Una sociedad silenciada

Saca adelante el PP el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, con la oposición de todos los Partidos políticos que forman el Parlamento y sólo gracias a contar con la consabida mayoría absoluta que tanto daño nos está haciendo y nos hará, en lo que falta para que se acabe la legislatura vigente.

La “Ley mordaza”, ideada desde el principio como una medida de fuerza para evitar cualquier tipo de oposición ciudadana a los mandatos de este gobierno, acarrea para la Sociedad una nueva pérdida de derechos civiles  y la deja prácticamente indefensa ante las incontables tropelías que se están cometiendo contra ella, al castigar el derecho de manifestación en determinadas situaciones, con penas de altísimas multas, sin que medie un juicio donde presentar alegaciones, es decir, de manera tiránica.

Dos de los actos penados con mayor dureza son el de manifestarse a las puertas del Congreso y del Senado y el de prestar apoyo a los desahuciados, intentando impedir la entrada de las fuerzas del orden en los domicilios.

Tampoco se podrá grabar a los policías mientras ejerzan represión contra manifestantes,  aunque sus actos sobrepasen con mucho el ejercicio de sus funciones y bastará con la palabra de los agentes, para que a cualquier ciudadano se le pueda exigir el pago de multas, considerándose delito hasta el hecho de negarse a presentar el DNI, si la policía lo requiriese.

Negar el acercamiento de la ciudadanía al Parlamento, que teóricamente es el órgano representativo de la Nación y blindarlo hasta el punto de hacer imposible que nada perturbe la tranquilidad de quienes han llegado a ocupar un escaño, sólo gracias al voto de los españoles, constituye la mayor aberración de cuántas hemos conocido desde que se implantara la Democracia y atenaza nuestra libertad de poder dirigir nuestras quejas  ante las decisiones que allí se tomen, lo que resulta francamente inaceptable, si se tiene en cuenta que con nuestros impuestos financiamos en su integridad, los sueldos de los diputados y senadores que allí ejercen, incluidos los del PP.

Tampoco es fácil de digerir que mientras se permite con extrema laxitud que grandes evasores de capitales trasladen los fondos públicos a cuentas personales abiertas en Paraísos fiscales, se siga consintiendo en que se desahucie a miles de familias afectadas por el desempleo que ha traído la Reforma Laboral de Rajoy, sin admitir siquiera que la entrega del inmueble que habitaban salde la deuda adquirida con unos bancos, cuyo rescate estamos pagando todos, pero que se niegan a admitir un alquiler social de parte de los desahuciados, mientras se arregla su situación laboral, incluso en los casos en que hay por medio, ancianos y menores.

Qué debemos hacer los ciudadanos mientras se producen estos atropellos, es la pregunta que, en conciencia, nos hacemos todos los que consideramos que la política no consiste en acatar dócilmente las decisiones de unos cuantos, sino una pirámide en la que los de arriba han de estar necesariamente condicionados por los deseos de los que se encuentran debajo, a quienes han de representar fielmente y siempre en función de un beneficio para la mayoría.

Sin embargo y para el gobierno que encabeza Mariano Rajoy, los ciudadanos nos hemos convertido en una seria molestia que le repite a diario la cruda realidad de su estrepitoso fracaso y que impide, con su contestación mayoritaria, la vana presunción de haber sido los salvadores de una Patria que encontraron hundida y a la que han sacado, con sus acciones, de una profunda crisis.

Que se les recuerde en la calle, a las puertas del Parlamento o dónde fuere que hay un millón de desempleados más que cuando llegaron, que la Sanidad y la Educación han bajado considerablemente la calidad de sus servicios o que den la vuelta al mundo las imágenes de los desahuciados, arrancados violentamente de sus viviendas por las fuerzas policiales, frustra de manera indiscutible sus ínfulas triunfalistas y pone en evidencia la gravísima situación a la que nos han llevado y la opinión que todos tenemos sobre ellos.

Por eso, había que terminar, de la manera que fuere, con las protestas y sobre todo evitar que la desesperación popular pudiera llegar a convertirse en un ataque personal contra quienes han estado liderando esta suerte de catastróficas desdichas.

Para ellos, es mejor tratar únicamente con sus leales militantes, en mítines y reuniones donde la orquestación de los aplausos les haga creer, ilusoriamente, que su mandato ha sido un éxito.

Pero esa clac que les vitorea y les aclama allá donde comparecen, no es el pueblo español, ni representa siquiera a una buena parte de la sociedad, que piensa de una manera bien distinta.

El gobierno de Rajoy ha representado en realidad para los españoles, un retroceso histórico de incalculables consecuencias y del que nos costará trabajo salir, si no nos damos prisa en conseguir, por medio de nuestros, votos, que el PP abandone con urgencia las posiciones de poder que ocupa, procurando que no vuelva jamás y que comprenda el calado de sus acciones.

Podrán amordazarnos por medio de esta Ley, pero sólo hasta las próximas elecciones.