Agua de borrajas

La percepción que tuvimos todos los españoles cuando se destapó el caso Bárcenas y los periódicos publicaron los papeles que implicaban a la plana mayor del PP en el oscuro asunto de las supuestas donaciones y los sobresueldos, fue la de que estábamos asistiendo al más grave asunto de corrupción, de cuántos hasta entonces se habían conocido y que exigía, por tanto, una respuesta contundente por parte de la justicia, al hallarse entre los nombres revelados, incluso hasta el del mismísimo Presidente.

También creímos, ilusos de nosotros, que la prensa de investigación, tan abandonada en los últimos tiempos, por evidentes razones partidistas, retomaba el camino de intentar el esclarecimiento total de lo que había estado ocurriendo durante más de veinte años tras las paredes de Génova y que contaba con la información suficiente para mover los cimientos del Partido conservador, intentando que la verdad resplandeciera por encima de todas las cosas, cayese quién cayese.

Pero el tiempo, que siempre suele jugar a favor de los presuntos delincuentes y  la poca voluntad demostrada por todos aquellos organismos a los que abarca esta extensa red de infinitos tentáculos, han empezado a desdibujar las certezas que en un principio parecieron incontestables y los mecanismos legales, creados por y en beneficio de los políticos, parece que van a conseguir que al final, todo quede en agua de borrajas.

No es de ley que los más altos cargos de las Instituciones pertenezcan, por tradición, a la formación que consigue el gobierno y que sistemáticamente, cada cuatro años, sean relevados de sus puestos, si cambia el signo del poder.

Siendo así, la disciplina les obliga a proteger con uñas y dientes la integridad de los compañeros, cuanto más, si se ven envueltos, muy a su pesar, en asuntos oscuros de los que resulta difícil salir y  en los que se agradece, no quieran saber de qué modo, cualquier ayuda que se pueda prestar y que aleje de ellos cualquier indicio de ilegalidad, como ocurre en el caso que nos ocupa.

Es por eso que sucede a menudo, que existiendo indicios más que probados de la culpabilidad de ciertos individuos, los organismos que tendrían que ejercer una mayor colaboración para el esclarecimiento de los hechos, encuentran enrevesados entresijos legales con los que abrir ranuras por las que dejar escapar a los principales encausados, unas veces por haber prescrito el delito, otras, por ser las cantidades manejadas inferiores a las que lo constituirían y otras, separando esas cantidades, una a una, obviando que la totalidad sobrepasaría, sobradamente, los topes a los que castigan las leyes.

Hacer la trampa se ha convertido para la clase política en algo casi tan importante, como hacer las leyes y de ahí, que los ciudadanos no podamos dar crédito a lo que vemos y que la impunidad para los autores de delitos de corrupción, se haya convertido en habitual, sin que ninguno de ellos llegue a pagar, jamás, por la vileza de sus acciones.

La milagrosa intervención de Hacienda a favor de los argumentos esgrimidos por el PP en el caso de Bárcenas, prueba fehacientemente que los políticos de este país son, por norma, siempre inocentes, sin que nunca se pueda demostrar lo contrario.

Pero los que albergamos la esperanza de que todo es factible de ser cambiado, esperábamos que el coraje de los jueces, a los que se niega así, cualquier posibilidad de administrar justicia, pudiera contrarrestar de algún modo este método de obstrucción, apelando a recursos que el código penal pudiera ofrecerles, para que estas infracciones que atentan, directamente, contra el bien de la sociedad, pudieran ser condenadas, cayendo sobre sus autores, todo el peso de la Ley.

Unos, como el juez Castro, lo intentan denodadamente y no parecen estar, a pesar de los contratiempos y las presiones, dispuestos a rendirse, pero el Juez Ruz, es hasta ahora, sobre todo por su provisionalidad, una incógnita cuyo resultado queda aún por establecer, sin que nadie sepa cuáles serán sus próximos pasos, ni si finalmente decidirá apostar porque prevalezca la verdad, aunque cayera el mismo gobierno.

 De su futura actuación depende, en mucho, que los ciudadanos podamos recuperar, o no, la confianza en la existencia de una justicia igualitaria y en la resolución de este caso, estriba, sentar un precedente absolutamente necesario, para que los que en un  futuro sientan la tentación de hacerse con fondos públicos, por métodos que todos conocemos, lo olviden.