La juez Alaya impone una fianza de casi treinta millones de
euros a Magdalena Álvarez, la que fuera Consejera con Chaves y Ministra con Zapatero, insinuando que fue la
cabeza pensante que ideó el plan de los ERE de Andalucía y le da sólo un día
para reunir el dinero, antes de empezar a embargarle los bienes, hasta cubrir
exactamente la cantidad que se le exige.
Este imperdonable caso de corrupción, que amenaza con ser eterno,
a juzgar por el número de personas que la juez se decide a imputar casi a
diario, se convierte con la cuantía de esta elevadísima fianza, en uno de los
más relevantes de los muchos acaecidos en los últimos tiempos y acarrea a quien
lo instruye, un rosario de durísimas críticas por parte de la izquierda
andaluza, que considera absolutamente desmesurada la actuación judicial y
sugiere tácitamente la existencia de una implicación personal de la Juez, sin
aclarar cuál pudiera ser el motivo de su empeño en hacer daño a la formación
socialista.
Ya dijimos en su momento que la justicia había de ser especialmente
implacable en este caso, pues no se puede perdonar que los ciudadanos sean
estafados precisamente, por personas vinculadas a las formaciones sindicales
que deberían defenderlos y que no debían escatimarse medios en la
investigación, cayese quién cayese y llamárase como se llamase.
Pero la envergadura que está adquiriendo este asunto, sin que
de momento pueda adivinarse siquiera en qué momento podrá llegar a cerrarse,
ahora que la juez acaba de abrir una nueva vía que sugiere que se indague específicamente
en la actuación de todo el Parlamento andaluz, hace suponer que la trama era
mucho más importante de lo que en principio se pensaba y que aún tendremos que
esperar largamente, hasta conocer el desenlace y los nombres de todos los que
por fin serán acusados y llevados ante la justicia por ello.
Si Magdalena Álvarez
conocía y participaba del delito, pronto lo sabremos, aunque siempre fue
considerada por sus compañeros por una persona intachable, a quién en todos los
años que duró su carrera política no se le conoció nada por lo que pudiera
achacársele la más mínima sospecha.
De momento, su preocupación más inmediata ha de ser
necesariamente la de reunir contra reloj los treinta millones de euros que se
le reclaman y todo hace pensar que su Partido no está dispuesto a dejarla sola
ante el peligro, a juzgar por la premura que han demostrado líderes de la Talla
de Chávez o Griñán, en defender su inocencia.
De nada le ha servido a Álvarez su predisposición a colaborar
con la justicia, ante la que se presentó a declarar de manera voluntaria, ni
las larguísimas conversaciones que mantuvo con la juez y que no parecen haberla
convencido, en absoluto.
El revuelo organizado entre los medios de comunicación y la
oportunidad que ha visto el Partido Popular de aprovechar en su favor, la
fianza impuesta a la ex Ministra, siguen ahora mismo marcando la pauta de la
inmediatez informativa, en un caso porque interesa aclarar la auténtica verdad
del asunto y en el otro, porque viene estupendamente poder utilizar el argumento
en los mítines de la próxima campaña electoral, alejando de sí los fantasmas de
corrupción que implican a los propios compañeros.
Aquí, nadie da puntada sin hilo.

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