Sospechas fundadas

Sin abandonar los temas judiciales, que mantienen centrada toda la atención en el caso Urdangarín, el magistrado que lo lleva, no encuentra indicios de implicación, ni de la Infanta ni de su secretario, a pesar de dar por ciertos los mensajes presentados por Torres, en los que se menciona varias veces a la Casa Real, estableciendo lo que sería una conexión permanente entre los negocios de Noos y algunos destacados miembros de la misma.

El socio del Duque, sin embargo, afirma tener constancia de que Cristina estaba al tanto de todo lo que ocurría en las sociedades y al estar imputada su mujer, parece exigir igualdad de trato y no se sabe qué estrategia tendrá prevista para conseguirlo o si aún guarda en la manga alguna prueba de peso que haga cambiar al juez de opinión, respecto a este punto.

Entretanto, una revista del corazón de enorme tirada, publica una extensa entrevista con la amiga del Rey, Corina, en la que la interfecta deja caer que ha estado realizando labores diplomáticas para el Gobierno español, sin terminar de aclarar en qué consisten, aludiendo a una confidencialidad, que parece otorgarles una categoría de Secretos de Estado.

Y aunque el ministro de exteriores se ha apresurado a desmentirlo, la sola idea que un personaje así pueda estar manejando según qué información, acaba de apuntillar la opinión desastrosa que sobre la Monarquía se está formando la sociedad española, en los últimos tiempos.

Estos problemas cortesanos, vienen estupendamente al PP para desviar la atención del caso Bárcenas, pues el morbo que despiertan los líos de faldas parecen más entretenidos que las guerras de cifras evadidas y el pueblo necesita urgentemente de alguna diversión, para escapar de la nube de amargura que han traído la corrupción y los recortes practicados por el Gobierno.

Pero estos problemas no ayudan precisamente a conservar la buena imagen que España se ganó a pulso en la transición, sobre todo porque se hallan inmersos en ellos, justamente los más altos representantes de las más importantes instituciones políticas, lo cual hace que merme considerablemente la confianza que otros países pudieran depositar en gestiones futuras, de las que probablemente dependerá que encontremos o no, una salida airosa de la crisis.

Es verdad que no se debe generalizar creyendo que todos los cargos políticos son culpables de corrupción, pero el altísimo número de casos descubiertos y la sospecha que se cierne sobre el Presidente del Gobierno y el propio Rey, hacen muy difícil exculpar a quienes se encuentran en escalafones inferiores e incrementa los malos pensamientos dentro y fuera de nuestras fronteras.

No se puede convivir con el temor de tropezar a diario con noticias de esta índole y menos aún, cuando la estabilidad económica de la Nación es tan precaria.

El primer paso para alcanzar cierta estabilidad ha de pasar, necesariamente, por el conocimiento de la verdad. Que se inculpe a quienes hayan cometido delito, que se les juzgue y se les condene, que se les exija la devolución íntegra de lo sustraído y que se les inhabilite, de por vida, para ejercer cargo público alguno. Y que esto sea así independientemente de quién se trate, desde el Rey, hasta el último de los españoles.