Una exigencia inaceptable

El descaro de la clase empresarial española, exigiendo como primera medida para salir de la crisis, una investigación exhaustiva de la economía sumergida de los trabajadores, resulta del todo incalificable teniendo en cuenta que al aceptar, aplaudir y poner inmediatamente en práctica la Reforma laboral de Rajoy, rebajando los sueldos hasta límites que hacen insostenible la supervivencia de las familias y habiendo despedido, casi sin prestaciones, a un incontable número de asalariados, son ellos los que fuerzan una búsqueda a la desesperada de cualquier tipo de empleo, cuyas ridículas remuneraciones resultan absolutamente necesarias para la supervivencia de las familias.

Suya es también la responsabilidad de la contratación encubierta de miles de emigrantes sin papeles, a los que se niegan a dar de alta en la seguridad social, generando con ello otra bolsa de esa economía sumergida que ahora quieren investigar, como si su existencia les fuera totalmente ajena y los más humildes de la sociedad se jactaran de escamotear al estado, el montante correspondiente a sus impuestos.

Olvidan sin embargo mencionar, probablemente de manera muy consciente, que el grueso de esa economía sumergida que habría de algún modo que descubrir, suele ser fruto de las continuas evasiones fiscales que llevan a cabo los de su propia clase y los de esa otra casta que constituyen ahora políticos de todo signo, a los que por cierto se ha encargado de ayudar  este gobierno, con la aprobación de una amnistía fiscal que les ha permitido blanquear una gran parte de su dinero negro.

Naturalmente, todos estamos a favor de que se investigue en profundidad a todos aquellos que de algún modo, consiguen incumplir sus obligaciones con la Hacienda Pública, pero evidentemente, no resulta siquiera comparable ocultar que uno ha ganado cincuenta euros con el arreglo de una lavadora, limpiando una casa o vendiendo chatarra, que olvidarse de declarar una serie de millones de euros, enviándolos con algún subterfugio, a cuentas abiertas en Paraísos fiscales, casi siempre con la precaución de ponerlas a nombre de algún testaferro.

El agravio comparativo entre ambos delitos, resulta cuando menos, ciertamente chocante, sobre todo si mientras la clase empresarial se dedica a sugerir la aplicación de este tipo de medidas, se va conociendo la implicación en flagrantes casos de corrupción de una gran cantidad de cargos de sus organizaciones.

De ley es, predicar con el ejemplo y si por el contrario lo que intuye la Sociedad es que los más grandes defraudadores son, precisamente, los que dirigen grandes empresas o lideran determinadas formaciones políticas, ¿qué se puede pedir a quién necesita algún tipo de ingresos simplemente para malvivir, abandonado a su suerte, incluso por las Instituciones que debieran encargarse de protegerle?

Como siempre, la negación de la cruda realidad y la absurda creencia de que todos nos desenvolvemos en un hipotético plano de igualdad, nubla el entendimiento de quienes se hallan situados en el plano superior, haciéndoles decir necedades, del todo rebatibles por la fortaleza de los argumentos.

Si de verdad quiere la case empresarial ayudar al País a salir de esta crisis eterna, debiera dedicarse estrictamente a la labor que le corresponde y que no es otra, que la de crear un empleo de calidad, con remuneración justa, que nos permita a todos vivir con la dignidad a la que, como personas, tenemos derecho.

Absténganse, por tanto, de injerencias innecesarias en asuntos políticos y dediquen cualquier afán de investigación a esclarecer qué ocurre  con los integrantes de su propia especie, que en  este espacio hay suficiente ocultación de bienes, como para devolver la tranquilidad a cualquiera que ocupe el cargo de Ministro de Hacienda.