Vía de urgencia

Los efectos colaterales de la abdicación ya empiezan a producirse y los políticos favorables a la continuidad de la Monarquía tropiezan de bruces con el  problema de que al no ser ya Rey, Juan Carlos pierde el aforo del que disfrutaba, quedando así a merced de la justicia, en caso de que se viera implicado en algún delito.

Estando las cosas como están, los juristas se afanan en discernir rápidamente una vía que pueda prolongar el aforo de forma vitalicia y todo hace prever que darán con la fórmula antes de que se produzca la entronización de Felipe y de que en el caso de ser acusada la Infanta, se produzca un juicio que le toca de forma tan particularmente cercana.

Esto sí que lo harán con rapidez, ya que conviene y mucho dejar arreglado el futuro del rey saliente, sin que se puedan producir sobresaltos que turben la vejez del Monarca y por añadidura, la de su cónyuge, allá dónde decidan estar, una vez que culmine el proceso sucesorio.

Decíamos el otro día que la finalización de la instrucción del caso Noos está cerca y que puede que incluso la próxima semana, el Juez Castro acuse formalmente a Cristina de estar implicada en la causa y la siente en banquillo, junto a su marido y a su socio, exactamente igual que a la mujer de este.

Suponíamos también que este ha podido ser uno de los motivos que han precipitado la abdicación y que el cabo suelto del desaforamiento real, debe estar preocupando muy seriamente a los que se encargan de sus asuntos legales, por si pudieran surgir en el futuro, dudas sobre el auténtico conocimiento que el Rey tenía, sobre los negocios de su hija y su yerno.

Naturalmente, sin estar aforado, podría ser citado por los abogados a declarar, como cualquier ciudadano de a pie y la verdad, sería chocante ver al que hasta hace solo unos días era el Rey, entrando en una sala de juicios para responder a las preguntas de los magistrados, a las que tendría que contestar, por ley, con la verdad y nada más que la verdad, como mandan los cánones.

Por eso el aforamiento del ya ex Rey, no tropezará con las mismas trabas de tiempo con que lo hace cualquier cuestión relacionada con la gente de a pie y se tramitará seguramente por la vía más rápida de cuántas se han conocido en la historia entera de nuestro país, dadas las circunstancias.

Porque tampoco ayudaría en nada al futuro Felipe VI, que su padre se viera envuelto, nada más haberse sentado él en el trono, en el enrevesado caso que ha hecho de Urdangarín, uno de los personajes más odiados por los ciudadanos de a pie y para el que se exige, ante todo, claridad meridiana y todo el peso de la justicia.

Verdad es que Juan Carlos quizá podría aclarar que encerraban sus palabras cuando instó a su yerno a abandonar los negocios que luego le estallaron en las manos y que han arrastrado a su esposa hasta la situación de sospecha en que ahora se encuentra, pero la idiosincrasia del sistema judicial de este país, con toda probabilidad, impedirá que los españoles podamos tener acceso a las declaraciones del Rey, ya que para entonces se habrá urdido la manera de que permanezca aforado, quedando para siempre exento de cualquier encuentro con la justicia.

Poco o nada importa, si este enrevesado caso de corrupción queda incompleto y con los antecedentes a los que estamos acostumbrados, todo hace presagiar que cuando se juzgue, habrá una sentencia liviana para los implicados en el, siempre dependiendo del juez a quién finalmente se asigne.

Pero el aforamiento del Rey, denlo por hecho. Y asómbrense, en tres o cuatro días.