Allanando el camino

Una vez más, la influencia del poder político sobre los órganos de justicia queda patente, al conseguir que el Consejo General del Poder Judicial saque a concurso la plaza que actualmente ocupa el Juez Ruz, sin dar tiempo al Magistrado de terminar de aclarar todos los entresijos de Gurtel, lo que causará al menos un año de retraso en la marcha normal del caso, al pasar éste a manos de quien sustituya a Ruz, de Marzo en adelante.

Más que una decisión judicial, parece ésta una decisión política, que beneficiará sin duda alguna las aspiraciones electorales del PP, en el próximo año, al evitar que con toda probabilidad, puedan conocerse los nombres de nuevos implicados en la trama, seguramente como los demás, bajo el amparo de estas siglas.

A Rajoy se le pondrían las cosas aún más difíciles si Ruz continuara con el caso, convencido como está de la financiación ilegal del PP, a través de esta trama de corrupción y de la veracidad de los papeles de Bárcenas, que implican al mismísimo Presidente y a otros muchos, en el cobro de sobresueldos pagados en dinero negro.

Que el caso sufra un considerable retraso da un respiro al equipo de Rajoy, cuya situación se está convirtiendo en insostenible y le permite diseñar una nueva estrategia electoral de cara a las Municipales y las Generales, que al menos salve en parte, la debacle que supondría tener que dimitir en pleno, quizá imputados en su totalidad o en parte, por sucios asuntos de corrupción.

El escándalo está servido, pues no debe olvidarse que los miembros del CGPJ son elegidos directamente por los partidos políticos y que al estar en el poder, la mayoría de estos miembros han sido nombrados directamente por el PP, por lo que no es de extrañar que procuren favorecer en la medida que puedan, sus intereses.

La separación de poderes, que sigue siendo una quimera en la España actual, en vista de situaciones como ésta, aseguraría sin embargo la aplicación estricta de la ley, garantizando la independencia de los jueces y evitando el bochornoso espectáculo de tener que contemplar un presunto sometimiento de los órganos judiciales a la voluntad de determinados políticos, casi siempre con la intención de ocultar su relación flagrante con ciertos delitos fiscales, que sin embargo, o acaban siendo sobreseídos por haber prescrito, o se saldan con sentencias que garantizan la impunidad de los implicados, para vergüenza de una sociedad, escandalizada con lo que está ocurriendo.

Aparatar a Ruz del caso Gurtel, constituye sin duda, una de esas vergüenzas  y vuelve a poner sobre la mesa la poca equidad que existe en la justicia, cuando los delincuentes tienen que ver con  el ejercicio activo de la política.

La magnitud de este caso, que ha resultado ser de dimensiones incalculables, hace prácticamente imposible que Ruz pueda dar fin a su labor antes de Marzo y esto quiere decir que con toda seguridad, muchos de los que podrían haber sido imputados si se le permitiera llegar hasta el final en el ejercicio de sus funciones, permanecerán en el más estricto anonimato, consiguiendo así librarse de enfrentarse a la justicia y pagar lo que les correspondiese, en relación con sus delitos.

Y así será, no solo en este caso, sino en todos, mientras las decisiones últimas se encuentren en manos del CGPJ y esta Institución siga dependiendo de los deseos estrictos de los Partidos Políticos.

En otros Países, mucho más democráticos en el fondo que el nuestro, los jueces y los órganos judiciales son elegidos directamente por los ciudadanos, con lo que la imparcialidad de los mismos está al menos, garantizada por la limpieza de un sufragio universal, en el que participan todos aquellos que tengan edad para votar, de una manera libre e inalterable por razones externas.

Para llegar a ese punto, a los españoles nos queda aún un largo camino que recorrer y de momento, habremos de conformarnos con estas componendas que aunque causan en nosotros una máxima indignación, son protegidas por una ley, desgraciadamente también creada por la mano de los políticos.