Principio de igualdad

Tal y como augurábamos cuando se produjo la abdicación del Rey, el juez Castro mantiene la imputación sobre la Infanta Cristina por fraude fiscal y blanqueo de capitales, en consonancia con la resolución demostrada por el Magistrado en la fase de instrucción, a pesar de las innumerables presiones sufridas y de la negativa del Fiscal Horrach, que ha venido manteniendo que no ve indicios de delito.

Este paso que da Castro y que tantos quebraderos de cabeza le ha dado desde que el caso Urdangarín cayó en su juzgado, tiene sin embargo para la ciudadanía una connotación particular, precisamente ahora que su confianza en la justicia había desaparecido casi por completo.

La neutralidad demostrada por Castro, que ha olvidado durante toda la investigación quién era  Cristina de Borbón y a qué familia pertenecía, se demuestra fehacientemente hoy, cuando concluye que existen innumerables indicios de que colaboró tácitamente en los negocios de su marido y se lucró de los beneficios obtenidos, como presuntamente demuestran las incontables facturas con su firma que obran ahora en poder de la justicia. 

A pesar de que se ha intentado por activa y por pasiva que Castro  olvidara la idea de sentar en el banquillo a la hija del entonces Rey, el principio de honradez que debe mover a cualquier profesional del campo jurídico, ha conseguido prevalecer, poniendo en evidencia que todavía, afortunadamente, existen jueces capaces de practicar la igualdad entre todos los ciudadanos, a la hora de establecer criterios inculpatorios, dejando de lado nombres y cargos.

Las evidencias existentes en este caso y la creencia de los implicados en él de que gozaban de una impunidad total por razones de sangre, han contribuido igualmente a que la investigación se haya podido desarrollar en plenitud y seguir el increíble rastro que han ido dejando tras de sí, sobre sus gastos, Cristina de Borbón y su esposo.

Imputados los dos ahora, tanto el fiscal como los abogados defensores ya han anunciado que presentarán un recurso y tendrá que ser la Audiencia Provincial de Mallorca quién se encargue de dilucidar si finalmente, se sentarán o no en el banquillo.

Tendrán que soportar, antes de adoptar su decisión, una presión mediática y ciudadana de gran calado y pensar con detenimiento que de su fallo dependerá y mucho, la opinión que la sociedad tenga a partir de ahora, sobre la actuación de la Justicia.

Porque si es verdad que se respeta el principio de igualdad y existiendo las evidencias que se dan en este caso concreto, Cristina de Borbón tendría que ser necesariamente acusada de los delitos que se le imputan, exactamente igual que su marido, su socio y la mujer de este.

Mientras se llega a la conclusión que fuere, el PP se da prisa en blindar a Juan Carlos y Sofía para que no puedan en ningún caso, ser citados como testigos, incluso si se diera la sospecha de que pudieran conocer los negocios que traían entre manos su hija y su yerno.

Ya dijimos que este era uno de los motivos que habían forzado la abdicación y ahora el flamante Felipe VI habrá de enfrentarse de lleno con la vergüenza de ver a su hermana imputada en un caso de corrupción y asumir que si quiere ganarse la confianza de los españoles, no habrá de interferir  en el resultado de la deliberación de la Audiencia de Palma.

Meticulosamente estudiada la maniobra, Felipe y Leticia, ahora Reyes de España, se han mantenido desde el principio lejos de la familia Urdangarín, para que no quedara dudas sobre su neutralidad en este caso.

El tiempo dirá si a los españoles nos queda algún resquicio de esperanza en el sistema jurídico que tenemos, o si ya está todo perdido y de nuevo esta vez, todo se resuelve sin que nadie entienda cómo, con un veredicto de inocencia.