Justo en el aniversario del 11M, el condenado Rafa Zouhier
que está a punto de terminar el cumplimiento de la condena por su participación
en los hechos, publica una carta en la que defiende su inocencia y en la que
pide no ser expulsado del País, al haber contraído matrimonio con una española
y haber, según él, recibido varias ofertas para trabajar como colaborador en
más de un programa del corazón, sin que en ningún momento manifieste los nombres
concretos de las cadenas.
Aún sin saber si se le
concederá la petición, las razones aducidas por Zouhier, simplemente para
solicitarla, ya mueve las conciencias de todos los españoles y una llega a
preguntarse, de ser cierto el ofrecimiento de trabajo a que se refiere en su
carta, dónde están los límites de la ética para las televisiones de esta Nación
y cómo puede permitirse, si llega a darse el caso, que semejante individuo
pueda llegar a convertirse en un rostro que se cuele cada día en nuestras
casas, no sabemos para hablarnos de qué, aunque suponiendo que ha de estar
necesariamente relacionado con los trágicos sucesos que sacudieron la columna
vertebral de nuestra sociedad, en los que participó activamente y por los que
fue condenado.
Necesariamente surge la incógnita de qué dirían los sesudos
varones del PP, si tuvieran que ver por ejemplo, al etarra Bolinaga sentado
cada tarde en una tertulia televisiva, comentando al detalle los crímenes
cometidos por la organización a que pertenece y mezclando los nombres de las
víctimas con los de los personajes del colorín e intentando desentrañar las más
oscuras historias que tras cada uno de ellos se ocultaba, tal como ocurre en
cada uno de esos programas casi todos los días, sin que ninguna ley ponga freno
a la naturaleza del disparate.
Pero no se puede olvidar que para su desgracia, las víctimas del 11M han sido reiterativamente
consideradas como de segunda fila por este gobierno, quizá porque prestarles
apoyo no le reportará jamás la suculenta cantidad de votos que durante años han
recibido por aparecer en la foto, al lado de los afectados por el terrorismo de
ETA.
Que el 11M es un asunto que afecta a los populares
negativamente, es un hecho conocido por todo aquel que demuestra un mínimo
interés por el desarrollo de la política y que a la salida de Zouhier no se le
ha dado la misma importancia que a la liberación de los etarras, tras la
sentencia de Estrasburgo, no puede ser más evidente.
Así que no sería de extrañar que tratándose de alguien que ya
ha cumplido su condena, en los próximos días pudiéramos oír que no les queda más remedio que acceder a su petición
y que la deshonestidad de determinados programas conviertan en un hecho su
aterrizaje en los medios televisivos, sin que los sentimientos de los
supervivientes de la tragedia, ni el de los allegados de los muertos, suponga
ningún tipo de traba para que este personaje permanezca en España, buscándose
la vida de la manera que considere más oportuna.
Y como estas víctimas no son precisamente proclives a
utilizar su dolor organizando manifestaciones multitudinarias ni arrastrando
consigo a rostros relevantes de la política, alguien podría pensar que su
silencio pudiera ser síntoma de que en el fondo les da igual lo que ocurra con
el destino de Zouhier, aunque los demás estemos convencidos de lo contrario y
admiremos la enorme entereza que demuestran, al no politizar su tragedia, ni
haberlo hecho jamás, como han demostrado los hechos.
Para que quede claro, las víctimas del 11M siguen y seguirán
padeciendo durante toda su vida las secuelas de su tragedia, en igual o mayor
medida que otras víctimas más afortunadas por la atención de este gobierno y
han de estar necesariamente ahora mismo, absolutamente indignadas por las
noticias que llegan sobre la liberación de Zouhier al que con toda probabilidad
consideran colaborador innegable de la desaparición de los suyos y para el que
recomendarían en todos los casos, una deportación inmediata que le hiciera
desaparecer de su entorno para toda la vida, como querría cualquiera que
pudiera encontrarse en el caso en el que ellos se encuentran.
Así que si la inmoralidad de alguna cadena promoviera que su
presencia se hiciera habitual en alguno de los espacios emitidos bajo sus
siglas, quienes las gobiernan tendrían que saber que su decisión bien podría
volverse en su contra, si todos los ciudadanos que nos consideramos gente de
bien, nos negamos a volver a sintonizar ninguno de sus programas, provocando
una debacle en su audiencia, como justo castigo a la osadía de haber traspasado
todos los límites imaginables de la ética, aunque ahora se haya puesto tan de
moda.

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