Expulsados del paraíso

De todos es conocida la aversión que los conservadores sienten hacia la población extranjera residente en España y los muchos esfuerzos que han hecho, ya desde que eran oposición, por procurar un endurecimiento de las leyes, con la intención de evitar lo que ellos definen como “efecto llamada” y que no es otra cosa, más que un clarísimo cierre de fronteras, para impedir el paso a los sin papeles, que llegan desesperados desde África.

Era de esperar que en la larga lista de recortes que vienen afectando gravemente la economía de la población, alguno estuviera directamente relacionado con la inmigración, buscando una vuelta inmediata a sus países de origen, de todos aquellos que en los momentos de bonanza fueron subempleados en puestos de trabajo que los oriundos desechaban y que ahora ya no son necesarios, al haber aumentado el desempleo nacional, hasta límites que nadie hubiera creído hace tan sólo cinco años.

La vía más rápida que han encontrado para deshacerse del “sobrante humano” que en este momento resulta inservible, es el camino de la salud, retirando las prestaciones que la sanidad pública les prestaba sin exigir la regulación laboral, aunque muchos de ellos se encontraran inmersos en pleno tratamiento contra las enfermedades que padecen y a pesar de que el colectivo médico se ha negado, desde el principio, a ser infiel a su juramento Hipocrático, declarándose en rebeldía y continuando con su atención a los enfermos, independientemente de su nacionalidad.

A la vista de la impopularidad obtenida por la aplicación de estas medidas, hoy aprueban una resolución que permite devolver la tarjeta sanitaria a todos aquellos que desembolsen anualmente 700 euros, si son menores de 65años, y 1800, si sobrepasan esa edad. En ambos casos, los medicamentos correrán a cargo de la persona que los necesite y no de la Seguridad Social, ni siquiera en un porcentaje.

No hace falta ser un lince para pensar que el tipo de inmigración que reside en España al margen de la legalidad, es decir, sin papeles, no han de pertenecer precisamente a los estamentos más altos de la sociedad, ni habrán llegado al país a bordo de un JET privado, con la intención de ser colocados en las largas listas de espera que la Sanidad Pública tiene, para ser finalmente atendidos de cualquier dolencia que padezcan.

Los sin papeles, aclaro a la Ministra Mato, aterrizaron en territorio español, casi en su inmensa mayoría, a bordo de las consabidas pateras que tantas vidas han ahogado en el estrecho y empeñaron cuanto poseían en pagar a las mafias que los trajeron hasta aquí, en las desastrosas condiciones que todos conocemos, y siempre en busca de una esperanza de futuro, absolutamente negada para ellos, en sus lugares de procedencia.

Los sin papeles, que tan bien han servido durante años a los intereses de los empresarios sin escrúpulos, que a costa de su esclavización han eludido sus responsabilidades con la hacienda de todos, han sufrido ahora un nuevo encuentro con la miseria de la que huyeron y han sido los primeros en conocer de cerca los efectos de la crisis, quedando a merced de la caridad, hasta para cubrir sus más elementales necesidades, al verse, ellos también, sin trabajo.

Negar la atención médica al extracto más humilde de la sociedad, ya era un pecado de esos que el catolicismo de nuestros gobernantes consideraría como mortales y una falta de caridad rayana en la indecencia, pero pretender que quien nada tiene, invierta lo que recoge de la misericordia de sus semejantes en contratar un seguro médico privado que lo atienda, en caso de enfermedad, resulta ser la idea más esperpéntica de cuantas han propuesto los populares, en el caso de que creyéramos que no esconde otras razones más sibilinas, que se han olvidado mencionar.

El trasfondo de la cuestión es lograr a la mayor brevedad posible, que los extranjeros abandonen el territorio patrio, abocados a una situación de abandono absoluto, por parte de las mismas instituciones que antes les acogieron, e incluso llegaron a empadronarles en los municipios, para hacer uso de su derecho a votar.

La medida, no puede ser más xenófoba y clasista, pero incluirla en el programa, aunque ya estuviera pensada, hubiera supuesto una acusación inmediata de fascismo, que a los populares empeñados en hacernos creer en su actitud democrática, no hubiera convenido en absoluto, para cosechar un triunfo en las urnas.

Asegurada la mayoría absoluta en el Parlamento, el momento no puede ser más propicio para atajar el problema sin oposición posible y habrán considerado que ha llegado la hora de propiciar un regreso masivo de ilegales a sus países, probablemente con la intención de establecer a continuación, una ley de extremada dureza, que cierre a cal y canto nuestras fronteras.

A la espera de que la nueva resolución se encuentre con una contestación importante, aunque del todo improductiva a nivel práctico, dada la mayoría parlamentaria que detenta el PP, la repulsión que provoca entre los españoles está garantizada. La ruindad de cebarse con los colectivos más necesitados, incidiendo una y otra vez sobre ellos, hasta causar unos estragos irrecuperables entre las personas que los padecen, hieren en lo más hondo la conciencia de la sociedad y coloca aún más lejos de los ciudadanos, a estos gobernantes impíos, que no creemos merecer.

Su actitud deja claro que ni son Demócratas, ni Católicos, ni representan en absoluto la opinión general de su pueblo, que abomina de su deshumanización, poniéndose en la piel de todos aquellos a los que ahorra se destierra.