La intención del Ministro Gallardón, de que las malformaciones genéticas dejen de ser una de las causas legales que permiten a las mujeres decidir el aborto, trae a la mente de las que ya tenemos unos años, el recuerdo de una lucha por la consecución de unos derechos, que parece no tener fin.
En esta cuestión, siempre olvidaron los que fueron y aún continúan siendo detractores de la libre interrupción del embarazo, que la decisión de acudir a una medida de esta categoría es absolutamente personal e intransferible y que a nadie se obliga a tumbarse en una mesa de operaciones, para que le practiquen un aborto no deseado.
La negativa de los conservadores a que se avance en esta cuestión no es precisamente nueva, aunque se nutra ahora de algunos argumentos diferentes a los que se utilizaban hace cincuenta años, cuando era suficiente con amedrentar a la población femenina desde los púlpitos, amenazándola con los fuegos del infierno.
Entonces, algunos tenemos recuerdo, era una práctica habitual deshacerse de los embarazos no deseados en las trastienda de los puestos del mercado, a manos de curanderas sin ningún tipo de conocimientos médicos, que la mayoría de las veces mutilaban para toda la vida a las mujeres que necesitaban de sus servicios y que, en muchos casos, pagaban con sus vidas la desesperación que las había llevado hasta allí.
Un poco más tarde, las niñas bien del país, casi todas provenientes de buenas familias, de esas que suelen nutrir las filas del Partido Popular, por ejemplo, pusieron de moda viajar a Londres, donde podían ser intervenidas lejos de la represora mirada de papá y volver al día siguiente a sus fiestas de sociedad, como si nada hubiera pasado, y hasta irse de ejercicios espirituales presumiendo de una virginidad, que habían perdido hacía demasiado tiempo.
La batalla iniciada por grupos de mujeres de toda suerte y condición, reclamando el derecho inalienable a llevar o no a término sus embarazos, acabó con el tiempo, acercando la posibilidad de poder hacerlo libremente, con asistencia profesional y sin los terribles costos que suponía tener que salir del país, absolutamente discriminatorios para una gran parte de nuestra sociedad, que sin embargo, deseaba una ley que regularizara unos hechos probados, que podían comprobarse fácilmente acudiendo a las estadísticas.
Habría que decir a Gallardón que parir sin querer no sólo resulta a largo plazo, ser absolutamente perjudicial para la mujer que se ve obligada a hacerlo por la desprotección de las leyes, sino que es infinitamente peor para el niño que nace en una circunstancia como ésta, sin previo deseo por parte de sus progenitores de haberlo concebido, o sin medios de ninguna clase para desarrollar una vida plena, o afectado de esas malformaciones genéticas que tanto defiende el señor Ministro, probablemente influido por el profundo catolicismo que parece acompañarle en todos sus actos y por la opinión de quienes se han encontrado en sus vidas, sin la posibilidad de decidir otra cosa, con uno de esos seres dependientes a los que dedicarse a tiempo completo, por cierto desde ahora, sin ningún tipo de prestación por parte del Estado, cosa que podrán agradecer a Rajoy y sus recortes, el tiempo que les quede al lado de quien tanto les necesita.
Está psicológicamente probado, que los niños no deseados suelen ser mayoritariamente maltratados por sus padres y que pueden llegar a sufrir traumas que les acompañen duran te toda la vida, víctimas de una rabia y un desamor, que probablemente les llevará alguna vez a la conclusión de que hubiera sido mejor no haber nacido.
Parir sin querer, es la más terrible vejación que una mujer puede recibir en su desarrollo personal, y si la imposición viene de parte de Estados que demonizan la práctica del aborto con la hipocresía de hacer una defensa a ultranza de una vida, que después pisotean en otros ámbitos sin ninguna vergüenza, se convierte además en un atentado contra la libertad de las mujeres y en una discriminación por sexo, ya que los hombres sí que pueden tomar la decisión de hacerse cargo o no, de los embarazos imprevistos.
Obligar además a hacerse cargo de la dependencia que generan los fetos con malformaciones genéticas a quienes no se encuentran dotados del espíritu de sacrificio suficiente que generaría el nacimientos de estos seres, más parece una idea traída a la actualidad desde el corazón de la Edad Media, o un castigo impuesto sin piedad sobre quienes no se consideraban preparados para un ejercicio como éste.
Otra cosa sería, si el Partido Popular, en el que milita Gallardón, estuviera dispuesto a hacerse cargo de todos los hijos no deseados que se trajeran a este mundo, contando por ejemplo con la ayuda de su querida Iglesia Católica, poniendo fin así a una polémica que agradaría por igual a ambas partes en este litigio.
Pero como este supuesto resulta del todo impensable, lo mejor sería seguir respetando la voluntad de las mujeres, para las que por cierto, decidir sobre la continuidad de un embarazo suele estar estrechamente relacionado con problemas de gravedad que las empujan a resolver, más por responsabilidad con el futuro de su hijo, que por iniciativa propia.
Como si no tuviera suficientes frentes abiertos en el ámbito ciudadano, el Partido Popular se empeña ahora en esta ridícula cruzada, que le grajea sin la menor duda, nuevos enemigos entre el núcleo femenino de la población, que no consentirá una pérdida de derechos, sin presentar pelea.
¿O se trata de una estrategia para desviar la atención mientras se tramita un rescate para todo el País, a espaldas de la sociedad, con nocturnidad y alevosía?

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