Por fin alguien hace algo sensato y admite a trámite la querella presentada por UPD contra los directivos de Bankia, imputando a Rodrigo Rato y treinta personas más por una serie de delitos, incluida la malversación de fondos, probablemente en contestación al estruendoso clamor popular que reclamaba, en este caso, al menos un poco de justicia.
Llama poderosamente la atención que entre los imputados aparezca también el nombre de Ángel Aceves, que fue el ministro de Aznar que se encargó de gestionar la información sobre los atentados del 11M, y al que todos recordamos intentando ocultar la verdadera autoría de los hechos, hasta casi ya entrada la jornada de reflexión de las elecciones que al día siguiente perderían los populares, precisamente por estos hechos.
Estrechamente relacionado con el ala dura de su partido, junto con su amigo Zaplana y la ahora Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, había desaparecido de la escena política y vuelve a ella, precisamente implicado en este oscuro asunto, que ha causado directamente el hundimiento de la Banca española, hasta el punto de haber sido necesario recurrir a un rescate.
La investigación parece centrarse sobre todo, en una numerosa suerte de privilegios a los que habían tenido acceso estos directivos y sus familias, adjudicándose planes de pensiones o haciendo uso de préstamos, en ambos casos millonarios, y que podrían haber tenido mucho que ver con la caída en picado de la entidad y que deja a los clientes de la misma en una situación bastante comprometida, al no saber qué destino espera al banco al que confiaron sus ahorros.
Estas imputaciones estaban siendo reclamadas por la ciudadanía a través de los grupos de indignados y otros movimientos, y a la vez desoídas desde los organismos gubernamentales, que desde que se conoció la noticia han tratado desesperadamente de ocultar tras una cortina de espeso humo cualquier explicación que pudiera ayudar al esclarecimiento de los hechos.
Probablemente no le ha quedado otra salida al gobierno conservador, dada la magnitud del suceso que ha desestabilizado completamente la economía nacional y ha sido en definitiva el detonante de tener que acudir con urgencia a la ayuda de Europa, que por supuesto, ha debido exigir que se depuren las responsabilidades que fueren menester, a cambio de la colaboración que ayuda a tapar el gran agujero que deja la desastrosa gestión de los ahora imputados en la causa.
Los ministros del PP han declinado hacer declaraciones al respecto y hasta se han permitido recordar, concretamente el de Asuntos Exteriores, la profunda amistad que le une con Rodrigo Rato.
Pero lo que se espera ahora es que no vuelva a repetirse lo que últimamente se viene convirtiendo en costumbre en todos y cada uno de los asuntos relacionados con la corrupción, es decir, que la fiscalía no sea capaz de probar ninguno de estos hechos y que estos imputados acaben, otra vez, en la calle.
En Bankia no se ha jugado solamente con las inversiones de los pequeños ahorradores, como ha ocurrido por ejemplo con las preferentes, sino que la gestión llevada a cabo por esta lista de treinta nombres ha puesto a la nación en una situación de insostenibilidad que nos ha acercado peligrosamente a los niveles de Grecia, causando grave perjuicio a la totalidad de los españoles, lo que la convierte casi en un delito de Estado.
Si ahora no se investiga profundamente y se tira del hilo de las implicaciones hasta llegar al fondo de la cuestión sin importar el peso que tengan en la vida pública todos y cada uno de los culpables, el doloroso rescate que llega de los fondos europeos corre también el peligro de ser impunemente malversado, llevándonos a un desastre total de imprevisibles consecuencias.
¿La raíz del asunto?. Otra vez la avaricia. El deseo particular de especuladores sin corazón de poseer riqueza, sin el menor atisbo de solidaridad con la sociedad en la que viven y de la que se aprovechan, con la única intención de conseguir un enriquecimiento personal insaciable.
Esa sociedad debe ser, precisamente, la que ahora exija la devolución íntegra de lo malversado y la que reclame que todo el peso de la ley caiga sobre las cabezas de quienes hubieran cometido delito.
Pero hay tantos frentes abiertos, que los casos se van dilatando en el tiempo, sin que lleguemos a ver resultados en ninguno de ellos, a veces hasta conseguir que caigan en olvido, sin una resolución judicial.
Esta es la oportunidad que tiene el sistema jurídico de recuperar su credibilidad entre los ciudadanos, arrojando un poco de luz sobre la oscuridad que se cernía en este sucio entramado de extrañas operaciones financieras. A ver si la aprovecha.
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