Peaje colectivo

Cuesta entender que en este País, cuando fracasa un negocio millonario, de esos que se inventan los políticos para su propio engrandecimiento, la deuda tenga que ser asumida por el Estado y por ende, por todos los ciudadanos, que precisamente en este momento, han sido sobradamente perjudicados por los efectos colaterales de la crisis.

Ya pasó con la Banca, a causa de la cual, estamos pagando un rescate que heredarán nuestros hijos y ahora vuelve a ocurrir con las autopistas de peaje que muchos se encargaron de potenciar, como por ejemplo en Madrid, alegando que aliviarían los atascos producidos en la circulación y que han demostrado resultar absolutamente improductivas, a juzgar por el pequeñísimo número de personas que se han animado a utilizarlas.

Las ínfulas faraónicas de Aguirre y Gallardón, que reportaron al Ayuntamiento madrileño unos débitos de los que tardará en recuperarse, no han aportado a la Sociedad en general, más que enormes quebraderos de cabeza y tener que aceptar ahora que el Estado se haga cargo de estas carreteras fantasmas, exigiendo a los sufridos ciudadanos aún más esfuerzo del que ya están haciendo, si se quieren mantener en funcionamiento y que no acaben por quedar reducidas a cenizas, como sucedería en breve, si alguien no se compromete a pagar la deuda.

De toda la vida, cuando alguien se decide a montar un negocio, lo hace con la consciencia de que ha de reportar, necesariamente, una serie de riesgos y de que si termina por no marchar como se tenía previsto, tendrá que asumir las pérdidas, de igual modo que si resultara exitoso, asumiría los beneficios.

No sé qué tendrán de especiales los empresarios de la Banca y los constructores de estas autopistas de peaje, para que tenga que ser el Erario público quién se haga cargo de  su ruinosa situación, como si la culpa de la mala gestión en el funcionamiento de sus empresas correspondiese a los españoles y no a los empresarios que las fundaron.

Pero en este País, parece que somos especiales, hasta en los peores momentos y al gobierno actual, que tan reacio se muestra en destinar dinero a fines sociales de primera necesidad, no le duelen prendas en invertir, cuando se trata de soslayar los gravísimos errores cometidos por gente de su propio partido.

Así estamos contribuyendo los españoles a mantener aeropuertos que nunca se utilizaron, como el de Castellón, a reflotar entidades bancarias, a causa de las cuales hemos tenido que ser rescatados, como Bankia y ahora también tendremos que acudir a responder por la deuda de las carreteras de peaje, como las de Madrid, de las que tanto presumió la Señora Aguirre, mientras las inauguraba.

Y digo yo: si se exigiera a los que potenciaron con su apoyo personal a estas empresas que contribuyeran de su bolsillo a reflotarlas, quizá en tiempo futuro, muchos de ellos se pensarían muy bien si les convenía intervenir a favor de este tipo de ruinosos negocios.

Pero mientras las cuentas de estos señores permanecen intactas, muchas veces en paraísos fiscales y lejos del alcance del fisco español, las de los ciudadanos son continuamente asaltadas por los políticos de turno, provocando cada vez más que no podamos llegar a fin de mes, ni siquiera los que tenemos la suerte de seguir trabajando.

Por eso, cada vez resulta más frecuente preguntarse dónde está la justicia.