La prueba de que la sanidad española se está privatizando de
manera encubierta y de que los recortes del PP están afectando de manera
gravísima a una gran mayoría de los ciudadanos, se pone en evidencia cuando
aparecen noticias como la que hemos conocido recientemente y que afectaba, en
este caso, a enfermos de un tipo de hepatitis, a los que se niega hasta hoy, el único tratamiento que podría curarles,
por falta de medios.
Si usted se encuentra entre estos pacientes, sepa que habrá de desembolsar la friolera de sesenta mil
euros, aunque la seguridad social ha
recibido el mandato de incluir dicho tratamiento entre los que se dispensan en
el régimen sanitario que todos pagamos.
Si su economía marcha tan bien, como para poder desprenderse
de la cantidad antes citada, cosa casi imposible en los tiempos que estamos
viviendo, usted se curará, pero si pertenece a alguno de los muchos colectivos
seriamente afectados por la crisis, está parado, o simplemente está pagando una
de las millonarias hipotecas de cincuenta años de duración que concedieron tan
“generosamente” los bancos en tiempos de bonanza, habrá de sufrir con
resignación los muchos y graves síntomas que esta enfermedad provoca y rezar
para que el Gobierno de Rajoy se apiade de su situación y decida que sus
recortes no pueden de ningún modo afectar a su salud, ni a la del resto de los
españoles.
Pero en este momento, la preocupación principal de los
políticos y muy especialmente la de los que nos gobiernan, es obtener el máximo
poder en las próximas elecciones municipales y no parece buen momento para
exigir un gasto de esta categoría que influya negativamente en la cuadratura
feliz de cuentas de las que poder presumir, en la campaña venidera.
Ahora, lo que toca, es embaucar a los ciudadanos con falsos
triunfos e intentar que se acaben creyendo, a base de oírlo una y otra vez, que
lo peor de la crisis ha pasado y que tal éxito se debe, en exclusiva, a la
gestión de un Partido Popular, al que las encuestas auguran un estrepitoso
fracaso.
Casos como el de los enfermos de esta hepatitis , no podrán
pues, más que constituir una mancha en el inmaculado expediente que se nos
quiere presentar como cierto y lo que en realidad ayudaría a conseguir tal fin,
sería silenciarlos a la mayor brevedad posible, sea cual sea la suerte que se
vean obligados a correr, los muchos afectados.
Pero esta pérdida del derecho a la salud, piedra angular en
un Sistema Sanitario Público como el nuestro, no puede ni debe quedar enterrada
bajo la alfombra, en pos de las intrigas políticas, porque constituye un grave
atentado contra el que resulta ser el bien más preciado que las personas tienen
y que se debe defender, con uñas y dientes, por parte de todos.
Comprar la sanidad, como ocurre en otros países
económicamente mucho más fuertes, resulta en el caso del nuestro, una misión
imposible para la casi totalidad de los ciudadanos.
Por tanto, está en nuestras manos no tolerar que la salud
termine por convertirse en un lucrativo negocio y apoyar, sin reserva, cuántas
acciones se propongan para preservar el sistema público de salud que antes de
ahora, jamás daba por perdido a un paciente.
No se puede olvidar que cualquiera de nosotros podría llegar
a verse en un caso similar al de estos pacientes y que la obligación de nuestros gobernantes es
la de intentar la sanación total de todos, sin que tal curación afecte en modo
alguno, la endeble economía familiar que padecemos.
Los que tienen la suerte de conservar el empleo y todos los
que contribuimos obligatoriamente, por medio de nuestros impuestos, al
sostenimiento del erario público, hemos, por tanto, de exigir que la
preservación del sistema sanitario español prime por encima de cualquier otra
cosa y esto supone, cómo no, denunciar cualquier caso de discriminación que suceda en nuestro entorno, como éste que
ahora nos ocupa.
Nada puede valer más que la vida humana, así que luchemos por
ella.

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