El rayo que no cesa

Mientras los Partidos se devanan los sesos para encontrar una salida airosa al galimatías que han dejado los votos de los españoles, tras la celebración de las Generales, continúan saliendo a la luz, casi a diario, nuevos casos de corrupción protagonizados por políticos, lo que viene a corroborar que una gran parte de los problemas económicos que tiene ahora mismo el país, bien podrían haberse resuelto si los capitales no se hubieran fugado por el sumidero de los paraísos fiscales.

Triste situación, la de tener forzosamente que contemplar cómo precisamente aquellos que por su profesión, debieran haber defendido los asuntos que afectan a todos los españoles,  sólo se han dedicado, en cuanto se les ha presentado la oportunidad de contratar algún tipo de servicio u obra pública, a cobrar comisiones, inflar facturas o desviar dinero hacia cuentas personales que han ido creciendo, mientras disminuía considerablemente, el nivel de vida de los ciudadanos.

Ayer, cuando la policía registraba varias sedes relacionadas con un asunto de aguas en la vertiente mediterránea, en la sospecha de que se habían venido cobrando facturas, muy por encima de su precio real, durante varios años, a uno no le quedaba más remedio que pensar que poco o nada importa, para el futuro, quiénes consigan formar Gobierno, si no se acaba radicalmente y con contundencia, con esta constante fuga de capital que jamás vuelve a las arcas públicas de las que fue sustraído y que contribuye además, a aumentar la enorme desigualdad que ya existe entre ricos y pobres en esta Nación, en la que parece que una buena parte de su clase política, procediera de una liberación masiva de ladrones, a los que se ha reinsertado en puestos de las Instituciones del Estado.

La interminable lista de políticos implicados en casos de corrupción, que en lugar de decrecer, aumenta todos los días, ante el asombro de la ciudadanía y sin que ninguna de las sentencias judiciales aplicadas hasta ahora, haya logrado frenar, pone en evidencia que las medidas que se han venido aplicando  hasta el día de hoy, no sólo han resultado ser del todo ineficaces, sino que parecen creadas para que los delitos fiscales sean, efectivamente, terriblemente sencillos de cometer y hasta que merezca la pena hacerlo, dada la benevolencia de los castigos reales que reportan.

La poca responsabilidad que se exige a todos aquellos que manejan caudales que pertenecen a todos y que luego desaparecen, por arte de magia, en forma de tramas urdidas desde los despachos de las Instituciones, como si se trataran de lugares de reunión frecuentados por aquellos gánsteres de Chicago año treinta, deja al descubierto la poca o nula intención que han tenido hasta ahora, todos los Gobiernos de los últimos años, de erradicar esta plaga de ladrones de guante blanco y corbata que se han instalado cómodamente entre nosotros y que encima, tienen la desvergüenza de presumir a boca llena, de que están sirviendo a la Patria.

Es absolutamente necesario e inaplazable, que se revise el código penal en este sentido, que aumente cuánto sea necesario, el número de inspectores fiscales, que se implante una separación de poderes que posibilite la total independencia de la justicia y que se acrecienten las condenas que se imponen a este tipo de delincuentes, que en el fondo, están restando posibilidades de bienestar, al conjunto de los ciudadanos.

Si para ello hay que aumentar la vigilancia sobre los políticos, que se aumente. Si hay que subir la presión fiscal sobre las grandes fortunas, que se haga, publicando además inmediatamente en prensa, los nombres de los defraudadores y si hay que inhabilitar para siempre a todos aquellos que se ensucien las manos en delitos de corrupción, para el ejercicio de la política, mucho están tardarlo en hacerlo y a saber cuánto nos está costando la incompetencia demostrada de los Gobiernos.

Y da igual, si los delincuentes proceden de las élites de los Partidos, o del Ayuntamiento más pequeño de cuántos conforman la geografía española.

La vileza de apropiarse de los fondos comunes, poner por encima el enriquecimiento personal, de las necesidades sociales de todos, constituye, en sí mismo, un flagrante delito de la más oscura traición y como tal, debe ser juzgado y condenado, si no queremos que más pronto que tarde, por esta causa, nos veamos obligados a declarar la bancarrota económica y a vernos, otra vez, a merced de otros prestamistas.