Puede que la maltrecha justicia española no consiga nunca
probar la supuesta implicación de la cúpula del PP, en el caso de los
sobresueldos de la extorsión, pero el Presidente Rajoy, después de oír su
intervención, tampoco podrá jamás dejar clara su inocencia.
De nada servirá a los españoles que toda la plana mayor del
Partido en el gobierno, haga públicas sus declaraciones de la renta, ni tampoco
la cuantía del patrimonio personal de cada cual, pues de ser ciertos los delitos
de que se les acusan, las cantidades recibidas por el sistema de los sobres, no
aparecerán reflejadas en modo alguno, en tales documentos, por tratarse de
dinero negro, ni nadie en su sano juicio haría una ostentación innecesaria si
recibiera cantidades de dudosa procedencia, invirtiendo descaradamente en
propiedades de la índole que fueran, que pudieran hacer sospechar a la justicia,
que no provienen de algo obtenido con el esfuerzo del trabajo.
No convence Rajoy con ninguno de sus argumentos, pues como ya
hemos referido en alguna ocasión, parece obligado hasta para el más oscuro de
los delincuentes, negar su culpabilidad por activa y por pasiva, aunque otra cosa
muy distinta, sea probarla.
Si los jueces se dejaran llevar por las declaraciones de
inocencia manifestadas por los encausados, las cárceles de todos los países del
mundo estarían hoy por hoy, vacías y ningún crimen habría obtenido sentencia
condenatoria, que obligara a sus autores a expiar su culpa, según corresponde a
derecho.
Tampoco sirve el ataque incontrolado contra el líder de la
oposición, que sin estarlo haciendo precisamente en el cargo que ostenta,
cumple con la obligación de exigir transparencia en un caso de la extrema gravedad
del que nos ocupa, e incluso parece haberse quedado corto, en la opinión de los
ciudadanos, al no haberse atrevido a pedir directamente, la dimisión de Rajoy,
quizá por no tener la mayoría necesaria para hacerle frente en el Parlamento.
Pero es que además, no es el nombre de Rubalcaba, ni el de
ningún otro líder de la oposición, el que aparece reflejado en la publicación
de El País, como perceptor de determinadas cantidades de dinero no declarado,
durante once años, ni tampoco es el ex tesorero del PSOE, ni de ninguna otra
formación política española, quien tenía en una cuenta en Suiza veintidós millones
de euros, ni quien ha blanqueado alevosamente, gracias a la amnistía fiscal del
PP, algo más de la mitad de esa cantidad, para escarnio de una población,
actualmente azotada por el paro y la miseria.
Nadie más que Rajoy y algunos otros individuos, cuyos nombres
también se encuentran en los papeles de la discordia, pero que en todo caso,
pertenecen al Partido Popular, están ahora obligados a explicar al pueblo
español en qué se fundan estas informaciones publicadas con todo detalle por la
prensa y han de hacerlo, a ser posible, sin apoyarse en el muy manido argumento
de inexistentes conspiraciones izquierdistas, pues no se puede olvidar, que
quién ha levantado el escándalo, ha sido, precisamente, una publicación cercana
a su ideología, que siempre apoyó su llegada al poder, como es el diario El
Mundo, con Pedro J. Ramírez, a la cabeza.
La intervención “sin preguntas” de Rajoy, que supone una
bofetada a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a ser informados
por una prensa imparcial de cuánto sucede en el mundo, podría calificarse sin
lugar a discusión, de patética y hubiera merecido, de no ser por la angustia
que genera lo que está sucediendo entre la ciudadanía, un plantón de los
profesionales del periodismo, a los que se ha hurtado sin rubor, cualquier posibilidad de intervenir
en el acto, para tratar de aclarar, por medio de las pertinentes preguntas,
algo del oscuro trasfondo que rodea a esta historia de poderosas mafias, que
ensombrece el panorama político español, dejando reducida la credibilidad de
los representantes parlamentarios, a meras cenizas.
Un presidente de Gobierno ha de tener categóricamente, la
obligación de presentarse ante la prensa con cierta periodicidad y sin
condiciones, sobre todo cuando se vierten sobre su persona, acusaciones de la
índole de las que se están manejando estos días y vive en una nación regida por
un sistema Democrático y no en una república bananera, donde el mandato
dictatorial impide por la fuerza, que el pueblo reciba otra información que la
suministrada por los órganos de poder y sin derecho a disidencias.
Puede que la intervención de Rajoy haya convencido a los
suyos de su pretendida inocencia, pero la población española, que es a fin de cuentas la que ha de decidir si quiere o
no dejar en sus manos tras este escándalo las riendas del poder, ha tenido la
sensación de tener enfrente a un cadáver político, que ni siquiera se ha
atrevido a querellarse contra los medios de comunicación que le acusan y que ha
empleado argumentos lacrimógenos sobre su propia capacidad para ganarse la
vida, negándose a la vez, hábilmente, a
reclamar una intervención policial y judicial, que serían las únicas que
podrían poner un punto de veracidad en esta truculenta y sórdida historia.
El pueblo no ha creído a Rajoy. Sus palabras, más que a
sinceridad, han sonado a excusa aprendida, que al hacerse sin ningún tipo de
contestación por parte de la prensa, ha quedado escrita en la historia de hoy,
como un esperpéntico discurso a la desesperada, hueco de cualquier posibilidad
de futuro para quien lo pronunciaba y que si aún conservara un poco de
dignidad, tendría que haber optado por dimitir y no por apelar a un sentido de
servicio a una España, a la que su
manera de gobernar ha llevado a la situación de crispación en que ahora está y
que ya no soporta argumentos que contradicen todos los principios de la
honradez y la decencia.
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