A
sólo unos días de que se celebre la Moción de censura presentada por Podemos y
con un PSOE en el que el Presidente de la Gestora, Javier Fernández, ha dejado
en manos de Pedro Sánchez la decisión de
apoyarla o no, la actualidad viene pegando fuerte y hoy nos sorprende con
la extraordinaria noticia de que el Fiscal anticorrupción, Manuel Moix, posee
el 25% de una Sociedad en Panamá, que comparte con sus tres hermanos y que dice
haber heredado de su padre, sin que hasta el momento haya hecho nada por desvincularse de ella, o declararla en
Hacienda, como manda la Ley que debiera respetar escrupulosamente, sobre todo
por el cargo que ocupa.
Moix,
que ya se encontraba bajo la sospecha de haber estado haciendo todo lo posible
por impedir que las investigaciones del caso Lezo siguieran adelante y que ha
sido directamente acusado por muchos de sus compañeros de una conducta más que
reprobable, estaba, a la vez que se encargaba de seguir la pista a los implicados
en el escándalo de las sociedades off short, repitiendo las mismas actitudes
que supuestamente trataba de erradicar y que supondrían un presunto fraude al
erario español, que le pone en un serio apuro para continuar ejerciendo el
papel que le fue asignado por el PP, al parecer, a instancias de Ignacio
González.
La
reacción de sus compañeros y subordinados no se ha hecho esperar y aunque Moix
se ha apresurado a decir que anoche mismo se había puesto en contacto con Maza, para ofrecerle
explicaciones sobre la Sociedad, el Fiscal General del Estado ha negado ante
los medios esta mañana tener ningún tipo de información sobre el caso y se ha
comprometido a examinar el tema, a la mayor brevedad posible.
Por
la similitud con lo que ocurrió hace unos meses con el Ministro Soria, el
hecho, que podría calificarse como extremadamente grave, por la naturaleza del
cargo de Moix, viene a corroborar tácitamente la falta de ética profesional que
parece acompañar a este individuo y que le inhabilita para continuar en su
cargo, ofreciendo una oportunidad de oro a
la oposición, para exigir su inmediata dimisión y también, las
responsabilidades pertinentes que pudiera haber tenido Rajoy, en su
nombramiento.
Entretanto,
el Presidente, que se encuentra de visita en Portugal, de la que por cierto,
podría aprender mucho, sobre la independencia de la justicia, no sólo no ha
podido escapar, como suele ser su costumbre, de las preguntas de los
informadores, viéndose obligado a afirmar que Moix contaba con su apoyo, aunque
visiblemente nervioso porque acababa de enterarse que tendrá que declarar
obligatoriamente de forma presencial en
el caso Gurtel y responder a todas las preguntas que se le hagan en la sala,
lejos de la seguridad que parece ofrecerle su soledad ante el plasma que tanto
gusta de utilizar, cada vez que tiene
que pronunciarse sobre temas difíciles.
Así
que todo va de mal en peor, para este Partido Popular al que se le están
acabando los argumentos para justificar su permanencia en el Gobierno, por lo
que el sólo pensamiento de tener que enfrentarse a Iglesias el día de la
Moción, lo haga Rajoy u otro, debe estar convirtiéndose en un insoportable tormento, pues nada ni nadie podrá evitar que
se relaten en la tribuna del Congreso, una a una, toda esta suerte de evidentes
ilegalidades que confluyen inevitablemente en un terreno pantanoso que se
expande
bajo
los pies del Presidente y que ofrecen al líder de Podemos, una oportunidad de oro para deslegitimar al
gobierno de Rajoy y para convertirse en
el único que ha sido capaz de enfrentarse a él, aumentando su prestigio ante
los ojos de una ciudadanía, hastiada de escándalos de corrupción que afectan
directamente, su bienestar y el de sus familias.
Que
Rajoy apoye reiteradamente, a cada uno de los muchos corruptos que vienen
apareciendo a diario en el país, aunque después olvide para siempre sus
nombres, no habla precisamente a favor de su honestidad, ni de su valía como
político para continuar ejerciendo el cargo para el que le eligieron los
ciudadanos.
Cada
nueva noticia, cada asunto que gira en torno a él, sólo sirve para aumentar la
sensación de haber sido estafados y de que ahora se impone, si hay justicia
real, una compensación que enmiende en la medida de lo posible, todo el daño
que se nos ha infringido, mientras se nos privaba de nuestros derechos.

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