Lo que viene ocurriendo en este país nuestro, en torno al
mundo de la justicia y muy especialmente en lo que se relaciona con las
terribles presiones que están sufriendo los fiscales encargados de los casos de
corrupción, no puede, sino calificarse como un hecho insólito e inaceptable,
que trata de modificar el camino recto que deben seguir, sin excepciones, los
encargados de aplicar la Ley y que choca frontalmente con el derecho de los
ciudadanos a ser defendidos contundentemente de cualquier delito que contra
ellos se cometiera, individual o colectivamente.
No pasa últimamente un solo día sin que se pongan en tela de
juicio las actuaciones de determinados cargos nombrados directamente por el
gobierno para luchar, supuestamente, contra la corrupción, ni un solo momento
en que no vayan quedando claras las continuas injerencias del Estado en asuntos
que atañen directamente a políticos investigados por este tipo de delitos y que
sugieren la intención de querer parar como sea la posibilidad de que pudiera
incrementarse la larga lista de condenados pertenecientes al PP, que por
desgracia, todos conocemos.
La última e inoportuna filtración que se ha producido sobre
el caso Lezo y que ha traído como consecuencia la petición de la dimisión del
Fiscal anticorrupción, Manuel Moix, por la oposición al completo, se
complementa hoy con la noticia de que fue posiblemente el número dos de
interior, José Antonio Nieto, quién avisó a Ignacio González de que estaba
siendo investigado y que su detención parecía ser inminente.
A la hora en que escribo este artículo, el citado en segundo
lugar, trata de defenderse en una comparecencia en el Congreso de las
acusaciones que se vierten sobre su persona, pero en el mundo en que vivimos,
resulta infinitamente difícil ocultar cualquier movimiento a los ojos de los
demás, pues los medios con los que se cuenta a la hora de seguir una
investigación han dejado de ser, como
hasta hace bien poco, absolutamente rudimentarios, para ser dotados de una
sofisticación que asombraría a cualquiera que nada supiera sobre las técnicas
empleadas para estos fines y con las que por supuesto se cuenta, cuando se
trata de cuestiones de extrema gravedad, como ésta a la que nos referimos y que
afecta a los mismos cimientos de una Democracia, que ha entrado en un doloroso
trance de crisis, precisamente por estos argumentos.
Puede que en un pasado no muy lejano, el abuso del nepotismo
fuera una práctica habitual en el Partido Popular, sin que las conversaciones y
encuentros mantenidos entre sus miembros más relevantes llegaran nunca a
conocerse, a causa de esa nefasta mayoría absoluta con la que contaban en el
Parlamento, pero la inesperada irrupción
en la política española de nuevas Formaciones y la fragmentación sobrevenida,
tras el resultado de las últimas elecciones, ha puesto en el ojo del huracán
todas y cada una de las acciones de los altos cargos del Partido en el
gobierno, que además de ser ahora examinadas con lupa, pueden a la vez, ser
cuestionadas y juzgadas con una contundencia inimaginable hace solo unos años,
pero que ha hecho despertar a la Sociedad del letargo en el que la tenía sumida
la alternancia en el poder, de socialistas y conservadores.
Este despertar, fundamentalmente influido por el torrente de
información vertido por esos medios de comunicación a los que se pretende a
toda costa silenciar, con medidas disuasorias de escasa legalidad en un estado
de derecho, genera, como no podría ser
de otra manera, una indignación que exige con urgencia la regeneración de
ciertas instituciones judiciales y muy fundamentalmente, que quiénes las
dirijan a partir de ahora sean elegidos por un consenso necesario que garantice
plenamente su limpieza.
Echando la vista atrás y mirando los casos ocurridos en otros
países del mundo, lo que está pasando en este nuestro sería, sin atisbo de
duda, motivo suficiente para exigir la dimisión de todo el Gobierno.
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