Una polémica sentencia

A sólo tres días de la Huelga convocada por la Comunidad Educativa, en contra de la Ley Wert, Estrasburgo deroga la Doctrina Parot, que aplicaba las reducciones de condena obtenidas a cada una de las penas impuestas, por separado, en lugar de hacerlo a la condena total, lo que a veces, con anterioridad, había supuesto la puesta en libertad de presos de ETA, condenados por varios delitos de sangre, con resultado de muerte.

La resolución contradice contundentemente la opinión que siempre manifestó el PP, en materia de terrorismo y da la razón a los recursos presentados por los abogados de ciertos etarras, que ahora saldrán de prisión sin haber cumplido siquiera, una parte importante de su condena.

Sin embargo el Ministro de justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha reconocido que al gobierno al que pertenece, no le quedará otro remedio que acatar la sentencia, abandonando a su suerte a las asociaciones de víctimas del terrorismo, a las que siempre prometieron que los autores de los atentados cumplirían sus penas en su totalidad y que quizá esperaban del Partido conservador, mayor contundencia en defender la existencia de la Doctrina Parot, de la que han demostrado, si como ha sucedido finalmente, se ha decidido derogarla.

Quizá Gallardón se encontraba demasiado ocupado intentando reformar la Ley del Aborto y subiendo las tasas judiciales que han alejado la justicia de muchos españoles, como para dedicar el tiempo necesario para presentar una buena defensa en el tribunal europeo, como queda patente ahora que tenemos en la mano esta decisión inapelable, que no solo afectará a delincuentes relacionados con el terrorismo, sino también a otros que protagonizaron casos tristemente famosos, como el de las niñas de Alcacer.

Pero es que cuando un código penal no acepta en la vida real, que se cumplan penas superiores a treinta años, a pesar de que los autores de los delitos puedan ser condenados a milenios de privación de libertad, uno se arriesga a que los beneficios penitenciarios obtenidos por buena conducta, estudios, etc, terminen por suponer una reducción sustanciosa que potencia la libertad de los individuos, a veces, tras un corto periodo de estancia en prisión, que no se corresponde en nada, con la dureza de su crimen.

Convendría recordar que tras casos como los de Marta del Castillo o la niña Mari luz, asesinada en Huelva, un gran número de ciudadanos firmaron una petición para que se pudiera aplicar la cadena perpetua en determinados delitos, aunque la propuesta nunca prosperó, al no contar con el apoyo explícito de ninguno de los grupos parlamentarios.

Y sin embargo, habría que entender la decepción que supondrá la derogación de la ley Parot para los familiares de todas aquellas víctimas que a partir de ahora, podrán cruzarse por la calle con los asesinos de los suyos, sobre todo en el País vasco, donde el problema de ETA está aún cogido con alfileres y las heridas son, desgraciadamente, demasiado recientes.

Habrá no obstante que esperar para ver si realmente la sentencia se aplica y sobre todo estar atentos a las declaraciones que pueda hacer el PP, como el mayor defensor de la dureza en los asuntos de terrorismo, sobre esta decisión que le coloca en una posición de dificultad para seguir manteniendo su postura, incluso en la cuestión de dialogar con los miembros de ETA que todavía no han entregado las armas y que pueden encontrar en este argumento, un arma poderosa para defender en Europa sus reivindicaciones nunca satisfechas.