A desaforar

Comienza una semana que puede ser clave en el panorama político español, no sólo por el estreno como Rey de Felipe de Borbón y la concesión de absoluta inviolabilidad a sus padres, refrendada por una Ley exprés, sino también porque todo hace augurar que el juez Castro hará por fin pública la instrucción del caso Noos, sentando en el banquillo a la Infanta Cristina y a su marido, demostrando que al menos para él, todos somos iguales ante la Justicia.

De ahí las prisas por aforar al Rey saliente y la atropellada elaboración de un documento legal que no deje resquicios por los que colarse en la intimidad de Juan Carlos y Sofía, de los que todos intuimos que podrían saber mucho más de lo que se ha dicho, sobre los oscuros negocios de su yerno.

Esto de blindar a tantos personajes públicos, en su mayoría relacionados personalmente con la política y que sólo sucede aquí, no se sabe por qué extraña razón o en base a qué temores, no solo vulnera gravemente el principio de igualdad entre los españoles, sino que coloca a los afortunados que son agraciados con esta concesión, en una clara posición de privilegio.

Parece, como si ser político hubiera de traer necesariamente consigo la imposibilidad de verse envuelto en ningún asunto judicial, aunque como todos por desgracia sabemos, son muchos los que se dedican a esta profesión que a diario lo están, hasta las cejas, en innumerables casos de corrupción que casi siempre acaban por saldarse o con un veredicto de inocencia o con una condena irrisoria que permite a todas luces disfrutar al reo del montante obtenido en sus negocios fraudulentos.

Debiera ser justamente al revés. Para los políticos, apartarse de la senda de la legalidad, habría de castigarse precisamente con muchísima más dureza, en tanto en cuanto el estar en contacto permanente con fondos públicos, significa que las cantidades que manejan son, en su totalidad, patrimonio de los españoles.

Y sin embargo, este Código penal nuestro, que en los tiempos que corren y en relación a los delitos fiscales, se ha quedado totalmente obsoleto, impone penas muchísimo más duras, a juzgar por lo que se ve, a un ladronzuelo que arrebata un bolso a una señora en la calle, que a un cargo público que incurre en varios delitos de gravedad, antes de embolsarse auténticos dinerales procedentes de las arcas teóricamente destinadas, a conseguir un mayor bienestar para todos.

La desprotección en queda la ciudadanía frente a la laxitud que las leyes conceden a estos ladrones de guante blanco y corazón negro, capaces de arruinar a Entidades múltiples, en los tiempos que corren, no puede ser más deprimente.

Por lo visto, hemos de conformarnos con que el capital procedente de nuestros impuestos y que debiera estar destinado a mejorar la Sanidad, la Educación y servicios sociales tan necesarios como la situación de enfermos dependientes, por ejemplo, acabe en cuentas de Paraísos fiscales a nombre de un testaferro que oculta la identidad de algún alcalde, parlamentario o Presidente de alguna Comunidad Autónoma, sin que según la Ley, pueda hacerse nada por evitarlo, ni se exija a los autores del delito, la devolución de lo sustraído con premeditación e infinita alevosía.

Desaforarlos a todos, bien podría ser un objetivo a conseguir, si no queremos encontrarnos en poco tiempo, con un país arruinado y una casta, como diría Iglesias, de nuevos ricos que obtuvieron sus fortunas a base de explotar a la sociedad en general y muy particularmente, a los trabajadores que han de contribuir obligatoriamente con la caja de Hacienda.

Esto terminaría con la impunidad de la clase política, una vez que ha quedado claro que sin castigo, hay infinitas posibilidades de reincidir en el saqueo de los bienes comunes, así que ahora que tanto se habla de que urge una reforma de la Constitución, habría que hacerlo también, con la misma urgencia, con el Código intocable que impide castigar a los culpables de casos fiscales, endureciéndolo especialmente.