El paro y los políticos

Mientras cerca de seis millones de españoles se desesperan a diario por encontrar empleo y cientos de miles jóvenes se ven obligados a abandonar el país para poder subsistir, al tener cerradas todas las puertas del mundo laboral, gracias a la reforma de Rajoy, el ex Ministro Gallardón, que debe, creo, sobrepasar los cincuenta años, a sólo unos días de su reciente dimisión, consigue un puesto en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en el que percibirá mensualmente, casi seis mil euros.

Apoyado por Ignacio González, hasta ayer su enemigo, como segundo de Esperanza Aguirre, Gallardón ha estado desempleado escasamente tres o cuatro días y ya está, con la complacencia de su partido, perfectamente asentado en un Organismo al que tendrá que acudir, exclusivamente, un día a la semana.

El agravio comparativo con el resto de la población afectada por el paro, no puede ser más evidente. Con toda probabilidad, el ex ministro, ni siquiera habrá tenido que presentar curriculum para obtener este trabajo, que le ha caído como llovido del cielo, quizá como compensación a su intempestiva salida de un gobierno, en el que no terminó de encajar nunca.

A pesar de su declarada intención de abandonar el ejercicio de la política, no ha tardado, sin embargo, en decidir agarrase a esta oportunidad que esta vez, ni siquiera procede de una empresa privada y en la que con toda probabilidad se le ha colocado estratégicamente, lejos de cualquier posibilidad de incomodar a ninguna de las facciones de su partido, con las que tantas veces  se ha enfrentado, a lo largo de su extensa carrera.

No queda más remedio que preguntarse qué sucedería, hoy por hoy, a cualquier trabajador de más cincuenta años, que por las razones que fueren se quede sin empleo y no habría que mirar muy lejos para comprender que su realidad distaría mucho de parecerse a la que vive el ex ministro.

Sea cual fuere la cualificación del trabajador despedido, la posibilidad de volver a la actividad, en el panorama laboral que hoy tenemos, sería prácticamente inexistente y habría de conformarse con percibir durante un máximo de dos años la prestación por desempleo, para entrar, transcurrido este tiempo, a formar parte del nutrido club de los perceptores de los cuatrocientos ochenta euros que asigna el estado, a los parados de larga duración.

Las historias personales de cientos de miles de familias avalan esta teoría y basta echar una mirada alrededor para ser consciente de que cuánto aquí digo, es cierto.

Así pues, la política es la única profesión  en la que no existen parados y el único título ficticio que te capacita para volver a la vida laboral, inmediatamente después de abandonar el cargo público que ocupases, tengas la edad que tengas y sea cual sea tu profesión real, en la vida civil.

Si has sido alcalde, diputado, ministro o concejal de algún ayuntamiento, las ofertas de trabajo con excelente remuneración, te llueven y no hay empresa multinacional que se precie u organismo allegado al poder, que no cuente en su nómina con un número elevado de ex políticos, siempre en puestos cercanos a la dirección y de manera vitalicia.

Por ello, es fácil deducir que la realidad en que se mueven los que proceden de este tipo de instituciones, dista mucho de ser la misma en que vivimos el resto de los ciudadanos y que no es otra, que la que nos han legado esos mismos que nunca sabrán en carne propia, lo que es la lucha diaria por la mera supervivencia.

Ahora que tanto se acude a la letra de la Constitución para solventar cualquier caso que pueda resultarle dificultoso al gobierno, como el problema catalán por ejemplo, convendría  recordar que esa misma Carta Magna establece también el derecho de igualdad entre todos los españoles y poner el mismo énfasis que se pone en defender la estricta aplicación de determinados artículos, en procurar también, severamente, el cumplimiento de otros que atañen, éstos sí, a la totalidad de los ciudadanos de este país, a los que tan poco se respeta.

Me pregunto si como simple español de a pie, se podría recurrir al tribunal constitucional para exigir las mismas oportunidades laborales que se brindan a los que se adentran a diario en puertas giratorias.