Policías y manifestantes de la Marcha por la Dignidad,
continúan enfrentados dos días después de los sucesos del pasado Sábado, los
primeros quejándose de indefensión ante los ataques que se saldaron con más de
cincuenta heridos y los segundos, reclamando la libertad de los detenidos, a
pesar de haber sido liberados ya varios de ellos.
La Delegada del Gobierno de Madrid, pone su granito de arena
y se querella contra los organizadores de la concentración reclamándoles el
montante de los daños materiales producidos, a pesar de haber reconocido en
múltiples entrevistas que los que provocaron violencia fueron un grupo reducido
y que el acto transcurrió con total normalidad, de no haber sido por estos
incontrolados que actuaron a última hora de la tarde.
Quién tiene la razón en este asunto, resulta difícil de
dirimir, si se tiene en cuenta que las quejas de unos y de otros, podrían
considerarse totalmente legítimas y si como se presume los que provocaron los
enfrentamientos nada tenían que ver con quienes participaban pacíficamente en
la manifestación, la resolución del dilema parece imposible.
Verdad es que este grupo numeroso de provocadores parecían
traer aprendida la lección y que la policía se vio al final, absolutamente
acorralada por unas tácticas que podrían ser consideradas de guerrillas, quizá
porque los superiores encargados de cursar las órdenes no podían, en ningún
caso, prever los derroteros que iba a tomar la clausura de la protesta.
Pero también es cierto que si cargas de mayor contundencia
hubieran sido autorizadas por los mandos, algunos inocentes que nada habían
tenido que ver con el ataque, hubieran terminado sufriendo en carne propia toda
la fuerza de una represión absolutamente inmerecida, por el mero hecho de
encontrarse en el lugar equivocado, en determinado momento.
Dónde está la frontera a la hora de decidir con qué dureza
deben actuar las fuerzas del orden, parece ser el quid de esta cuestión que hoy
a todos preocupa, aunque lo natural y lógico en actos como este, sería que la
labor policial se limitase a la mera vigilancia, tratando de investigar a la
vez, si dentro de las manifestaciones van infiltrados que acuden a ellas con
fines distintos de quienes las organizan.
Es por esto que no puede ni debe cargarse el peso de la Ley
sobre personas ajenas a los actos de violencia y sí tratar de conocer la
identidad de los que los protagonizaron, para que paguen los autores de los delitos y no los que
convocaban la protesta, ejerciendo un legítimo derecho.
Igual que otras veces hemos denunciado los abusos policiales,
apoyando a los ciudadanos atacados con virulencia por una represión desmedida,
toca hoy, en justicia, entender que la radicalidad nunca tiene sentido y menos
aún, cuando se hiere a personas, sea cual fuere su profesión, sin móvil
aparente.
Mientras Madrid despide con honores al fallecido Presidente
Suárez, todos esperamos que este otro asunto se aclare a la mayor brevedad,
acercando posturas y siempre en contra de cualquier tipo de violencia.

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