Descubrir que mientras nuestra población infantil pasaba
hambre, los directivos de Caja Madrid, con Blesa a la cabeza, despilfarraban
más de quince millones de euros, en una vida de lujos y diversión que probablemente
llevó a la caída de la entidad que precisó de un rescate de cuarenta mil
millones, no puede, sino contribuir a que los niveles de indignación de los
españoles sobrepasen todos los límites conocidos y a que se extienda la opinión de que en este país,
no existe la justicia.
Porque si verdaderamente la ley amparara a los ciudadanos, en
el mismo minuto en que salió a la luz la noticia, los directivos de Caja Madrid
debieran haber sido detenidos y puestos a disposición judicial, al menos hasta
que no reintegraran entre todos, la escandalosa cantidad que invirtieron en un
disfrute personal, intolerable en la época que todos los demás padecemos.
Teniendo en cuenta que veinte mil españoles más han entrado a
formar parte del club de los desempleados este mes de Septiembre, tal como
predijimos que pasaría, contradiciendo la euforia que muestra el PP en todas
sus apariciones ante los medios, los más de quince millones malgastados por
estos impresentables vestidos con trajes de Armani, bien podrían ayudar a
remediar la espantosa situación en que viven
un sinfín de familias, por ejemplo, incrementando la bolsa que
proporciona cuatrocientos ochenta euros a los parados de larga duración, cuya
cifra empieza a ser escandalosa.
Pero nuestros gobernantes parecen mucho más preocupados
en el día de hoy en sentar a Cañete en
un buen sillón europeo, a pesar de su vergonzosa actuación de ayer y su mutis
ante las preguntas que se le hicieron sobre la relación de su familia y su
cuñado, en particular, con compañías petroleras que contribuyen con sus
emisiones a empeorar el medio ambiente que, de ser nombrado, tendría como
misión defender.
Es como si los casos de corrupción fueran aceptados por la
cúpula dirigente como algo natural, con lo que debemos forzosamente
acostumbrarnos a convivir y que debemos aprender a tolerar, sin siquiera tener
derecho a la protesta.
El país se desangra, mientras una lista interminable de
corruptos se mueven en cargos públicos o entidades bancarias, cuya rescate está
costando a los españoles el pago de una deuda de la que no somos responsables y
la tibieza de una justicia degradada por sus propias acciones, consiente que
los delincuentes permanezcan en libertad y sin devolver un solo euro de lo que
nos robaron a todos.
¿De qué cantidad estamos hablando? Nunca lo sabremos, pero
seguro que sería suficiente y aún sobraría para quedar libres del todo de la
deuda que nos aflige y que las penurias que padecen las familias podrían ser
paliadas en su totalidad, si con mano de hierro, el sistema judicial recaudara
hasta el último euro que se ha esfumado de las arcas públicas y que ahora se
encuentra, con toda seguridad, engrosando los bienes de los corruptos, en esos
paraísos fiscales a los que no se intenta siquiera acceder, quizá porque a más
de uno no interesa.
Luego, se extrañan que la gente salga a la calle a la
desesperada y de que se practiquen escraches ante los domicilios particulares
de políticos de dudosa o nula accesibilidad, reclamando en casi todos los
casos, al menos una explicación de por qué no se atajan determinados problemas
sociales, cuando la solución es fácil.
Recuperar los capitales procedentes de la corrupción ha de
ser, necesariamente, una prioridad para el gobierno y la única reforma fiscal
que debiera ser aprobada con carácter de urgencia.
Quizá así, la presunción de que las cosas empezaban a irnos
mejor, podría convencer a la ciudadanía, sobre todo si el montante recaudado
fuera empleado en su totalidad, en una creación de empleo que devolviera la
dignidad a muchas de nuestras masacradas familias.

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