Días contados

La columna vertebral de la política española se ve hoy sacudida por el que promete ser  el mayor escándalo de corrupción hasta ahora conocido, a través de unos documentos publicados por el diario El País, que apoyan gráficamente la teoría de los sobresueldos de la cúpula del Partido Popular, con nombres, apellidos y fechas, como ya había apuntado El Mundo, unas días atrás.

Las identidades de los supuestos implicados, que van desde las de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, pasando por líderes actuales y pasados, de la talla de Arenas, Aceves,  Álvarez Cascos y el siempre ultraconservador Mayor Oreja, podrían representar un auténtico ultraje para el pueblo español,  sometido por estas mismas personas, a los recortes más brutales que se recuerdan  desde la llegada de la Democracia y que vienen acompañados también, de una pérdida paulatina de derechos sociales, practicados como respuesta a las miserias que se han derivado de la crisis, pero que no parecen haber afectado, a la vista de los documentos, a ninguno de los miembros más relevantes del PP, que a juzgar por las cifras manejadas, deben nadar en abundancia.

El “patriotismo” que han entonado durante tantos años, la bandera que defendían como si fuera exclusivamente suya y el espíritu de sacrificio que se adjudicaban como garantes del bienestar de esta España de la que se les llenaba la boca, nada tenía que ver, parece, con las historias personales  que protagonizaban en las trastiendas de sus propias Sedes y que hace patente la total incomprensión que han venido demostrando con las súplicas de los ciudadanos, llevados hasta el límite de sus posibilidades, por este año de gobierno a la desesperada, carente de toda humanidad y sentido de la lógica.

Si es cierta esta espeluznante contribución al empobrecimiento del país, si es cierta la reiteración de estas prácticas de carácter mafioso, ejercidas durante veinte años, sin ningún rubor, por estos defensores a ultranza de los valores morales y de espíritu ultra católico, que para mayor escarnio, son el Gobierno en cuyas manos se encuentra todo el poder, el atrevimiento de exigir a los españoles nuevos sacrificios para subsanar la situación en que nos ha dejado la avaricia de los banqueros, pero también en una gran parte, la suya y la de todos los corruptos del color que sean, podría ser considerado como una burla sin paliativos al mismo espíritu de la Democracia y como un intento reiterado y cruel de explotación de todo un pueblo, por parte de quienes no resultan ser precisamente un ejemplo de virtuosismo, sino practicantes de una insolidaridad canalla.

No se extrañen pues, mientras se pone en  marcha la lentísima maquinaria judicial, de encontrar una fuerte insumisión ciudadana a sus órdenes y decretos, más aún si siguen siendo, como es costumbre desde que tomaron mendazmente el poder, una cadena interminable de exigencias que van contaminando peligrosamente el aire necesario para la supervivencia de una mayoría, que no merece por su inocencia, politicastros de tan baja condición, como los que les han tocado en suerte.

Ya no basta con lanzar una negativa airada ante los medios, desentendiéndose estoicamente de la evidencia y utilizando como arma la soberbia que siempre caracterizó a la derecha, por mucha mayoría absoluta que los respalde en el Parlamento.

Los votos que obtuvieron con promesas volátiles de un cambio que en cambio, fue para peor, no incluían privilegios feudales obtenidos de manera ilícita, ni contemplaban la posibilidad de obtener riqueza de espaldas a la Hacienda Pública, ni la de poseer patente de corso para amnistiar a delincuentes fiscales y defraudadores como pago a su  silencio.

Tampoco los cargos que ocupan tienen ni han tenido jamás carácter vitalicio, sobre todo cuando hay sospecha de unos hechos, cuya gravedad impide el buen funcionamiento de las Instituciones, por la desconfianza que genera en quien es gobernado, la supuesta conducta de quienes le gobiernan.

Claro que al no ser este caso previsible, por considerarse como precepto la honradez de los candidatos a las elecciones, probablemente no existan mecanismos legales que permitan al pueblo exigir la inmediata dimisión de Rajoy y su gobierno y la convocatoria de nuevos comicios, como sería lo justo.

Y sin embargo, los ciudadanos no podemos permanecer al margen de cuanto está sucediendo, ni permitir que los asuntos de Estado sigan en manos de los protagonistas del escándalo.

Cuando las leyes no contemplan un  supuesto y este termina por darse indefectiblemente, no queda otro remedio que legislar a toda prisa, para dotar a los pueblos de una defensa que los ampare de los abusos que contra ellos se cometen.

Los días de Mariano Rajoy como P=residente de Gobierno, debieran estar contados. Ningún español confía ya en él, ni volverá a hacerlo nunca ya que ha  quedado muy claro, que nunca mereció esa confianza.