Guerra entre poderes

Como corroboración  a lo que decíamos ayer, a ese desasosiego que recorre las filas de los populares propiciando una improvisación continuada en su manera de desenvolverse, hasta ahora desconocida y en la línea de intentar ir, a la desesperada, con el pulso que late apresuradamente en las calles, las declaraciones del Ministro de Justicia, Catalá, sobre el caso de La Manada y que insinúan de manera cuasi insidiosa que el Magistrado arrastra una cierta “ singularidad” que no consigue o no desea definir de manera clara y sincera, se convirtieron ayer en el detonante de una reacción masiva por parte de todas las asociaciones de Jueces y Fiscales del país, generando un clima de tensión en el que se exigía, de forma unánime, su dimisión inmediata.

Las afirmaciones, vertidas en una cadena de radio afín a la derecha y en las que hoy se ha reafirmado el Ministro, sin aportar nuevas informaciones, han colocado en una dificilísima situación a las Instituciones judiciales, que reclaman, con una sola voz, la independencia lógica de un poder que ha de  subsistir necesariamente separado del político, en el mundo moderno.

En un momento en el que los populares han estado reclamando casi a diario, la ayuda de los tribunales, como única vía para poder resolver frentes de tanta envergadura como, por ejemplo, el problema catalán e intentando desesperadamente que los casos de corrupción que mantienen abiertos y cuyo calado ya conocemos, se solucionen para ellos, de la mejor manera posible, poner en duda la solvencia de determinados magistrados, con el único fin de acallar la tormenta mediática y popular que de repente se les ha venido encima, no sólo no consigue ensordecer las protestas ciudadanas surgidas a raíz de conocerse esta polémica sentencia, sino que zahiere, en lo más hondo, los cimientos de una Institución suficientemente desprestigiada, a la que se coloca en la cuerda floja, al sugerir un corporativismo entre sus miembros, que sin razones de peso, no puede ser probado fehacientemente.

Verdad es que la susodicha sentencia no sólo degrada en lo más íntimo la condición de todas las mujeres, sino que además puede poner  en entredicho, a nivel de calle, el conocimiento del magistrado discrepante con cualquier tema relacionado con la violencia de género. Cierto es, que la indignación que ha ocasionado este voto particular, tan minuciosamente detallado y que contiene, en sus doscientos folios, expresiones y suposiciones que denotan una extraordinaria falta de empatía  con la víctima, ha conseguido unificar sin fisuras la opinión de gente procedente de todo el arco ideológico del territorio nacional y también, que por su extrañísima sinrazón, resulta prácticamente imposible poder compartirlo, pero el  fallo judicial es, en este momento, el que es y está claro que no va a ser cambiado, anulado o eliminado, a base   de lanzar rumores  que habrían de ser estudiados y demostrados por las Instancias pertinentes o bien, utilizados de manera racional y legal, por quiénes corresponda, en la elaboración de los recursos que se presentarán, en los próximos días.

Esta prisa que le ha entrado al PP por demostrar solidaridad con la opinión de la calle y que de seguro ha sido uno de los motores que han movido a Catalá, para emitir una opinión de tal rotundidad, esperando seguramente, el aplauso de la ciudadanía, resulta sin embargo, a ojos de la gente de a pie, tosca, zafia y grosera y sólo puede contribuir a generar una mayor indignación, pues es meridianamente fácil preguntarse por qué, si se conocía esta misteriosa información, se permitió al Magistrado formar parte de la terna encargada de juzgar este caso de tan terribles características.

La seriedad que las Asociaciones de Jueces y Fiscales exhiben, al exigir la inmediata dimisión de este Ministro, que ya fuera reprobado por otras razones, por el Parlamento, sugiere que al Gobierno popular se le acaba de abrir un nuevo frente contra el que batallar, con la particularidad de que esta vez, quiénes lo integran, forman parte de uno de los poderes más importantes para el funcionamiento de un Estado, sin el que ninguna Democracia  podría sobrevivir, sencillamente por lo que en sí mismo representa.

El error cometido por Catalá no ha sido el de expresar su disconformidad con el contenido de la sentencia, cuestión que le concede su propia libertad de expresión, sino el hecho de olvidar el cargo que ocupa y que le obliga a someterse a ciertas reglas de comportamiento, lejos de la rumorología y basadas estrictamente en la veracidad comprobada de los hechos.

No se pide su Dimisión por la discrepancia, sino por la osadía de aventurar un argumento, que de momento, ni consigue sostener, como Ministro, delante de los ciudadanos a los que representa, ni por supuesto, ante los miles de profesionales que dedicándose a diario al mundo de la justicia, abominan de que se ponga en duda su imparcialidad, a la hora de pronunciar sentencias.

 Todos, hemos expresado por activa y pasiva, nuestra disconformidad integral con el voto particular emitido por este magistrado en cuestión y también con la tibieza que se refleja en el contenido de la propia sentencia. Seguramente, nuestra voluntad de tratar de evitar que casos como el que tratamos puedan volver a repetirse, terminará por dar sus frutos, porque no pensamos rendirnos, ni callar ante lo que nos parece una ofensa.

Quizá por ello, no estamos ni estaremos dispuestos a dejarnos manipular con fines políticos, por nadie, sea cual fuere el cargo que ocupe y venga de la Formación que venga.

EL PP, que había convertido en costumbre el hecho de judicializar la política, a través de las declaraciones de Catalá, invierte ahora los términos, tratando de politizar la justicia.

 Los ciudadanos, evidentemente, no podemos, sino adherirnos a  quienes exigen la dimisión del Ministro. Lanzar la piedra y esconder la mano, no parece la mejor práctica para arbitrar una solución digna, ni en éste ni en ningún otro asunto importante que pudiera surgir en cualquier momento.