El reiterado incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica,
desde que Mariano Rajoy llegara al poder, está contribuyendo a que muchos de
los descendientes de aquellos que fueron represaliados por el régimen de
Franco, durante y después de la guerra civil, no hayan podido todavía, aun
habiendo pasado casi setenta años, recuperar los restos mortales de sus
allegados, que se encuentran en fosas comunes que salpican toda la geografía
del país y cuya apertura ha sido negada en multitud de ocasiones por cargos del Partido Popular, bajo el argumento
de que conviene cerrar las heridas que generó aquel conflicto entre hermanos,
que ciertamente, no debió suceder nunca.
Pero enterrar el pasado no puede ni debe resultar nada fácil
para tres o cuatro generaciones de españoles, a los que a pesar del mucho
tiempo transcurrido, no se ha permitido enterrar dignamente a sus muertos y que
todavía hoy, continúan sin encontrar respuesta a las preguntas que empezaron a
hacerse sus antepasados, cuando sus padres, hermanos, amigos o familiares más
lejanos, les fueron arrebatados, para ser pasados después por las armas,
sin otro motivo que su disidencia
política con quiénes atacaron al poder democráticamente constituido, para establecer una durísima
dictadura, que duró más de cuarenta años.
Muchos de aquellos familiares directos, de aquellos hijos que
se vieron después desprovistos también de sus derechos, a causa de la represión
ejercida contra ellos durante una buena parte de sus vidas, murieron y sus herederos,
que en casi todos los casos conocieron la llegada de la Democracia, como una
solución que terminaría con los años de oscuridad y silencio que a los suyos
les había tocado sufrir, albergaron entonces la esperanza de que con las nuevas
leyes aprobadas por el Parlamento español, podrían por fin, reclamar justicia
para sus muertos y sobre todo, cerrar los capítulos de una desgraciada historia
que no sólo había segado la vida a los que fueron arrojados a las cunetas, sino que también, había sepultado
cualquier recuerdo que de ellos pudiera quedar, prohibiendo incluso que se les
volviera a nombrar, en público o en privado, por temor a las consecuencias.
Algunos de aquellos nietos, que ya peinamos canas en la
actualidad y que hemos visto cómo se marchaban nuestros padres, sin haber
podido cumplir el sueño de reunirse de algún modo con los que fueron los suyos,
dejándonos el legado de no permitir que se silenciara para siempre su recuerdo,
hemos cumplido ya sesenta años y empezamos a temer que tampoco nosotros
podremos taponar una herida, que por su dimensión, resulta imposible cerrar y
que seguramente, pasaremos a nuestros hijos, sin que a los políticos que rigen
nuestros destinos parezca preocuparles los daños provocados en una buena parte
de una Sociedad, a la que teóricamente, representan.
Pasar página ha de ser
necesariamente sencillo para quiénes procediendo del bando ganador, pudieron
dar sepultura a sus muertos, a los que dedicaron monumentos conmemorativos a
todo lo largo del país y para cuyos familiares directos, se encargaron de
habilitar recursos económicos, con los que poder sacar adelante a sus
descendientes y hasta viviendas de renta baja en las que poder asentarse el
resto de sus vidas, y que después se revalorizaron con el tiempo, produciéndoles
jugosos beneficios.
En cambio para los familiares de los perdedores, reclamar
justicia para los suyos se ha convertido en una cuestión de honor que no pueden
permitirse perder, pues esa igualdad entre todos que se refleja en la
Constitución, como uno de los artículos fundamentales, con ellos, ni se cumple,
ni tiene visos de llegar a cumplirse, a juzgar por los casos que aún se
encuentran sin resolver y de las impresionantes historias personales que
aparecen casi a diario en los medios y que son el ejemplo viviente de cómo una
multitud de aquellos represaliados
políticos, se están convirtiendo en eternos ausentes.
Que haya medios económicos para financiar lujosas campañas electorales en las que
reclamar el voto de los ciudadanos, mientras se niega la posibilidad de que se
abran las fosas que aún quedan en nuestras carreteras y que constituyen uno de
los capítulos más negros de nuestra historia, supone uno de los mayores
agravios que puede infringirse contra la
memoria colectiva de nuestro país, que jamás podrá recuperarse de los daños
psicológicos que acarrearon y acarrean aún, aquellos desastrosos años de
oscuridad y desprecio.
Para el que quiera mirar, se encuentran en la red numerosos
testimonios directos de familiares de represaliados que aún esperan el momento
de recuperar a los suyos y otros, que muestran la indescriptible emoción que
experimentan estas personas, cuando al pie de las fosas abiertas, los
antropólogos se topan con algún hueso, que pudiera o no corresponder, con aquel
a quién han buscado tanto tiempo.
Parte el alma, ver a personas de elevadísima edad, llorar sin
consuelo por haber tenido la suerte de no morir sin cumplir este sueño y no se
entiende, que setenta años después, todavía haya quiénes pretendan exigirles
que olviden su dolor, como si el recuerdo que han conservado de los suyos,
durante toda la vida y su afán por dignificar lo que fueron, se pudiera
enterrar, también, bajo las tapias de los cementerios y en las cunetas, para no
recuperarlo nunca.

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