Justos por pecadores

La huelga de tres días, de los estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria, en contra de la Ley Wert, se ha topado con  la mala suerte de producirse inmediatamente después de los sucesos del pasado sábado en Madrid y las manifestaciones convocadas por los jóvenes están siendo reprimidas con especial violencia, quizá porque la policía no olvida lo que les ocurrió a sus compañeros, en los enfrentamientos con un grupo de violentos, que nada tenían que ver con los participantes en la Marcha por la Dignidad.

Unas fuerzas del orden absolutamente indignadas por la indefensión en que se encontraron sus compañeros, parece que no van a volver a tolerar la disyuntiva de hallarse en un trance como éste y sin establecer discriminación alguna entre los participantes de la protesta estudiantil, cargaron ayer con especial contundencia, produciendo varios heridos y practicando numerosas detenciones.

 El dilema moral  que debe asaltar a un policía, al tener que decidir si está de acuerdo o no con lo que últimamente la gente reclama en la calle, ha de ser necesariamente, de difícil resolución.

Cierto es que su obligación en el plano laboral pasa por acatar las órdenes recibidas y puede que a algunos de ellos les parezca que no han sido afectados por los recortes que han mermado considerablemente el modo de vida de los españoles.

Pero en su mayoría, son ciudadanos que,  exactamente igual que todos nosotros, han sufrido directamente los efectos de la crisis. Sus hijos habrán de hacer frente, como los nuestros, a la subida de tasas universitarias y los recortes practicados en todas las áreas sociales también les atañen, como a nosotros.

Así que sus problemas han de ser necesariamente cercanos a los nuestros y por tanto, debieran comprender perfectamente la necesidad que los ciudadanos tenemos de  ejercer nuestro libre derecho a la protesta y salir a las calles y manifestarnos, cuántas veces consideremos que somos atacados por nuestros gobernantes, en relación con nuestros derechos.

Y sin embargo, no existe una empatía entre los guardianes de la Ley y la sociedad, en tanto en cuanto parece que ellos se encuentren permanentemente en un estado de alerta, necesitando  identificar a los ciudadanos que acuden a las protestas, como si se trataran de peligrosos delincuentes dispuestos a terminar con el Estado democrático.

Debieran considerar, al menos, que esos manifestantes también están clamando por sus propios derechos y ser, por tanto, infinitamente más tolerantes y educados con una ciudadanía que, por lo general, nunca puede ser acusada de practicar la violencia.

No ayudan nada, declaraciones como las de quienes empiezan a hablar de que las manifestaciones van intencionadamente a desestabilizar el Estado de derecho, dando la razón a un PP absolutamente en desacuerdo con que la ciudadanía protagonice ningún tipo de protesta, con tal de mantener a los ojos de Europa una falsa sensación de estar haciendo una buena política a favor de los españoles.

Ahora toca defender a capa y espada que ya hemos salido de la crisis y las marchas, las manifestaciones y las discrepancias contundentes que se están organizando en las calles, ensucian la imagen que pretende ofrecer Rajoy de su modo de gobernar y la de los ministros que le ayudan a regir los destinos de este País.

Esta táctica y el apoyo velado de los que con sus declaraciones dan la razón al gobierno, no hacen otra cosa que agrandar la enorme brecha que se ha abierto entre políticos y ciudadanía, provocando un  efecto indeseable que aumenta por momentos, el grado de indignación de los que nos sentimos engañados.

Ideas como la de Ana Botella, de crear espacios especialmente destinados a las manifestaciones, lejos del centro de las grandes ciudades y en especial de Madrid, no hacen más que corroborar cuanto digo.

Pero la ley apoya específicamente la libertad de expresión y reunión de la gente y el derecho de manifestación no puede ni debe  ser anulado, según conveniencias políticas.

Como tampoco la policía ha de ver en la sociedad a la que debiera servir, un enemigo contra el que luchar denodadamente hasta aniquilar la legitimidad de las protestas, por medio de la violencia. Así, se estarían convirtiendo en esbirros de una República bananera.