Los otros Mandamientos

La vida ejemplar que llevan los misioneros católicos en todo el mundo y la impagable labor que hacen junto a los más desfavorecidos, quedan absolutamente eclipsadas por la aparición de incontables casos de pederastia que contradicen, no solo las leyes divinas a las que se deben por razones de su sacerdocio, sino también las leyes naturales que implícitamente, condenan los abusos contra menores y castigan con penas de cárcel a quienes los cometen.

Los últimos conocidos en Granada y la inexplicable actitud del Arzobispo  Francisco Javier Martínez, frente a ellos, vuelven a poner en tela de juicio la forma de tratar este tipo de delitos que tienen determinados sectores de la Iglesia, que casi siempre coinciden en ser ideológicamente los más conservadores y que sin embargo, se muestran totalmente intolerantes con otro tipo de “pecados”, de mucha menor importancia real, pero que contravienen sus creencias, no ya religiosas, sino políticas.

El silencio cómplice de estos prelados, proclives a manifestar en sus homilías su amor por la vida o a criticar abiertamente, por ejemplo, la Ley de matrimonios entre homosexuales, conlleva la gravedad de no permitir que la justicia de los hombres pueda llevar a los banquillos a los protagonistas de estos delitos, para que cumplan íntegramente la condena que por sus acciones les corresponde.

Mover de sitio a los abusadores, esconderlos en Monasterios mientras se calman los ecos mediáticos de su implicación en la pederastia, suele ser la tónica general adoptada por los representantes eclesiásticos de mayor rango, hurtando a las víctimas y a los familiares de las mismas, el resarcimiento por los abusos sufridos.

Parece que la actitud del Papa no va por estos derroteros, pero su iniciativa no puede ni debe quedarse en simples llamadas telefónicas a los afectados para pedir perdón, sino que exige, además, un cese inmediato de los responsables superiores de las diócesis en que se cometieron estos atropellos, porque conociendo las duras historias que contaban sus feligreses, consintieron en seguir manteniendo una imagen de virtual normalidad y mantuvieron a salvo de la ley, a los delincuentes que protagonizaron los hechos.

Concretamente este Arzobispo, al que todos conocemos por su apoyo a un libro que reclamaba la sumisión de las mujeres frente al marido y otras lindezas propias de la derecha más recalcitrante, aún se atreve a tratar de intervenir en los asuntos de Estado, exigiendo desde su cargo al gobierno que reconsidere sus postura sobre la Ley de aborto, solicitando el inmediato cumplimiento de una promesa electoral, que parece ser la única que le interesa.

Nunca le vimos reclamar los derechos de las familias a las que tanto dice defender a tener cubiertas las mínimas necesidades de sus hijos, ni oponerse al desahucio de las viviendas que ocupaban, ni apoyar las iniciativas de los dependientes para que no les sean retiradas las ayudas que les corresponden y que se han reducido considerablemente, en los últimos tiempos.

Quizá por eso, no nos convence el argumento que ahora trata de sacar adelante, ofreciendo a los medios una foto en la que aparece tirado en el suelo pidiendo un perdón, que únicamente vale para continuar ejerciendo el cargo que ocupa y que de ningún modo, satisface en nada, ni a las víctimas, ni a los españoles.

Callar y obstaculizar a la justicia, no le hacen merecedor más que de un cese fulminante, que el Vaticano ya debiera haber ordenado, en función de la gravedad de los delitos.

Y aunque las detenciones de los abusadores están empezando a producirse, también la complicidad de las grandes esferas de la Iglesia que conocían la existencia de los abusos, merece una investigación policial y un procedimiento judicial, si se considerara oportuno.

Por otra parte, no es verdad que el celibato tenga nada que ver en esta profusión de pederastas en el seno de la Iglesia. Ser célibe, por propia aceptación, no da como resultado desviaciones sexuales intolerables que atacan directamente a los más débiles de la sociedad, ni la abstinencia, impuesta o no, deriva directamente en una obsesión por cometer prácticas sexuales con niños.

Todos y cada uno de estos indeseables, sacerdotes o no, han de ser severamente juzgados por los tribunales y condenados a la máxima pena, si se probaran sus delitos.

Y si el Papa quiere ayudar, no ha de hacer otra cosa, más que permitir el normal funcionamiento de las instituciones policiales, sin impedir el total esclarecimiento de cada uno de estos hechos.

Solo habría que pedir que la Iglesia concediera al menos, la misma importancia a la erradicación de estos delitos, que a otros muchos asuntos de Estado en los que su intervención permanente se hace, de verdad, absolutamente intolerable y que recordara a sus ministros, no sólo la necesidad de cumplir los Mandamientos de su catecismo, sino también esos otros directamente relacionados con la moral, que aún sin estar escritos, debemos acatar todos los hombres.