Los seiscientos mil desahucios producidos en España desde que
empezó la crisis, son uno de los argumentos que contradicen con más
contundencia las ínfulas triunfalistas del PP y representan una vergüenza
nacional de la que jamás podrá escapar el Gobierno que la consintió,
convirtiéndose en cómplice de sus ejecutores y sin habilitar una sola medida
que haya paliado mínimamente, la desgracia de tantos núcleos familiares.
La magnitud de esta tragedia exige depurar responsabilidades,
aunque para ello haya que remontarse a los años en que todo iba aparentemente
bien, cuando los bancos empujaban a los ciudadanos, con insistencia machacona,
a pedir créditos millonarios con los que adquirir viviendas y enseres, aunque
en muchos casos resultara manifiestamente difícil que esos préstamos pudieran
ser devueltos, dada la situación económica de sus perceptores.
Si para algunos ya era una odisea el pago mensual de la deuda
contraída, teniendo incluso que recurrir a familiares para poder cumplir sus
compromisos entonces, imagínense en qué situación quedaron desde el momento en
que el Gobierno de Rajoy aprobó su Reforma Laboral y el despido comenzó a
liberalizarse, llevando al desempleo a millones de ciudadanos.
Porque los mismos Bancos que ofrecían puerta a puerta la
posibilidad de una vida mejor a los cientos de miles de familias que entonces
cayeron en sus redes, no demostraron
ningún tipo de comprensión, provocando las muchas escenas que nos hemos visto
obligados a contemplar, cada vez que delante de todo el país, se producía un
nuevo desalojo.
Y sin embargo, esas culpabilidades de Banca y Gobierno, nunca
han sido siquiera reconocidas y a día de hoy, continúan produciéndose miles de
desahucios, sin que ni los que los ordenan, ni los encargados de buscar con
carácter de urgencia una alternativa habitacional para los desalojados, hayan
encontrado una vía de solución, ni tengan intención de hacerlo.
El problema ha alcanzado tal magnitud, que todos los Partidos
políticos se han visto obligados a incluirlo en sus Programas, algunos,
ofreciendo soluciones alternativas que les han acarreado un buen puñado de
votos y otros, alardeando de haber tomado medidas, como es el caso del PP, que han
resultado ser, a todas luces, absolutamente insuficientes.
Solo las iniciativas ciudadanas de plataformas como la de Ada
Colau, han logrado parar en algunos casos, las acciones judiciales previstas y
únicamente la lucha diaria de miles de personas anónimas, ha servido para que,
al menos, se continúe hablando de la tragedia y para que sus efectos no se hayan
diluido con el paso del tiempo.
Sin embargo, nada podrá hacerse mientras continuemos
dependiendo de este gobierno, que para más INRI, decidió en su día pedir un
rescate millonario para salvar a las mismas Entidades que expulsan a los
ciudadanos de sus domicilios.
La ley, que desgraciadamente apoya en nuestro país la
despiadada postura de los que concedieron aquellas hipotecas, ni siquiera
podría ser cambiada, si no es con la aquiescencia de este gobierno conservador,
posicionado claramente y siempre, a favor del poder de los fuertes.
Serán precisamente los
débiles, quiénes con sus votos escriban su destino, a partir de las Elecciones
Generales. Habría que preguntarse si después de haber consentido estos seiscientos
mil desahucios, será posible que alguno de nosotros introduzca una papeleta del
PP en las urnas.

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