Un punto de cordura

El Juez Pedraz  planta cara a la aprobación de la Ley de Justicia Universal y decide seguir adelante con uno de los casos más terribles que se recuerdan en España en los últimos tiempos, como fue el de la muerte del cámara José Couso, en el hotel Palestina de Irak, a manos de integrantes del ejército de Estados Unidos, que participaban en la guerra que costó el derrocamiento de Sadán Hussein.

Como todos recordamos, el cámara se encontraba cubriendo junto a Jon Sistiaga la información sobre la contienda, cuando fue atacado prácticamente en directo, en la terraza de un edificio ocupado casi exclusivamente por periodistas, por un ataque americano, que causó posteriormente su muerte.

Qué vio José Couso en el momento en que fue descubierto por los soldados, sigue siendo una incógnita que probablemente nunca será resuelta, a juzgar por la serie de trabas que el gobierno norteamericano está poniendo a una investigación que ya dura más de diez años y que no ha contado precisamente con una colaboración exhaustiva de las autoridades españolas, quizá porque el esclarecimiento de lo que pasó podría acarrear un conflicto internacional, si como se intuye, Couso fue víctima de un ataque intencionado y sus heridas no se debieron a una terrible casualidad, como han tratado de defender, primero Bush y después Obama, en su pretensión de limpiar la imagen de su ejército.

 La nueva Ley de Justicia Universal que se ha encargado de aprobar con carácter de urgencia el PP, deja  éste y otros casos fuera de la jurisdicción de los magistrados españoles, convirtiendo a partir de ahora nuestro país en un lugar donde la impunidad de crímenes contra individuos o colectivos, si se cometieran fuera de nuestras fronteras, no podrán ser juzgados.

Sin embargo, parece que Pedraz ha encontrado una grieta por donde volver a entrar en el caso de Couso, estableciendo una grave incompatibilidad de la recién aprobada Ley con el espíritu establecido en la Convención de Ginebra, que no ha lugar al abandono de investigaciones como la que nos ocupa, al tratarse del asesinato de un inocente que no tenía ni había tenido participación en la contienda.

Pero conociendo lo que viene ocurriendo en la justicia española, la postura de Pedraz, oponiéndose contundentemente a los dictados de Rajoy y su gobierno, probablemente puede acarrearle  graves problemas, del estilo de los que encontró Garzón, si los expertos que asesoran al ejecutivo pudieran hallar algún punto débil en su alegato, con el que poder rebatir la fuerza de sus argumentos.

Sin embargo, el malestar que entre los jueces ha causado la aprobación de esta Ley, que deja a muchos de ellos sin posibilidad de continuar trabajando en casos que se hallaban en plena fase de instrucción, podría traer consigo una protesta colectiva que cambiara el curso de los acontecimientos, sobre todo si la propuesta de Pedraz acaba prosperando y finalmente el caso de Couso puede llegar a resolverse y los culpables pagan por la naturaleza de su delito.

Para los ciudadanos, a los que la Ley del Derecho Universal había escandalizado de manera notable, el valor de este juez, empeñado en llegar hasta el final en el caso de Couso, repone un poco la poca credibilidad en la justicia que nos está dejando la emisión de determinadas sentencias  y permite creer que, al menos, en el caso de determinados profesionales, la manipulación política es imposible, como debiera ser lo habitual, si se quiere imponer la limpieza en las decisiones judiciales.

Nos congratula que las trabas que Pedraz ha encontrado desde que empezara a instruir este caso, no hayan conseguido desanimarle y sobre todo, que esté dispuesto a enfrentarse a escollos mucho más difíciles de salvar, como el de esta absurda Ley, aunque se encuentre bastante solo ante el peligro.

Su postura, pone un punto de cordura en esta locura colectiva que parece haber afectado a la judicatura española y merece la admiración de quienes pensamos que nada es posible, sin el buen funcionamiento de una justicia libre e igualitaria.