La manía persecutoria que contra los funcionarios ha desarrollado este gobierno, culpabilizándolos de los efectos de una crisis que, en modo alguno, tuvo ni tiene en este momento, nada que ver con ellos, se pone de manifiesto con la nueva medida de castigo que contra ellos se practica, privándolos de su derecho a recibir una paga extra en Navidad, tal y como se acordó por ambas partes, cuando entraron a formar parte de la empresa estatal que los convirtió en trabajadores públicos.
Habría que aclarar para quién todavía lo dude, que el trabajo no es un regalo que se ofrece en las condiciones que se creyeran oportunas, sino un derecho de la humanidad para vivir del esfuerzo que genera a favor de la sociedad en la que vive y una manera de conservar la dignidad, ganada a pulso a diario, allá donde preste sus servicios.
Rebajar los salarios de los trabajadores, en este caso los del funcionariado, o quedarse directamente con el montante que durante todo el año genera su paga de Diciembre, no es sólo un atentado que afecta directamente a todo el ámbito laboral, sino que constituye además, un claro incumplimiento de contrato por parte del Estado, que debiera ser denunciado en todas las magistraturas del país, pues vulnera flagrantemente las condiciones acordadas por ambas partes, sin que exista ninguna justificación para un ataque, que en muchos casos desestabiliza seriamente la situación económica de las familias, que contaban con los honorarios señalados que para estos trabajadores establecía la ley, cuando ganaron por oposición la plaza que ahora ocupan.
Convendrán conmigo en que esta agresión continuada contra un determinado colectivo, que esconde la realidad de tener que sufragar los gastos generados por una deuda provocada por el mal funcionamiento de entidades bancarias y que coloca a la Nación en una situación de estar intervenida por terceros, supone un grave agravio comparativo para los empleados del sector público y viene a demostrar nuevamente la ineptitud del gobierno actual para resolver el grave problema que nos afecta, si no es gravando con severidad, cualquier cosa que tenga que ver con el bienestar social, aunque sea constitutivo de delito.
Verán, los funcionarios, que se sepa, no estaban detrás de la burbuja inmobiliaria provocada en su totalidad por los gobiernos que permitieron que creciera desmesuradamente hasta estallarnos en la cara, trayendo la miseria que se ha instalado entre nosotros. Ni un solo profesor, ni sanitario, ni empleado de hacienda, ni científico, ni ninguno de los trabajadores de a pie que forman parte de la nómina de la administración, se ha visto jamás implicado en ninguno de los múltiples casos de corrupción que desvalijaron las arcas del Estado y que tánto han tenido que ver, exclusivamente, con la clase política.
Ninguno de los empleados públicos formaba parte de los consejos de administración que gestionaban la labor de entidades bancarias, como Bankia, que han llevado a la Nación a tener que acudir al rescate de los usureros europeos, ni cobraba sueldos millonarios, ni se preparaba para su jubilación apetitosas `pensiones vitalicias, ni han tenido jamás cuentas abiertas en paraísos fiscales en las que guardar el montante de operaciones fraudulentas.
Los trabajadores de la administración se han limitado a cumplir con su deber, allá donde estuviesen destinados y han pagado escrupulosamente unos impuestos de los que, debido a su situación laboral, no han podido zafarse jamás, siendo probablemente el organismo más controlado por la Hacienda Pública, de cuántos hayan existido.
En este colectivo no se goza, precisamente, de salarios escandalosos, de ésos que se manejan cuando se habla de lo que cobran los políticos, ni se viaja en primera clase, ni las dietas en caso de desplazamiento, permiten alojarse en los hoteles de que disfrutaba, pongo por caso, el señor Dívar, en sus viajes a Marbella.
La mayoría de los funcionarios son mileuristas, tienen, como todo hijo de vecino, familia e hipotecas y gastos que hasta ahora podían asumir con lo que generaba su trabajo y han ganado el puesto que ocupan con enorme esfuerzo, teniendo que superar las duras oposiciones que convocaba el Estado, en competición con miles de aspirantes que optaban al mismo puesto.
Habrá que suponer pues, que la respuesta que esta nueva medida de represión laboral conseguirá no tardará en producirse y que esta vez, será contundente. El empecinamiento reiterado de cargar siempre sobre los mismos las responsabilidades que competen únicamente a la gestión de Banqueros y Gobernantes, no puede ni debe ser recibida con mansedumbre, sobre todo ahora que coloca en situación extrema a miles de familias honradas que nada tienen que ver con los intrincados manejos de la guerra de cifras, ni con los débitos adquiridos, sin el consentimiento del pueblo, con una Europa demasiado exigente, que nos arrastra irremediablemente al umbral de la pobreza.
Si hace falta una huelga larga, que paralice las instituciones de este país hasta hacer entrar en razón a sus vesánicos gobernantes, sea. De alguna manera sobreviviremos a sus efectos, ya que no pueden ser peores que los que nos acarrea el sentimiento de estar trabajando para ser a final de mes, asaltados por nuestra empresa, con total impunidad, de manera arbitraria, e injustamente.
Si no hay otro sitio de donde recortar, renuncien los políticos a sus sueldos, ya que eligieron, teóricamente, una profesión de servicio a la ciudadanía y lo hicieron, supuestamente, por amor a unos ideales concretos.
Y si no son capaces aún de solventar los problemas que nos afligen, márchense y dejen sus puestos a otros dispuestos a elegir otros caminos por los que generar un cambio en beneficio de la sociedad en la que viven, aunque sea saliendo del euro, que al final no nos ha traído, y a unos más que a otros, sangre, sudor y lágrimas.
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