Nación y blindarlo hasta el punto de hacer imposible que nada perturbe la tranquilidad de quienes han llegado a ocupar un escaño, sólo gracias al voto de los españoles, constituye la mayor aberración de cuántas hemos conocido desde que se implantara la Democracia y atenaza nuestra libertad de poder dirigir nuestras quejas  ante las decisiones que allí se tomen, lo que resulta francamente inaceptable, si se tiene en cuenta que con nuestros impuestos financiamos en su integridad, los sueldos de los diputados y senadores que allí ejercen, incluidos los del PP.

Tampoco es fácil de digerir que mientras se permite con extrema laxitud que grandes evasores de capitales trasladen los fondos públicos a cuentas personales abiertas en Paraísos fiscales, se siga consintiendo en que se desahucie a miles de familias afectadas por el desempleo que ha traído la Reforma Laboral de Rajoy, sin admitir siquiera que la entrega del inmueble que habitaban salde la deuda adquirida con unos bancos, cuyo rescate estamos pagando todos, pero que se niegan a admitir un alquiler social de parte de los desahuciados, mientras se arregla su situación laboral, incluso en los casos en que hay por medio, ancianos y menores.

Qué debemos hacer los ciudadanos mientras se producen estos atropellos, es la pregunta que, en conciencia, nos hacemos todos los que consideramos que la política no consiste en acatar dócilmente las decisiones de unos cuantos, sino una pirámide en la que los de arriba han de estar necesariamente condicionados por los deseos de los que se encuentran debajo, a quienes han de representar fielmente y siempre en función de un beneficio para la mayoría.

Sin embargo y para el gobierno que encabeza Mariano Rajoy, los ciudadanos nos hemos convertido en una seria molestia que le repite a diario la cruda realidad de su estrepitoso fracaso y que impide, con su contestación mayoritaria, la vana presunción de haber sido los salvadores de una Patria que encontraron hundida y a la que han sacado, con sus acciones, de una profunda crisis.

Que se les recuerde en la calle, a las puertas del Parlamento o dónde fuere que hay un millón de desempleados más que cuando llegaron, que la Sanidad y la Educación han bajado considerablemente la calidad de sus servicios o que den la vuelta al mundo las imágenes de los desahuciados, arrancados violentamente de sus viviendas por las fuerzas policiales, frustra de manera indiscutible sus ínfulas triunfalistas y pone en evidencia la gravísima situación a la que nos han llevado y la opinión que todos tenemos sobre ellos.

Por eso, había que terminar, de la manera que fuere, con las protestas y sobre todo evitar que la desesperación popular pudiera llegar a convertirse en un ataque personal contra quienes han estado liderando esta suerte de catastróficas desdichas.

Para ellos, es mejor tratar únicamente con sus leales militantes, en mítines y reuniones donde la orquestación de los aplausos les haga creer, ilusoriamente, que su mandato ha sido un éxito.

Pero esa clac que les vitorea y les aclama allá donde comparecen, no es el pueblo español, ni representa siquiera a una buena parte de la sociedad, que piensa de una manera bien distinta.

El gobierno de Rajoy ha representado en realidad para los españoles, un retroceso histórico de incalculables consecuencias y del que nos costará trabajo salir, si no nos damos prisa en conseguir, por medio de nuestros, votos, que el PP abandone con urgencia las posiciones de poder que ocupa, procurando que no vuelva jamás y que comprenda el calado de sus acciones.

Podrán amordazarnos por medio de esta Ley, pero sólo hasta las próximas elecciones. 

Tiempo al tiempo

De todos es sabido que el miedo crea grandes pesadillas y el ascenso imparable de Podemos está causando auténtico terror entre las filas de los grandes Partidos Políticos españoles, que ven que inexorablemente, se les escapa de las manos el poder que de forma itinerante se han ido cediendo el uno al otro.

Habrán de intentar pues, frenar esta ascensión de algún modo y el más común en el ambiente político español, pasa por denostar al adversario sin reparar en  el medio que se utiliza y a ser posible, repitiendo una historia que destroce a los principales líderes opositores y que obligue a la opinión pública a desconfiar de su credibilidad, sin ahorrar insultos  o invenciones de todo tipo, para lograr el ansiado fin.

Como nunca han ostentado el poder, relacionar a los integrantes de Podemos con casos de flagrante corrupción, que es uno de los motivos que más indigna a los ciudadanos, resulta del todo imposible y parece que lo único que han encontrado los investigadores del PP y el PSOE es una especie de incumplimiento parcial de contrato por parte de Iñigo Erejón, que comparado con las tropelías que hemos conocido sobre las corruptelas protagonizadas y judicializadas de militantes de relevancia de los dos grandes Partidos, resulta ser una insignificante minucia que seguramente, además, terminará por aclararse, sin traer consecuencias negativas para su protagonista.

Así que habrá que intentar otros caminos que le cierren el paso hacia la Moncloa a Pablo Iglesias   y jugar sin escrúpulos la mano que decidirá la partida, inclinando la intención de voto de la sociedad, hacia al cambio o hacia el continuismo, por lo que recurrir a insinuar que los líderes de Podemos ocultan una estrecha vinculación con ETA, o amedrentar a los ciudadanos con la idea de que quieren instalar en España un régimen bolivariano que acabe con la poca Democracia que queda, se ha convertido en el tema favorito de conversación de todos los líderes importantes del PP, en cuanto les ponen un micrófono delante y les dan la oportunidad de opinar sobre el recién nacido Partido, que está logrando llevarse una intención de voto, que ellos consideraban como suya para siempre.

La táctica del PP, todos la conocemos, es tratar de convertir mentiras en verdades, a base de repetirlas de manera incansable, sin importar el tiempo que se haya de emplear, ni los efectos colaterales que puedan producirse.

En general, el catastrofismo causa estragos entre la gente normal y la sola idea de que en nuestro País, se pudiera llegar a tener que soportar colas inmensas para comprar en un supermercado, si a uno se la repiten a través de la televisión todos los días, termina por causar un desasosiego difícilmente controlable.

Que esto llegue a calar en la población, es la pretensión que ahora mismo mueve a los populares, a quienes tampoco importa jugar con un tema de alta sensibilización popular, como es el del terrorismo, si al final logran, al menos, mantener amarrados a sus votantes para conservar un poder que obtuvieron, no lo olvidemos, con unas promesas electorales, que nunca llegaron a cumplirse.

No contemplan sin embargo, la posibilidad de que algunos millones de españoles, aquellos en cuyas familias no hay ni un solo miembro trabajando, quizá preferirían aguardar en la cola de los Hipermercados si estuvieran seguros de que finalmente obtendrían algo para comer, que tener que estar a expensas de la caridad de los bancos de alimentos nutridos por la buena voluntad de otros ciudadanos, que remedien en parte, la situación laboral que les ha regalado la Reforma Laboral del PP, precisamente.

Pero España no es Venezuela, ni podrá serlo nunca, ni en Europa se da un escenario parecido al que existe en América Latina, ni los integrantes de Podemos son terroristas al servicio de un nacionalismo excluyente, como pudieran ser los autores de los muchos atentados que hemos sufrido durante demasiados años.

Lo que ocurre, es que al haber desaparecido de Euskadi el terrible fantasma de la violencia, los populares y otros como ellos, se han quedado sin una buena  baza con la que negociar y había que traer a colación un tema que ha dado buenos frutos para los intereses de los políticos, por cierto, utilizando torticeramente y sin piedad, el dolor de las víctimas.

Aunque, la verdad, los ciudadanos hemos crecido tanto en estos años de dolor, que ya no queda nada de aquella inocencia que nos interrumpieron con excesiva brusquedad, mientras nos arrojaban al abismo de la desesperación y la pobreza. Ahora somos, indefectiblemente, maduros en nuestro pensamiento y libres de creer, aquello que nos de la real gana.

Así que conocemos muy bien todas y cada una de las estrategias, por lo que si funcionan o no, depende, exclusivamente, del grado de credibilidad que posean quienes las urden, que ya les digo yo, que es poco.

A  veces, también los caminos de los poderosos se frustran y en lugar de conseguir las aspiraciones que se esperaban, los sucesos derivan justo hacia el otro lado, causando un terrible e inevitable fracaso.

Y eso, va a ser lo que va a pasar ahora. Tiempo al tiempo.

Allanando el camino

Una vez más, la influencia del poder político sobre los órganos de justicia queda patente, al conseguir que el Consejo General del Poder Judicial saque a concurso la plaza que actualmente ocupa el Juez Ruz, sin dar tiempo al Magistrado de terminar de aclarar todos los entresijos de Gurtel, lo que causará al menos un año de retraso en la marcha normal del caso, al pasar éste a manos de quien sustituya a Ruz, de Marzo en adelante.

Más que una decisión judicial, parece ésta una decisión política, que beneficiará sin duda alguna las aspiraciones electorales del PP, en el próximo año, al evitar que con toda probabilidad, puedan conocerse los nombres de nuevos implicados en la trama, seguramente como los demás, bajo el amparo de estas siglas.

A Rajoy se le pondrían las cosas aún más difíciles si Ruz continuara con el caso, convencido como está de la financiación ilegal del PP, a través de esta trama de corrupción y de la veracidad de los papeles de Bárcenas, que implican al mismísimo Presidente y a otros muchos, en el cobro de sobresueldos pagados en dinero negro.

Que el caso sufra un considerable retraso da un respiro al equipo de Rajoy, cuya situación se está convirtiendo en insostenible y le permite diseñar una nueva estrategia electoral de cara a las Municipales y las Generales, que al menos salve en parte, la debacle que supondría tener que dimitir en pleno, quizá imputados en su totalidad o en parte, por sucios asuntos de corrupción.

El escándalo está servido, pues no debe olvidarse que los miembros del CGPJ son elegidos directamente por los partidos políticos y que al estar en el poder, la mayoría de estos miembros han sido nombrados directamente por el PP, por lo que no es de extrañar que procuren favorecer en la medida que puedan, sus intereses.

La separación de poderes, que sigue siendo una quimera en la España actual, en vista de situaciones como ésta, aseguraría sin embargo la aplicación estricta de la ley, garantizando la independencia de los jueces y evitando el bochornoso espectáculo de tener que contemplar un presunto sometimiento de los órganos judiciales a la voluntad de determinados políticos, casi siempre con la intención de ocultar su relación flagrante con ciertos delitos fiscales, que sin embargo, o acaban siendo sobreseídos por haber prescrito, o se saldan con sentencias que garantizan la impunidad de los implicados, para vergüenza de una sociedad, escandalizada con lo que está ocurriendo.

Aparatar a Ruz del caso Gurtel, constituye sin duda, una de esas vergüenzas  y vuelve a poner sobre la mesa la poca equidad que existe en la justicia, cuando los delincuentes tienen que ver con  el ejercicio activo de la política.

La magnitud de este caso, que ha resultado ser de dimensiones incalculables, hace prácticamente imposible que Ruz pueda dar fin a su labor antes de Marzo y esto quiere decir que con toda seguridad, muchos de los que podrían haber sido imputados si se le permitiera llegar hasta el final en el ejercicio de sus funciones, permanecerán en el más estricto anonimato, consiguiendo así librarse de enfrentarse a la justicia y pagar lo que les correspondiese, en relación con sus delitos.

Y así será, no solo en este caso, sino en todos, mientras las decisiones últimas se encuentren en manos del CGPJ y esta Institución siga dependiendo de los deseos estrictos de los Partidos Políticos.

En otros Países, mucho más democráticos en el fondo que el nuestro, los jueces y los órganos judiciales son elegidos directamente por los ciudadanos, con lo que la imparcialidad de los mismos está al menos, garantizada por la limpieza de un sufragio universal, en el que participan todos aquellos que tengan edad para votar, de una manera libre e inalterable por razones externas.

Para llegar a ese punto, a los españoles nos queda aún un largo camino que recorrer y de momento, habremos de conformarnos con estas componendas que aunque causan en nosotros una máxima indignación, son protegidas por una ley, desgraciadamente también creada por la mano de los políticos.

En manos de Castro

Como era de esperar, el Fiscal Horrach carga las tintas contra Iñaki Urdangarín, en el caso Noos y pide cerca de veinte años de cárcel para él, mientras continúa defendiendo la inocencia de la Infanta, en consonancia con la postura que ha venido manteniendo, desde que se iniciara la instrucción de este caso.

En clara oposición a la conocida actitud del juez Castro, que en todo momento ha ignorado la procedencia familiar de cristina de Borbón, en un intento desesperado por aplicar una justicia igualitaria para todos los españoles, Horrach considera que si de algún modo habría que castigar a la hermana del Rey, sería admitiendo que se lucró de los capitales obtenidos de esta trama corrupta, aunque sin conocer la procedencia de los mismos.

Los ciudadanos, que reiteradamente han afeado la actuación de este fiscal, que reiterativamente se ha apartado de sus funciones específicas en este caso en concreto, esperan que la inflexibilidad de Castro al juzgar esta causa sea absoluta y que nadie se libre de ser condenado a la pena que correspondiese a sus delitos, con independencia de su apellido.

La acusación popular sin embargo, pide ocho años de cárcel para la mujer de Urdangarín y defiende su participación directa en los negocios que en este caso se tratan, con conocimiento pleno de que se estaban defraudando caudales públicos y utilizando estas ganancias en mil aspectos de su vida personal, como demuestran las cuatrocientas facturas que obran en poder del Juez.

Se da además, un flagrante agravio comparativo con las acusaciones que Horrach hace a la mujer del socio de Urdangarín , que podrían colocarla en una clara indefensión, siendo su posición en las empresas exactamente la misma que la de Cristina de Borbón, a quien no se le supone delito alguno.

Todo este caso, que desde el principio ha resultado extremadamente espinoso, precisamente por la importancia en la vida pública de los implicados, continúa, a día de hoy, constituyendo una enorme maraña que con toda probabilidad resultará difícil desenredar, si el juez no se afana en el estricto cumplimiento de sus funciones, a pesar de la multitud de presiones externas que ha recibido y recibe, desde que cayera en sus manos la instrucción de la causa.

La opinión general es que si Castro no se ha rendido hasta ahora, nada ni nadie podrá impedir que siente a la Infanta en el banquillo y que consiga a duras penas, llegar hasta el mismo fondo de este asunto, aunque no sea más que para demostrar que no se equivocaba en sus conclusiones, que le han costado una enemistad manifiesta con un fiscal, que más parece abogado defensor contratado por la Casa Real, que acusador, como debiera.

Por tanto, no parece probable que el Juez admita la aplicación de la Doctrina Botín, que seguramente reclamará la defensa de Borbón como último recurso y todo hace pensar que los españoles veremos al matrimonio Urdangarín, uno junto a otro, en el juicio, por mucho que pese al Gobierno, a la Casa Real y a todos los monárquicos del País, por la vergüenza que constituye para la Institución a la que pertenecen ambos cónyuges.

Pero el principio de igualdad ha de ser aplicado en los juzgados mucho más que en cualquier otra parte y es por tanto de Ley, que aquellos que delinquen se atengan a las consecuencias que acarrea el descubrimiento de sus delitos, sin que sea jamás posible la impunidad para nadie, sea Príncipe, o simplemente, mendigo.

Una condena a Cristina de Borbón, si la merece, reforzaría y mucho la opinión que los ciudadanos tienen sobre un deteriorado  Sistema Judicial, que ha venido desgraciadamente y con demasiada frecuencia, bailando el agua a los infractores fiscales, emitiendo ridículas sentencias que han permitido que la corrupción llegue a los niveles que está alcanzando últimamente.

El único camino para terminar con esta sinrazón es que los culpables, sean quiénes sean, devuelvan los capitales robados en su integridad y paguen con los años de cárcel que les corresponda, la osadía de haber cometido un delito que nos afecta directamente a todos.

Y ser Borbón, no constituye en modo alguno, un eximente.

A conveniencia

Después de que el PP consiguiera que los jueces defenestraran a Garzón, aparentemente por las escuchas de la Gurtel y ahora que el magistrado se encuentra apartado de la carrera judicial por unos cuántos años, el Ministro de Justicia propone aprobar una ley que legalice las escuchas telefónicas, alegando que en casos relacionados fundamentalmente con el terrorismo, podrían resultar absolutamente esclarecedoras para conseguir condenas, por parte de los jueces.

Por qué se trata ahora de aprobar esta ley con carácter de urgencia y por qué en el caso que llevaba Garzón estas prácticas fueron denostadas de la manera que todos sabemos, viene a corroborar la teoría de que legislar en este País, en este preciso momento, tiene mucho que ver con que  lo que se convierte en legal favorezca o no los intereses del Partido que gobierna y en este caso de un PP, al que no ayudaba nada que se llegara hasta el fondo de lo que ocurría en la trama Gurtel, al estar implicados en ella, un gran número de miembros relevantes de esta formación, como más tarde todos hemos visto.

Hasta dónde hubiera llegado la investigación de Garzón y a quiénes hubiera afectado, de haberse considerado las escuchas como legales, nunca lo sabremos, aunque podamos intuir que en este mayestático caso de corrupción, aún quedan fuera muchos más nombres de los que se conocen y que esos nombres quizá pudieran ser los de gente mucho más importante en el PP, que la que hasta hoy se encuentra imputada.

Que Garzón era sustancialmente molesto para el Partido de Rajoy no es ningún secreto y que su declarado apoyo a la Ley de Memoria Histórica fue una de las causas que le costaron el puesto, es algo que venimos defendiendo desde el principio, pero que su afán por llegar hasta el fondo mismo de lo sucedido con Gurtel puede ser la razón primordial que le colocara exactamente dónde está, lejos de poder culminar con el éxito que a todos nos gustaría, uno de los peores casos de corrupción de los últimos tiempos, es una evidencia irrefutable.

El descaro de legalizar las escuchas telefónicas ahora, por pura conveniencia, supone un agravio de dimensiones incalculables para el Juez, pero a la vez, termina por dar la razón a su teoría, anulando, aunque sólo sea de manera simbólica, la estúpida sentencia que le apartó del cargo, pero que no ha conseguido en absoluto acabar con el prestigio internacional que le acompaña.

Porque si las escuchas son, a partir de ahora legales, también lo serían antes y el argumento de la prevaricación viene a caer por su propio peso demostrando que el tiempo, inexorablemente, acaba por poner a cada uno en su sitio.

Tal vez la aprobación de esta Ley sirva para que Garzón pueda de algún modo, solicitar una revisión de su caso, declarándose afectado por un agravio comparativo que urgentemente debiera corregirse y tal vez, hasta encuentre apoyo en muchos de sus compañeros, si es que quieren mantener en sus decisiones una cierta independencia y no ser meras marionetas en manos de un poder político, que no debe injerirse en el campo de la justicia.

A los ciudadanos nos parece que en toda regla, los gobiernos juegan con las Leyes a merced de los vientos que para ellos soplan, sin tener en absoluto en cuenta qué es mejor para el funcionamiento de una nación o para el conjunto de la sociedad, que ha de regirse necesariamente, por ellas.

Porque si Garzón prevaricó ordenando las escuchas de la Gurtel, también prevaricará, y mucho más, el Ministro, si pretende redactar una ley que las legalice en su totalidad, por las razones que fueren.

Habrá que esperar al desenlace de esta historia, pero, en principio, uno no puede por menos que pensar que o todos nos hemos vuelto locos, o que el descaro de los políticos no conoce fronteras.

El pequeño conseguidor

Conscientemente, me he estado negando a escribir sobre la historia del pequeño Nicolás, por haber considerado, quizá equívocamente, que se trataba de una fantasía de un casi adolescente, que había decidido gastar parte de su tiempo en fotografiarse con gente importante del PP, siendo probablemente simpatizante del tipo de ideología que representan.

Pero resulta que el joven ha empezado a presentar pruebas tangibles de que verdaderamente existía una relación íntima con muchos de estos altos cargos y no queda más remedio que empezar a pensar que los casos de extorsión que ha protagonizado con ciertos empresarios, quizá no era idea suya, pues más parece un conseguidor contratado por alguien para llegar a obtener jugosos beneficios.

A pesar de que todos los miembros del PP que aparecen junto a él en sus fotografías han negado rotundamente conocerle y que organismos como el CNI han manifestado que nunca ha trabajado para ellos, los sitios en los que el Pequeño Nicolás ha logrado entrar, el lugar en el que ha estado viviendo y la utilización sistemática de coches oficiales durante las secuencias incómodas que otros han relatado, induce a dudar de la veracidad de las declaraciones de sus supuestos “compañeros” y más bien parecen dar la razón., al menos en parte, a este casi adolescente al que al principio, muchos tomamos por lunático.

El niño no es precisamente un idiota y ha ido almacenando pruebas fehacientes de su trato personal con determinadas personas y dice estar en posesión de ciertos videos que podrían poner en no muy buena posición, a todos aquellos que le han negado, por activa y pasiva.

De momento, hemos podido ver unas fotos de un alto cargo de la clase empresarial, cómodamente tumbado en el sofá de la casa de Nicolás y a decir de los periodistas del diario el Mundo, en los próximos días, irán apareciendo nuevas pruebas de que sus declaraciones no están tan alejadas de la realidad, como el PP pretende.

O sea, que puede que la gestión que realizó con los abogados de Manos Limpias, en torno al caso de la Infanta y la obtención de ciertos capitales de parte de varios empresarios para la obtención de concesiones de obras públicas, a través del Ayuntamiento de Madrid, sean ciertos, lo que pondría en un serio aprieto, no solo a los integrantes de la familia real, sino también al equipo de Ana Botella e Ignacio González, con los que por cierto, presume el niño de tener relaciones casi familiares.

Pinta muy mal para el PP si puede presentar pruebas de lo que dice, pues vendría a demostrar que las prácticas que aparecen en los papeles de Bárcenas continúan siendo algo habitual para mantener una fuente continua de ingresos en negro y habría entonces que investigar a qué bolsillos han ido a parar esos fondos, convirtiéndose éste, en un nuevo y escandaloso caso de corrupción relacionado también con gente relevante del PP y que iría directamente en detrimento de las aspiraciones electorales de Rajoy y su equipo.

Por tanto, habrá que prestar atención a lo que en principio no nos interesó demasiado y separar el polvo de esta paja que empieza a  tomar cuerpo por sí misma, a pesar de lo rocambolesco de esta historia, que más parece un guión cinematográfico, que una realidad posible en el seno de un Partido serio, sobre todo por la edad del protagonista.

Fotos, las hay con todo el mundo y nadie se libra de aparecer al lado de este portento, en toda suerte de actos institucionales, incluido el Palacio Real, el día que Felipe y Leticia tomaron posesión de la corona.

El niño, puede ser una fuente de inagotable información para los jueces y ojala que la investigación sobre su caso no acabe archivándose sin terminar de averiguar cuánto de verdad hay en las cosas que presume haber hecho y sobre todo, si es cierto que trabajaba para la Vicepresidencia del gobierno y otras personas de relevancia trascendental en un PP, que no levanta cabeza en los asuntos relacionados con la corrupción, ni la levantará, si  siguen apareciendo más,  a este ritmo.

El relevo

Mariano Rajoy pone  al frente del Ministerio de Sanidad  al fiel Alonso, que hasta ahora había desempeñado labores de Portavoz del Gobierno, sustituyendo a la dimisionaria Ana mato, desaparecida desde que se viera forzada a dejar un cargo, que la ha superado ampliamente en muchas situaciones vividas.

El Presidente apuesta por una continuidad que evite   poner en peligro su línea de gobierno y no se arriesga, estando como están cercanas las elecciones, a proponer a cualquier otro que pudiera acarrearle nuevos disgustos relacionados con la corrupción, aunque se le está poniendo difícil, a la vista de la larga lista de los que por esta causa han sido imputados y que procedían de su Partido. 

Poco puede esperarse, sin embargo, de este leal servidor de Rajoy, al frente de uno de los Ministerios que se han visto más afectados por la fuerza de los recortes y cuyos profesionales se encuentran permanentemente en pie de guerra, para defender una Sanidad Pública y gratuita, que no parece ser del agrado del PP.

Alonso siempre ha estado al lado de Rajoy, por lo que imaginar algún cambio en el campo de la Sanidad, ahora que ocupa la cartera, resulta del todo imposible, aunque teniendo en cuenta la espantosa gestión que ha llevado a cabo Mato mientras ha durado su mandato, nadie que llegue puede hacerlo peor, tan solo con que se preocupe de recabar algo de información sobre las cuestiones propias de este campo.

De momento, tampoco se le conocen a Alonso conexiones extrañas con tramas de corrupción, por lo que su llegada supone un punto positivo, dentro de la negatividad que aporta la gestión del PP, en relación con los temas sanitarios, por lo que habrá que suponer que todo seguirá siendo con él, exactamente igual que viene siendo, aunque un poco mejor gestionado.

Este nombramiento, que da la impresión de haber sido hecho para salir del paso, cierra en falso la profunda crisis en que se encuentran los mandatarios conservadores, sobre los que pulula continuamente la sombra de la sospecha, en varios de los casos de corrupción actualmente investigados y en particular, en el de Bárcenas, con sus famosos papeles, en los que muchos de ellos, incluido el Presidente, aparecen como perceptores de sobres en negro, procedentes de la extorsión a los empresarios españoles.

Y digo que se cierra en falso, porque en vista de lo que ha llovido, han existido motivos suficientes para que el gobierno en pleno se viera forzado a dimitir y para que se convocaran con carácter inmediato, nuevas elecciones generales.

Pero Rajoy prefiere siempre poner un parche que arregle momentáneamente las situaciones de peligro y continuar su camino, esperando que la gracia divina haga el milagro de solucionar los problemas, a ser posible, sin mancharse las manos, y sin tener que aparecer ante los ciudadanos para ofrecer explicaciones creíbles.

Alonso es uno de esos parches y todos lo sabemos, desde el momento en que el PP aún se atreve a defender a la Ministra saliente, a pesar de haber sido directamente acusada por el juez Ruz, de haberse lucrado de las ganancias ilícitas procedentes de Gurtel, convirtiéndose así, en la enésima implicada popular, en uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos tiempos.

Al final, de tanto parchear, alguno de estos sucios asuntos terminará por estallar en las narices del Presidente y no le quedará más remedio que marcharse por la puerta de atrás, naturalmente sin haber admitido nunca ni un solo error o culpa, pero vencido por la fuerza de la verdad, que siempre se termina imponiendo.

El truco final

Hasta dónde se puede llegar para conservar el poder, una vez que se han probado los privilegios que reporta, va a quedar claro ahora que parece que el bipartidismo está herido de muerte segura y así lo demuestran las declaraciones de María Dolores de Cospedal, afirmando que el PP estaría dispuesto a entenderse con el PSOE, en el caso de no sacar mayoría absoluta, en las próximas elecciones.

El imparable avance de Podemos ha hecho saltar todas las alertas en el corazón de los dos grandes Partidos, acostumbrados a repartirse periódicamente todos los cargos decisorios del País sin oposición peligrosa de otras fuerzas políticas y en este momento, visiblemente contrariados por la posibilidad real de que se venga abajo, un sistema que daban por asentado para siempre, en una cómoda posición de alternancia.

Enemigos declarados, PP y PSOE no han dudado durante todos estos años en atacarse mutuamente, con una ferocidad que muchas veces ha sobrepasado con mucho el límite de la chabacanería, llegando incluso a insultarse gravemente en las sesiones parlamentarias y haciendo creer a los ingenuos españoles que sus diferencias resultaban insalvables.

Los dos se han autoproclamado paladines de la derecha y de la izquierda, negando a cualquier otra Formación el derecho a defender ambas ideologías, aunque el tiempo ha venido demostrando que una vez alcanzado el poder, han terminado por parecerse grandemente.

Esto se ha visto claramente tras la llegada de la crisis, en la que sus dirigentes se han decantado por la aplicación de una clase de política pensada más para contentar a los exigentes socios europeos, que a la ciudadanía y directamente en consonancia con un sistema capitalista, que ha terminado por asfixiar a los ciudadanos, provocando su hartazgo.

Si a ello sumamos los innumerables casos de corrupción que hemos conocido y cuyos protagonistas pertenecen indistintamente a ambos Partidos, el caldo de cultivo para que los españoles buscaran otras vías, más en consonancia con sus deteriorados intereses, estaba servido y ha bastado que alguien les hable con cierta seriedad de que sus múltiples problemas pueden tener solución, para que la intención de voto cambie y los augurios para el bipartidismo sean, francamente apocalípticos.

En vista de estas inesperadas circunstancias, no queda otro camino para conservar el poder, que una alianza entre enemigos acérrimos, que consiga bajar los humos de los líderes de Podemos, demostrándoles que no puede ser tan fácil llegar a la Moncloa y que ni PP ni PSOE están dispuestos a rendirse sin lucha, si se diera el caso de que fueran desbancados en las elecciones, por un Partido con el que nadie contaba hace apenas un año.

Así que ya no importa la ideología, ni las brechas que antaño separaron a los protagonistas principales de estas historias y lo que verdaderamente cuenta es no permitir que un intruso reclame su parte del pastel, en esta farsa esperpéntica, en que se ha convertido la política.

Sin embargo, en la mano de los ciudadanos está no consentir que tal aberración se produzca, ofreciendo el voto libremente a quiénes, al menos, conserven la cordura de ser lo que son, sin venderse al mejor postor, llegando a traicionar los principios para no ser condenados al olvido.

Ahora, con más fuerza que nunca, habrá que votar a otros Partidos, los que sean, con tal de que este truco final no produzca las consecuencias que esperan estos ilusionistas de pacotilla, que sólo pretenden que las cosas sigan como están, es decir, muy bien para ellos.

 Es preferible tener un Parlamento fragmentado, en el que sea absolutamente imprescindible contar con los demás en cada decisión que se tome, que una tiránica mayoría que gobierne con mano absolutista sin que nada se pueda hacer, durante otros cuatro años, por evitar la tortura de su mandato.

Además de Podemos, otros Partidos pequeños aguardan su oportunidad de demostrar que también pueden ser opciones de poder, en esta maltrecha España que deja como herencia la mano del bipartidismo.

Habrá que pensar, en conciencia, qué es lo que queremos para nuestro futuro y actuar, ahora que vamos a poder, con plena libertad de decisión, para evitar volver a caer en el mismo engaño en que ahora vivimos.

Un nido de violencia

El opio del pueblo español, el fútbol, que hace tiempo  dejó de ser un deporte para convertirse en el negocio más rentable de cuántos tenemos, además de ayudar a los gobiernos a canalizar la indignación ciudadana, a través de los resultados de la liga y otras competiciones, propicia inequívocamente la aparición de ciertos grupos de fanáticos seguidores de los equipos, que se mueven casi exclusivamente y con la tácita complicidad de los Clubs, por medio de la violencia.

Dos de estos grupúsculos formados en su mayoría por gente intelectualmente pobre, como no puede ser de otra manera, a la vista de las acciones a las que se dedican, acaban de protagonizar un suceso en las calles de Madrid que se ha saldado con la muerte de un aficionado de poco más de cuarenta años y con una docena de heridos que han tenido que ser atendidos en los hospitales públicos, a pesar de que habían programado con anterioridad el encuentro, con la única intención de atacarse los unos a los otros, sin que mediara entre ellos más conflicto que el de pertenecer a equipos distintos, que jugaban entre sí, un partido más, un domingo cualquiera.

Estas “citas”, que resultan del todo incomprensibles para cualquier persona normal, pero que son algo rutinario entre fanáticos futboleros, ponen de manifiesto que todo lo que sucede alrededor de dicho deporte y muy particularmente el comportamiento de algunos de sus seguidores, ha de ser revisado severamente, a la mayor brevedad, por constituir en sí mismo un grave peligro para la seguridad de los ciudadanos en general y muy concretamente para aquellos que sólo con ánimo de divertimento, acuden a los campos para ver los partidos, muchos, acompañados de sus familias.

Y sin embargo, sin que se llegue a entender la razón, al fútbol se le consiente todo. No sólo ya que acumulen deudas millonarias con la Hacienda pública o que presuman de pagar por determinados jugadores cifras insultantes en unos tiempos como los que corren, sino también que periódicamente, alteren el orden público destrozando el mobiliario urbano e incluso locales cercanos a la ubicación de los Campos, llegando algunos individuos, como vimos ayer, a ser capaces de matar a palos, a navajazos, o por inmersión en el rio, a otros, simplemente porque cometen el “delito” de ser socios de otro club que no es el suyo o incluso, porque pasaba por allí, en aquel momento.

Llama la atención en estos casos el silencio ensordecedor de Interior, que ni siquiera califica a estos energúmenos sin cerebro como alborotadores profesionales, como suele hacer cuando se trata de hablar de manifestantes que han salido a las calles a protestar contra alguna medida del gobierno y a pesar de que estas historias de violencia se repiten Domingo tras Domingo, en casi todas las capitales de España. Todavía, ni siquiera se ha planteado la creación de alguna ley, que sancione duramente la reincidencia de estos individuos en este tipo de actos, que no es la primera vez que cuestan vidas, como todos podemos comprobar, si tiramos de Hemeroteca.

¿Hasta cuándo se va a seguir tolerando que los Clubs se desentiendan de lo que saben a ciencia cierta que pasa con estos seguidores, a los que incluso suelen mimar, por considerarlos una especie de élite, entre sus abonados?

¿Cuánto tiempo se va a ignorar el abuso reiterado de los dirigentes de los equipos, magnates casi todos, deudores con el erario de todos y consentidores tácitos de historias como la de ayer, de las que no hacen más que tratar de desligarse con buenas palabras?

La verdad, parece que los gobiernos tuvieran mucho que agradecer a este tipo de empresas, a juzgar por la inacción que protagonizan frente a ellas, tanto en las cuestiones financieras, como en las de las alteraciones del orden público que se producen a las puertas y dentro de los estadios.

Cierto es, que el Fútbol adormece conciencias y que gracias a él, muchos ciudadanos se evaden por un rato de los verdaderos problemas que les acucian, ofreciendo con esa evasión, un respiro al Gobierno.

Pero todo tiene sus límites. Y  la manera de afrontar todo lo que sucede alrededor de este negocio es, por lo menos, de una inmoralidad consumada y muchos de nosotros, afirmo, nos escandalizamos por ello.

Adulación engañosa

Tal como se esperaba, la visita de Mariano Rajoy a Cataluña no ha supuesto un acercamiento a los ciudadanos que allí residen, sino un encuentro con militantes del Partido Popular que, naturalmente, han aclamado todas y cada una de sus propuestas, dando la falsa sensación de que el apoyo a la teoría de la Independencia que se votó el 9N, cuenta con muchos menos adeptos de los que parece.

Ni siquiera se ha molestado en entrevistarse con Mas, que en ese momento se encontraba a casi doscientos kilómetros de distancia y que es el único interlocutor necesario, si es que Rajoy quiere de veras solucionar la enorme brecha abierta que le separa de los catalanes, a quienes ha terminado por hartar, con tanta intolerancia como ha demostrado con ellos, desde que comenzara su mandato.

Ya todos sabíamos que todo sucedería así, pues a fuerza de sufrir cada una de las decisiones tomadas por Rajoy, hemos terminado por adivinar su pensamiento, por lo que tenemos muy claro que difícilmente se apeará de su trasnochada españolidad, para ceder al menos mínimamente, en la visión que guarda sobre este problema.

Vuelve a caer en el manido error de creer que los militantes de su propio partido representan la opinión de todos los ciudadanos, negándose sistemáticamente a mirar a su alrededor para conocer la auténtica realidad que se vive en el país y en este caso, en Cataluña.

 Pero de tanto aguardar que los problemas se resuelvan con el paso del tiempo y  falsamente convencido del amor del pueblo por su persona, las situaciones de dificultad terminan por estallarle, una tras otra, entre las manos y no será menos la cuestión catalana, que no se atreve nunca a abordar de frente y en disposición de negociar una salida airosa a la crisis.

Puede Rajoy tener por seguro que ninguno de los presentes en la reunión que mantuvo ayer, votó en el 9N y que todos se consideran fundamentalmente españoles hasta la médula, como era de esperar procediendo del PP y adulándole como le adulan.

Con quiénes tiene que hablar es precisamente con los otros, si verdaderamente cuenta con un argumento de peso que  anule los deseos independentistas que albergan, aunque  para ello tenga que soportar las críticas sobre su gestión y sobre su propia persona, como debe hacer, cualquier buen político que se precie.

 Pero claro, eso supondría aparecer en las televisiones de medio mundo, abucheado por un buen número de ciudadanos mientras entra o sale de las reuniones y que se de publicidad, también, al testimonio que pudieran ofrecer los partidarios de la independencia, dando lugar a que la gente en general, se forme una opinión personal sobre el problema, que a lo peor, no le favorecería en absoluto.

Es mejor esconderse, o hacer ver que los apoyos con que se cuentan parezcan multiplicados por mil, ayudado por los aplausos de  los que sabemos de antemano que están y estarán con nosotros, aunque esto suponga, una vez más, falsear la verdad de lo que se cuece en el territorio catalán y de lo que sienten las personas que allí habitan.

Y aunque de este modo lo único que ocurra es que se alargue en el tiempo la solución de un grave problema, mantener el ego ante Europa y hacer creer allí que cuenta con una buena tasa de popularidad, también en Cataluña, se convierte para Rajoy en primordial, si quiere acabar la legislatura.

Afortunadamente, los demás observamos con objetividad los pasos que da y aún somos capaces de contar lo que vemos a quienes puedan llamarse a engaño, por lo que quiere hacerles entender un PP, que ya nada tiene que hacer en el panorama político en el que nos movemos.

Entre la corrupción, la ascensión imparable de Podemos, la marcha de la Economía, el aumento del desempleo y este irresoluble conflicto con Cataluña, los únicos que aún toleran a Rajoy son, seguramente, los que llenaban el Pabellón en que se presentó ayer y algunos más, que por razones de edad o enfermedad, no pudieron acudir a tan glorioso evento.

Si ésos representan a la totalidad del País, que las cifras lo demuestren. 

Poco convincente

Tenía que haberlo hecho él. Rajoy debió cesar a Ana Mato y no permitir por las razones que hayan sido, una dimisión a través de un comunicado, como si no fuera una Ministra de su gobierno la que se lucró de la extensísima trama Gurtel y a quién un Juez sentará en el banquillo, convencido de su participación en los hechos.

Tenía que haberlo hecho él, dando por una vez, la cara delante de los españoles, convocando una rueda de prensa y admitiendo con humildad, que la corrupción en el PP, no son unos cuantos casos aislados y que ha salpicado directamente a la cúpula del ejecutivo.

Ni siquiera Soraya Sáinz de Santamaría se ha atrevido esta vez a lidiar con el problema, quizá porque debe estar cansada de estar al servicio del Presidente cada vez que hay que comunicar un asunto sucio al pueblo o porque probablemente no estaba de acuerdo en que se cediera a Mato la facultad de dimitir, sabiendo como todos sabemos ahora, la enorme mancha que representa para el honor del ejecutivo y la más que posible pérdida de votos que traerá este asunto al PP, en las próximas elecciones municipales.

No debe ser grato asumir en todas las ocasiones difíciles el papel que corresponde al Presidente, ni vivir con la sombra de la sospecha planeando a diario sobre las cabezas de los compañeros más cercanos, esperando con angustia que en cualquier momento pueda saltar la noticia de una nueva implicación en delitos fiscales de alguno de ellos.

La cobardía de Rajoy no puede ser más evidente y le obliga a cometer error tras error, sempiternamente oculto en la oscuridad de su remanso de intimidad, lejos de cualquier conflicto que pueda perturbarle.

Pero está demostrado que en Política no hay amigos y la necesidad de dejar patente la limpieza absoluta de los gobiernos, exige mayor contundencia y una intervención inmediata, cuando uno de estos casos sucede.

Así que lo primero que tenía que haber hecho Rajoy es admitir la presunta culpa de Mato y apartarla fulminantemente del cargo que ocupaba, ofreciendo después todas las explicaciones posibles a una opinión pública, demasiado crispada por la profusión de corruptelas que se están descubriendo dentro del PP, en los últimos tiempos.

Es su responsabilidad y es su Partido. Él eligió a  Mato y él la puso al frente de uno de los Ministerios más complicados de gestionar y en el que no ha hecho otra cosa que cometer faltas garrafales, incluyendo la crisis del ébola.

El gesto “caballeroso” de permitirle dimitir, no ayuda en nada a que mejore la opinión que los ciudadanos tenemos de él, sino todo lo contrario. Puede que Ana Mato se haya sentido de este modo arropada por su Presidente y por la formación en la que milita, pero precisamente ese apoyo, parece denotar que a quienes nos gobiernan no les importa en absoluto tener en sus filas a presuntos delincuentes.

Mala publicidad para quien espera en la cuerda floja que no suceda una hecatombe electoral que deje al PP en tercera o cuarta posición en el ranking de los partidos políticos, perdiendo, tal vez para siempre, la hegemonía que junto al PSOE ha disfrutado mientras que ha durado la era del bipartidismo.

Y esto no ha hecho más que empezar. La sospecha de que muchos más miembros del PP puedan estar a un paso de ser imputados en la múltiple y variada gama de casos de corrupción que han sucedido en el país, es más que una mera evidencia.

El mismo Rajoy aparece en los papeles de Bárcenas y Ruz ha demostrado que no se arredra ante el peso de ningún nombre, a pesar de la mala instrucción que hizo al principio de estos casos, cuyas dimensiones son, al parecer, incalculables. 

Lo único bueno, es que Mato se ha ido y que con toda seguridad no volverá a ocupar ningún cargo de responsabilidad a partir de ahora, de lo cual, nos congratulamos grandemente.

Dada la ineptitud demostrada, es un alivio pensar que ya nunca caerá en sus manos nada que nos afecte y que además, no saldrá impune de los posibles delitos que  haya cometido, aceptando regalos provenientes de los negocios sucios de la Gurtel, de los que tendrá que devolver hasta el último euro.

En nada favorece esta historia a la comparecencia de Rajoy, hoy en el Parlamento, precisamente para tratar el tema de una corrupción, que va a terminar por empujarle a tener que convocar nuevas elecciones, si continúa al ritmo que va… y nadie lo remedia.

Rumores de cese

Por fin, el juez Ruz encuentra indicios razonables de que la Ministra Ana Mato se lucró de los negocios que su ex marido mantenía con la Gurtel y es más que probable que pueda llegar a ser imputada, convirtiéndose en la primera persona del actual Gobierno, judicialmente relacionada con una corrupción, por desgracia demasiado extendida entre los representantes políticos.

La noticia cae como un jarro de agua fría en la cabeza del PP, seriamente tocado por los resultados electorales que las encuestas auguran a Podemos, lo que constituye una pérdida más que notable del número de votos obtenidos en las últimas elecciones y que aún pueden bajar mucho más, si finalmente este sonado caso de corrupción se cobra víctimas que realizan labores de Gobierno.

Ana Mato ha sido ampliamente cuestionada desde hace demasiado tiempo, primero por las clarísimas sospechas que presuntamente la unían estrechamente con los implicados en Gurtel y más tarde por la espantosa gestión que está llevando a cabo al frente del Ministerio de sanidad y que alcanzaría altísimas cotas de inutilidad, con la crisis del ébola.

Por activa y por pasiva han pedido a Rajoy todos los grupos parlamentarios su dimisión, sin conseguir que el Presidente la apeara de su equipo y en multitud de ocasiones hemos oído su nombre coreado por las mareas blancas en la calle, a causa de la política de recortes que ha venido aplicando en la sanidad Pública, como representante primera de este Ministerio.

Igualmente fue muy comentada su estrategia de apelar al desconocimiento más absoluto de la clase de negocios que realizaba su ex marido, llegando incluso a pasar por alto la existencia de un coche jaguar en su propio garaje, atreviéndose a negar que lo había visto, delante de un montón de medios de comunicación que la acuciaban mostrándole además, facturas de viajes y de fiestas de cumpleaños, pagadas con capitales de más que dudosa procedencia.

Rajoy perdió la oportunidad de cesarla fulminantemente entonces y también la de hacerlo cuando en una rueda de prensa se hizo patente su total desconocimiento de la gravísima situación que se había originado con la cuestión del ébola.

La mantuvo y seguramente, hoy se estará arrepintiendo. Porque si finalmente se la imputa por delito fiscal en la trama Gurtel, la poca credibilidad que quedaba a los integrantes de su gobierno caerá estrepitosamente derribada por una acusación que cuenta con demasiadas pruebas de participación, como para que sea casi imposible demostrar su inocencia.

Nada le queda ya al PP para zafarse del brazo largo de la ley y poco tiene que hacer para que su pérdida del poder se convierta en un hecho.

El capital, ese que tanto ha defendido en sus tres años de gobierno, podría ser la chispa que prendiera toda la suerte de errores tiránicamente cometidos con la excusa de haber obtenido mayoría absoluta, convirtiendo esta legislatura en un polvorín que en cualquier momento podría estallar, llevándose por delante, hasta al último miembro del Gobierno.

La cachaza de Rajoy, su inapetencia al frente del ejecutivo y la manía de pensar durante meses cada decisión, para terminar equivocándose  de nuevo en la manera de afrontar cada problema, va a ser al final, la penitencia que tendrá que pagar a unos españoles, a los que ha ignorado sistemáticamente desde su atalaya de privilegio.

Con él, la solidez de su Partido, también se marchará por la alcantarilla, por más que le pese a otros miembros conservadores, como Aguirre y Aznar o a los que pensaban que la permanencia en los cargos que detentaban los suyos, sería eterna.

La encrucijada es tan clara, como cesar inmediatamente a Ana Mato, o dejarse engullir por la apatía que ha caracterizado a este Presidente.

Auguro que va a ser imposible terminar la legislatura, a este ritmo.

Tendrá que convocar nuevas elecciones y perderá, como no podía ser de otro modo, porque  de verdad que lo merece.

El éxito y el miedo

Alcanza Podemos casi un veintiocho por ciento en intención de voto, que si llegara a materializarse, podría  convertirle en la primera fuerza política del País, pasando por encima de PSOE Y PP y acabando en apenas un año de existencia, con la hegemonía del bipartidismo.

Se huele el miedo de los políticos de mayor relevancia en las formaciones que ahora manejan por completo gobierno y oposición, haciéndose patente, sobre todo, en la desenfrenada búsqueda emprendida para encontrar algún punto débil por el que desmantelar el éxito de estos jóvenes universitarios, salidos de los movimientos asamblearios de las calles.

No les cuadra que el rancio abolengo de que disfrutan, pueda terminarse en un momento, ni que algunos elementos políticamente incorrectos puedan aniquilar el estado de bienestar que atesoran, cada cual desde la atalaya de su puesto, obligándoles a abandonar las mieles del triunfo pasado, tan solo con la fuerza de los votos de los ciudadanos.

Pero la llegada de este momento era absolutamente previsible y el hartazgo de la sociedad hace tiempo que preludiaba un viento de cambio, aunque desde las burbujas insonorizadas en que se encuentran la mayoría de los políticos de los grandes Partidos, no se oyeron los ecos de las protestas reiteradas que se protagonizaban en las calles.

 Si no atendieron a tales reclamaciones era, quizá, porque andaban demasiado ocupados jugando a solventar los problemas de la macroeconomía, olvidando a la vez que la función primera para la que fueron elegidos no era otra que la de procurar el bienestar de las mayorías y no la de liderar un retroceso en las políticas laborales y sociales, que han llevado al país, a una situación límite.

Era lógico que al no sentirse representados en el Parlamento, los españoles buscaran un medio por el que canalizar sus trágicas inquietudes y que siguieran a cualquier líder que se hiciera eco de lo que ocurre a diario en sus vidas y que si además, a ese líder le acompañara una magnífica preparación y fuera capaz de formar un equipo que, de momento, cuenta con la opinión de todos los sectores de la ciudadanía, su éxito estuviera asegurado.

Hemos advertido muchas veces del inmenso error que han estado cometiendo nuestros dos últimos Presidentes, al anteponer los intereses de la Comunidad Europea, a las necesidades más urgentes de España y hemos avisado, por activa y pasiva, del distanciamiento que los representantes de los grandes Partidos y de manera escandalosa los del PP, han decidido tomar con respecto a la sociedad y de cómo esa incomprensible postura, acabaría por volverse en su contra.

Tanto es así, que ni siquiera ha hecho falta un gran esfuerzo por parte del recién llegado Podemos, para conseguir de inmediato una conexión profunda con todos los sectores de una sociedad, cansada de las vejaciones e injusticias que se han practicado habitualmente desde el poder y descorazonada por los altísimos niveles de corrupción que los integrantes del bipartidismo han protagonizado descaradamente en los últimos tiempos.

España está agotada de tanta tristeza  y la poca o mucha ilusión que hayan podido generar unas nuevas ideas  y un mínimo de esperanza en las aspiraciones de poder mejorar en un futuro próximo, devolviendo la alegría a los sacrificados habitantes de nuestros pueblos y ciudades,  bastan para apostar por un cambio que, sobre todo, no puede nunca ser peor que lo que ahora tenemos.

A Pablo Iglesias y a su equipo, se lo están dando todo hecho y ante la sistemática negativa del recalcitrante Rajoy a cambiar su incomprensible manera de gobierno y la falta de liderazgo de un PSOE que aún está pagando la derechización a que se ha sometido en los últimos tiempos, sólo le queda esperar que todo siga igual, para conseguir desbancar a unos y otros, en las próximas elecciones generales.

Hacen bien en temer que se acaba su tiempo, porque han abusado tanto del poder, obligando tiránicamente a la gente a un sacrificio extremo, mientras una cantidad ingente de ellos se enriquecían ilícitamente abusando de sus posiciones de privilegio, saqueando las arcas del estado, que ya no queda tiempo para la redención y la Sociedad se niega a dispensar algo que, precisamente por producirse en momentos de crisis profunda, resulta absolutamente imperdonable.

Quizá ha llegado el momento de que ciertos políticos conozcan en carne propia, cuáles son los efectos inmediatos de la profundidad de una crisis y tengan que refugiarse, como a nosotros nos pasó, dónde puedan, despedidos intempestivamente y sin derecho a indemnización, igual que muchos de nuestros desempleados, sin previo aviso, por haber conducido la empresa que dirigían y que es la España de todos, a la más absoluta ruina.