Tras años de minuciosa investigación, de una larguísima
instrucción y de imputaciones que han afectado a una extensa lista de personajes
muy conocidos en el entorno del Partido Popular, el juicio de la trama Gurtel
ha llegado a su fin y la sentencia, que hemos conocido hoy, señala, por primera
vez en nuestra Historia, a una Formación política, como conocedora y
participante, a título lucrativo, en un gravísimo caso de corrupción,
condenando a penas realmente ejemplares,
a los principales implicados en este engranaje perfectamente diseñado, para que
diera los frutos apetecidos.
Aquellas maniobras conspiratorias que los populares achacaban
a Rubalcaba y a otros miembros de la oposición han quedado absolutamente descartadas
en el contenido de esta sentencia y las grabaciones que presentara José Luis Peñas,
han sido consideradas como válidas y tenidas en cuenta por los jueces encargados
del caso y todo el relato que una y mil veces negaran los conservadores,
calificándolos como asuntos aislados, ha quedo finalmente probado en el
contenido de los escritos que se nos presentan.
De nada han valido ni el contumaz silencio de Bárcenas, para
conseguir librar a su esposa de cualquier responsabilidad a este respecto, ni
los continuos cambios de versiones que han venido realizando los principales
encausados, tratando desesperadamente de huir de las acciones de la justicia,
ni las alegaciones de desconocimiento esgrimidas reiteradamente por los líderes
conservadores y el peso de la Ley, ha caído hoy, como una losa, no sólo sobre
los encausados, sino también sobre la imagen ya muy deteriorada de un PP,
demasiado debilitado por las circunstancias que estamos viviendo y sin pruebas
con las que defenderse de que ya son actos probados, judicialmente.
Los 33 años que le han caído a Luis Bárcenas, cuyos papeles
han sido trascendentales para que se pudiera probar la existencia de una caja B
en el PP, han venido acompañados, a pesar de haber callado, seguramente, una
gran parte de lo que sabe, por una condena de 15 años para su esposa, a la que
tratado de proteger permanentemente, de la manera que fuera, de una implicación
que los jueces consideran probada,
definitivamente.
Tampoco la parte empresarial ha salido bien parada en el
trance, pues se condena a Francisco
Correa a 51 años, a Pedro Crespo a 37 y sólo el locuaz Álvaro Pérez, el
bigotes, ha conseguido una absolución
que probablemente ni él mismo esperaba, aunque siempre dio la impresión de ser
un cabeza de turco, al que le venían grandes según qué tipo de acciones, por
sus escasos conocimientos.
Al mismo tiempo, la sentencia da por probada la existencia de
una contabilidad paralela llevada a cabo por el Partido Popular y la
financiación ilegal de Campañas electorales, por lo que condena a dicha Formación,
a la ex ministra Ana Mato y a Gema Matamoros, como beneficiarios de la trama, a
título lucrativo, a Alberto López Viejo,
el que fuera consejero Esperanza Aguirre, a 31 años y a Jesús Sepúlveda a 14, como participantes en
los hechos.
La sentencia, que relata ampliamente cómo se urdió la trama
que proporcionó durante años jugosos beneficios a la empresa dirigida por
Correa y también a la caja B del PP, nutrida a base de donaciones
intercambiadas por concesiones de sendos contratos en obras y servicios de la
Administración del Estado, expresa también que el montante obtenido por esos
medios, se movió impunemente durante años, hacia cuentas abiertas fuera del
país, creándose así un extenso armazón sobre el que cimentar la comisión
reiterada de este tipo de delitos, que ahora han quedado, por fin, totalmente
al descubierto.
Las reacciones de la oposición al completo no han tardado en
llegar, aunque los populares guardan, hasta el momento, un escrupuloso
silencio, seguramente preparando una respuesta que ya no tendrá ningún sentido,
al haber quedado su credibilidad, absolutamente acribillada por la crudeza de
los acontecimientos.
Si ha valido o no la pena esperar tantos años, ya se irá viendo,
pues los recursos se pondrán inmediatamente en marcha y todo podría cambiar en
el Supremo, pero la versatilidad del dictamen, la minuciosidad escrupulosa con
que se narran los hechos y el encaje perfecto de las piezas que tanto han
complicado la ejecución de este dificilísimo puzzle, tan estrechamente relacionado
con las cloacas del poder, convierten a esta sentencia en la más vergonzosa de
cuántas hemos conocido y al Partido Popular en una especie de empresa dedicada
a labores oscurantistas que ha estado funcionando, al más puro estilo de las
mafias organizadas, con la diferencia de que en estos momentos, es el encargado
del Gobierno de esta Nación.
Algo como lo que acaba de suceder, provocaría, en cualquier
otro lugar, la dimisión inmediata del Ejecutivo al completo. Pero esto es
España, dónde para nuestra desgracia, todo continúa siendo diferente.
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