Tras la elección de
Carles Puigdemont como nuevo Presidente de Cataluña, en una sesión
parlamentaria que pasará a la historia como la primera en la que se declaraba
el propósito de iniciar un proceso de Independencia, la actualidad se sitúa hoy
en Palma de Mallorca, donde Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón son juzgados
en compañía de sus antiguos socios, gracias a la categoría profesional de un
Juez que se ha visto obligado a soportar incontables presiones, pero que no ha
cejado en su empeño de demostrar a los ciudadanos españoles, que al menos en
los casos que dependen de su instrucción, la justicia es igual para todos.
Nos hallamos ante un sumario que ha costado sudor y sangre
sacar adelante y que ha tropezado con escollos de todo tipo, incluido el
enfrentamiento del Fiscal Horrach con el Juez Castro, que desde el principio
tuvo clara la imputación de la Princesa, como socia en los negocios de su
marido y que ha centrado la atención mediática desde el mismo instante en que
la prensa desveló las presuntas irregularidades en las empresas que regentaba
el yerno del Rey y en las que aparentemente aprovechaba con creces el peso del
apellido real, para su enriquecimiento propio.
No hay sido fácil llegar hasta aquí y de ahí la importancia
de poder contemplar las imágenes del matrimonio Urdangarín sentado en el
banquillo de los acusados, como una prueba incontestable de que cuando se
permite a la justicia actuar en libertad, lejos de influencias políticas que
empañen el desarrollo de las investigaciones, es posible juzgar con total
normalidad a cualquier sospechoso de corrupción, independientemente de cuál sea
su rango o apellido y en igualdad de condiciones, con respecto a los ciudadanos
corrientes.
Tampoco va a resultar sencillo llegar hasta el final de este
proceso, en el que la defensa de la Infanta cuenta con la inestimable ayuda de
la fiscalía para sacar adelante su reclamación de inocencia, pidiendo la
aplicación en su caso de la Doctrina Botín y en el que sólo las acusaciones
particulares sostienen hasta ahora todas y cada uno de los múltiples cargos que
recaen sobre la hermana del Rey, como presunta coautora de los delitos de los
que se acusa a su marido.
Que la acusación progrese o no, depende ahora exclusivamente
de los jueces que se encuentran en estos momentos presidiendo la sala y que
habrán de estudiar minuciosamente la decisión que tomen a este respecto, sobre
todo teniendo en cuenta que todas las miradas de la prensa nacional e
internacional se hallan puestas en su actuación, por lo que no puede ni debe
quedar absolutamente ninguna duda de la total limpieza del procedimiento.
Exculpar a Cristina de Borbón sería, por una parte, quitar la
razón al Juez Castro, cuya disciplina de trabajo y dedicación a esta causa ha
sobrepasado con mucho los límites de la normalidad y cuya paciencia y tesón han
hecho posible que estemos dónde estamos o bien, conceder a un Fiscal que desde
el principio no ha hecho otra cosa que entorpecer el desarrollo de la
instrucción, un triunfo, que correspondería más bien a un abogado defensor que
a quién tiene por obligación acusar, pues es esa la labor encomendada al cargo que ocupa.
En estos momentos, en el que el papel de la justicia es
permanentemente cuestionado por una ciudadanía, hastiada de que en la mayoría
de los casos de corrupción las sentencias emitidas no parezcan corresponderse
con la gravedad de los delitos, admitir la Doctrina Botín en el caso de la
Infanta Cristina, vendría a suponer de cara a la opinión pública, un violento
portazo en las narices de los que en este caso se han empeñado en demostrar la
verdad y una desestimación de todas las numerosas pruebas presentadas que
revelaban la evidencia de que la hermana del Monarca conocía el desarrollo de
los negocios a los que su marido se dedicaba y sobre todo, disfrutaba sin
contemplaciones de los beneficios que generaban y que reportaban al matrimonio
un tren de vida, que sobrepasaba con mucho, todos los límites de la ética.
Pero desgraciadamente, los españoles estamos tristemente
acostumbrados a que este tipo de sucesos se resuelvan con una magnanimidad que
para sí quisiera cualquier otro tipo de delincuente, por lo que no sería de
extrañar que en breve, tengamos que ver como se levanta la imputación a la
Infanta, aunque sobre ella quede grabada a fuego para siempre, la sombra de la
sospecha.
Nos gustaría pensar, sin embargo, que estando ahora el
Gobierno de Mariano Rajoy en funciones y habiendo descendido por tanto, su
nivel de influencia, por una vez, el caso fuera juzgado conforme a lo que
dictan las leyes en vigor, sin ningún tipo de consideración especial hacia
estos acusados de ilustre cuna, pero de dudosa moralidad en sus
comportamientos.
De todos modos, se juzgue o no a Cristina de Borbón en este
juicio, su imagen de acusada en el banquillo, que habrá sin duda recorrido el
mundo mediático esta mañana, queda también grabada en las páginas de nuestra
historia, como uno de los hechos más vergonzosos de cuántos ocurrieron, en
estos años en los que a todos los demás se nos reclamaban austeridad y
sacrificios.

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