El precio del saber

Siguiendo punto por punto todas las premisas de su ideología capitalista, el gobierno de Mariano Rajoy establece durísimos recortes en la enseñanza pública, mientras premia con jugosas subvenciones a la privada, en España regentada casi por entero por la Iglesia Católica, como de todos es sabido.

Cuando las aulas vuelvan a abrirse en Septiembre, los docentes que ganaron su oposición en concurso estatal, se encontrarán con que muchos de los programas que estaban llevando a la práctica con excelentes resultados, como los intercambios bilingües, han desaparecido por arte de magia de los presupuestos y habrán de adaptarse a nuevos horarios más largos y sin contar con el apoyo de los interinos, que son despedidos de forma masiva aludiendo a la escasez de medios, aunque parece que de alguna forma se pueden encontrar para premiar la “excelencia”• de los Centros concertados, a los que antes hacíamos alusión.

Por mucho que se niegue, lo que en el fondo se pretende es una privatización paulatina de la Enseñanza, intentando denigrar los niveles que se consiguen en los colegios e institutos costeados hasta ahora por el Estado, a base de hacinar a los alumnos en las clases, bajando a la vez el número de profesores y anulando cualquier vía de progreso que ayude a mejorar sus conocimientos, abriendo así una brecha considerable entre las comodidades que ofrezcan las instituciones pagadas directamente por los progenitores y las que, a partir de ahora, se sigan sufragando con el dinero de los contribuyentes y que, probablemente, acabarán por convertirse en marginales, experimentando un enorme descenso de solicitudes, sobre todo de familias de clase media.

Pero ¿qué posibilidad otorgaría este nuevo sistema de enseñanza a los hijos de los nuevos trabajadores, que en el panorama laboral que se avecina, contarán con ingresos mensuales que rondarán los mil euros?

Con toda probabilidad, ninguna, lo que les colocaría en una tesitura parecida a la que se daba en la España de los años cuarenta, cuando el acceso a la Universidad de alguien que no proviniera de una familia acomodada, era prácticamente una utopía y el saber estaba destinado exclusivamente, a unos pocos afortunados directamente emparentados con sagas de rancio abolengo y que no permitían el intrusismo de la “plebe”, en asuntos reservados exclusivamente a una capa social que se negaba al mestizaje intelectual de sus hijos con los nacidos directamente del pueblo.

A esto habría que añadir, la enorme manipulación ideológica que sufrirían los que tuvieran la suerte de poder costearse una educación impartida en uno de estos centros del futuro, capitaneados como están, por individuos directamente al servicio de una religión ciertamente cercana a los valores de la derecha, y que de algún modo, intentarían hacer de los estudiantes salidos de sus manos, futuros seguidores del pensamiento predominante en sus escuelas, perfectamente adoctrinados por sus mentores y sin posibilidad alguna de oposición.

La hecatombe que se produciría entre los hijos de los más humildes no se haría esperar y volvería a separar a las clases sociales, como antaño, sumiendo a las capas más bajas de la sociedad en un nuevo analfabetismo, muy conveniente para los que desde el poder, ya sueñan con volver a manipular a los trabajadores en su beneficio, a través del camino de la ignorancia.

En modo alguno debe la sociedad española consentir que le sea arrebatado de manera tan burda su bien ganado derecho a una educación igualitaria, ni consentir que el futuro de las nuevas generaciones degenere hacia la imposibilidad de que el Estado sufrague los gastos que genere su formación, favoreciendo un sistema discriminatorio que tire por la borda el esfuerzo de todos los que las precedimos.

El apoyo a la lucha de los docentes de las escuelas públicas debe ser incondicional, e incluso debe ir mucho más allá de las reivindicaciones que afectan a este colectivo, porque la universalidad de la enseñanza es un problema que incide profundamente en todos y cada uno de nosotros.

Se debe reclamar con urgencia, que inmediatamente sean retiradas las subvenciones destinadas a los centros concertados (2.500E por alumno y 3.000 en la Comunidad de Madrid), si como se trata de convencernos, faltan recursos para llevar adelante la educación pública y que esos fondos sean invertidos en su totalidad en los centros que favorezcan a la mayoría de la población joven del país, para conseguir que los conocimientos estén al alcance de todos, sin discriminaciones económicas o ideológicas, como establece claramente nuestra Constitución.

La denuncia de este desvío de fondos encubierto hacia entidades privadas, debe ser inmediatamente aclarado por parte del Ministro, o de quién tuviere responsabilidad directa en la materia, ya que en cierta medida, podría considerarse como estafa, emplear los caudales públicos en organismos privados, mientras se establecen recortes abusivos en los estatales, como privar de la paga de navidad a los funcionarios, o prescindir de determinadas actividades, imprescindibles en el mundo moderno para un buen desarrollo personal.

El paso atrás que supondría volver a los niveles educativos de los años cuarenta para el grueso de una población que no podría aspirar, probablemente, más que a costearse unos sencillos estudios primarios, retrasaría el desarrollo de la Nación, volviendo a colocarnos en materia educativa, a la cola de los países del mundo moderno, demostrando que a partir de ahora, en España, el saber tiene un precio y no precisamente barato.