El Club de las tarjetas negras

Conocida la implicación de ochenta y cinco cargos de Bankia en el despilfarro ilegal de más de quince millones de euros, no queda más remedio que preguntarse si en otras entidades bancarias y empresas de altos vuelos podría estar sucediendo lo mismo y cuántos implicados habría en realidad, en el Club de las tarjetas negras.

Este nuevo fraude fiscal, que además vuelve a poner en entredicho la honradez y la ética de políticos y sindicalistas, no parece sin embargo, haber cogido por sorpresa a los inspectores de Hacienda y se conjetura también, sobre si en el Banco de España se conocía o no la existencia de estas prácticas, por lo que se ha de suponer que este secreto, aparentemente tan bien guardado, estaba siendo, hasta cierto punto, presuntamente tolerado, por los organismos encargados de la limpieza de las cuentas del país y de garantizar la igualdad, en el pago de impuestos, de todos los españoles.

Si como se puede pensar, las tarjetas negras son un mal extendido por muchas otras entidades de relevancia, el montante de lo que se podría haber defraudado durante su utilización, por parte de los ejecutivos que las poseyesen, resulta difícil de calcular para un profano como yo, incapaz de lidiar con cifras que escapan a la realidad cotidiana que me rodea.

 Pero si verdaderamente ya desde hace años existían indicios fehacientes de que este tipo de tarjetas personales se estaban usando por parte de un nutrido grupo de privilegio, no cabe si no preguntarse por qué razón no se ha actuado con anterioridad y ha habido que esperar a que la prensa descubriera el delito, para empezar a exigir dimisiones y hablar, tímidamente, de la devolución del dinero.

No estamos hablando de beneficiarios anónimos, pertenecientes a empresas privadas, que aún siendo igualmente delincuentes, podrían alegar la excusa de que han sido obligados a aceptar tales prácticas por los dueños reales de los negocios, sino que los implicados en esta causa son, desgraciadamente para todos nosotros, representantes directos de partidos políticos de relevancia y lo que es aún peor, sindicalistas, evidentemente nada identificados con las penurias que padece la clase trabajadora, a la que debían defender.

Es por eso, que el daño moral que se hace a la ciudadanía resulta del todo imperdonable y que estas actitudes no hacen sino contribuir de manera superlativa a la ya asentada desconfianza que se tiene en todos aquellos que ocupan un cargo.

La fantástica realidad que viven estos delincuentes, mientras a la población se nos exigen sacrificios inaceptables y paciencia ante los recortes de derechos sociales y laborales que venimos sufriendo, sobrepasa todas la líneas de la pura decencia y ha de ser arrancada de cuajo, como mala semilla que es, de los suelos del jardín patrio.

La justicia ha de ser, pues, absolutamente implacable en la aplicación de las leyes y no valen a la ciudadanía, ni alegatos en defensa de los culpables, ni menos aún, generosos indultos del gobierno.

Llegar hasta el mismo fondo de este pozo de corrupción, anegarlo y juzgar a todos aquellos que estuvieran inmersos en él, se convierte en imprescindible, si se quiere al menos calmar el nivel de indignación que se respira en la calle, primordialmente, por la espantosa gestión que sobre la corrupción está haciendo la casi totalidad de la clase política.

Por tanto, va a ser verdad que es necesario un cambio radical en España y que éste podría empezar por una renovación total de los miembros de las instituciones, dando, por medio de nuestros votos, acceso a ellas, a quienes se encuentran limpios de toda sospecha y que en casi todos los casos, no proceden directamente, de ninguno de los grandes Partidos.

Fundamental es, que los ciudadanos puedan confiar ciegamente en sus representantes, sabiendo que las cuentas públicas no se encuentran en manos de presuntos o probados ladrones, aficionados a desviar los fondos, a sus cuentas particulares.

Porque si no se consigue en breve apear del panorama político a la interminable lista de delincuentes financieros que conviven en las filas de las formaciones ahora en el poder, va a ser absolutamente imposible que se pueda salir adelante.

Ya no hay duda. La crisis, además de los bancos, la han causado ellos y por tanto, habrán de pagar, cada cual en la medida de su responsabilidad, por el desastre ocasionado a toda la sociedad, desde sus cargos de excelencia.

La racionalidad exige una pronta desaparición de estos individuos de todas y cada una de las instituciones públicas del país y si hubiera que construir más cárceles para albergar a esta caterva de mal nacidos, sería dinero bien empleado, si esto nos garantiza que nunca más tendremos que soportar que tengan nada que ver con lo que pase en nuestras vidas.