Los mismos argumentos

Como ya ocurriera con Garzón y con Silva y tras la decisión de imputar formalmente a Cristina de Borbón, parece  se va a recurrir al argumento de acusar al juez Castro de prevaricación, como suele ocurrir cada vez que un Magistrado planta cara a las preferencias sobre algún caso judicial del gobierno, cumpliendo  estrictamente con su obligación de aplicar una justicia que sea igual para todos.

Pero no cabe aquí tildar a Castro de querer ser estrella, pues las veces que hemos podido verle mientras era abordado por los periodistas a la salida de los juzgados, no ha hecho otra cosa que contestar educadamente a las preguntas sin dejar de caminar, casi siempre hacia su moto y sin desvelar jamás nada que tuviera que ver con el farragoso caso que ha llevado entre manos y que ha sustentado, por cierto, con una envidiable profesionalidad, con independencia de quiénes eran los personajes de los que se trataba.

El hecho de volver a recurrir a la prevaricación judicial como argumento para conseguir la desimputación de la ex Infanta, no hace otra cosa que confirmar los temores que llevamos en nuestro fuero interno todos los españoles, que hace tiempo que dejamos de confiar en la limpieza de la justicia.

Porque además, Castro no hace más que cumplir con su obligación al investigar a estos esperpénticos personajes, que se ponían el mundo por montera, a la hora de hacer negocios desde entidades supuestamente no lucrativas, creyendo quizá erróneamente, que la posición de privilegio que disfrutaban por ser familia de todo un Rey, les garantizaba un a impunidad que les duraría para toda la vida.

Así que si hubiera que pensar en algún tipo de prevaricación, lo que verdaderamente resulta extraño es que un Fiscal se empecine en defender a los imputados en un caso, incluso con más fuerza que el abogado que los representa, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria que tiene en anteriores casos de corrupción, que en  lo único que se diferencian de éste, es en el apellido de los sospechosos.

No se puede olvidar que el propio Presidente de Gobierno hizo en su momento una aparición televisiva defendiendo la inocencia de la infanta y que todos los miembros relevantes del PP han estado reiterativamente abogando por esta línea, de manera unitaria.

Que ha habido afán de ejercer presión sobre el Magistrado para que cambiara de opinión, es un hecho   conocido por todos y por tanto, no es de extrañar que no habiendo Castro cedido en su actitud, se hayan buscado otras vías por donde intentar rebatir los argumentos que el juez iba exponiendo.

La conducta de Horrach con respecto a este caso es, cuanto menos, altamente sospechosa y si ahora tratara de manchar el inmaculado expediente del juez con una acusación de prevaricación, no conseguiría más que aumentar los comentarios que sobre su propia persona se oyen, quizá con demasiada asiduidad, en los ámbitos relacionados con los asuntos judiciales.

Lo que la opinión pública piensa, todos lo sabemos. Por tanto, de producirse la acusación sobre el juez de manera formal, en cierto modo se estaría jugando, quizá de manera irreversible, con la idea de que la justicia es algo en lo que los ciudadanos no pueden confiar, dado el agravio comparativo que padecen frente a políticos o miembros de familias ilustres.

El riesgo, debiera valorarse antes de dar un paso como este, si  no se quiere incurrir en un error del que difícilmente la imagen de los encargados de administrar la legalidad, podría recuperarse.

El pueblo, en su totalidad, está al lado de Castro, es evidente, como antes lo ha estado del lado de Garzón y de Silva y la pregunta que flota en el aire es la siguiente: ¿por qué los acusados de corrupción continúan libres mientras los Magistrados más valiosos y valientes son apartados, por sus propios compañeros, del cumplimiento de sus funciones?