Religión y poder

La injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos de nuestro Estado, parece una acostumbre arraigada desde los tiempos del franquismo, que no han conseguido modificar ninguno de los Presidentes que hemos ido eligiendo, desde que nos ganamos el Derecho a vivir en Democracia.

Las altas esferas de esta Institución religiosa, que no han conseguido evolucionar a lo largo del tiempo, ni han aprendido nada de ninguna de las corrientes de progreso que han ido cambiando el mundo y a la gente que habitamos en él, siguen cómodamente instaladas en una postura de feudalismo medieval, desde el que pretenden seguir manipulando la vida de los que aún deben considerar como sus vasallos.

Dentro de este pensamiento arcaico y demoledor, totalitarista e intolerante con cualquier opinión que discrepe de la que ellos mantienen inamovible desde hace siglos, unos cuantos prelados sospechosamente apegados a los poseedores de las riquezas, interfieren periódicamente en cuestiones meramente civiles, de las que, simplemente, por su condición de supuestos pastores de almas, no les corresponde opinar y mucho menos aún, sobrepasar la inviolable línea que debe separar Religión y Política.

Las Leyes vigentes en una Nación han de ser exclusiva competencia de sus gobernantes, que en ningún caso pueden ceder al chantaje manipulador de ninguna Institución de carácter religioso, dejando claro de una vez por todas, que en el mundo actual, los credos son una elección que cada cual hace libremente y de modo individual, pero que nunca pueden interferir en la vida de las mayorías, ni inclinar la balanza sólo a favor del pensamiento de sus feligreses y no del conjunto de la ciudadanía, independientemente de sus creencias.

Rouco Varela constituye sin duda uno de estos ejemplos de absolutismo eclesiástico e instalado en la posición de privilegio que le da tener su sede en Madrid, no desaprovecha ocasión para ejercer una férrea presión sobre este Gobierno compuesto por católicos practicantes, dispuestos a batallar por no contradecir las imposiciones que les marca su Iglesia.

Ya otras veces ha hecho demostración de fuerza, poniéndose al frente de manifestaciones multitudinarias que mostraban su desacuerdo con la aprobación de las Leyes del Aborto y los matrimonios homosexuales, proclamándose a sí mismo “defensor de la vida”, al mismo tiempo que con  sus posturas, trataba de arruinar la de ciertos colectivos, negándoles la libertad de decidir sobre problemas íntimos y, por tanto, la igualdad con el resto de los españoles.

No le hemos oído pronunciarse, sin embargo, sobre la gravedad que supone el alto índice de desempleo que azota el país, o sobre los innumerables desahucios que han roto de manera violenta, miles de familias españolas.

Y ahora vuelve a la carga, exigiéndole acaloradamente al Ministro de Justicia Ruíz Gallardón, y por extensión al Gobierno de Mariano Rajoy, que deroguen las leyes antes mencionadas, como parece ser que le prometieron personalmente, antes de llegar al poder.

Naturalmente, ceder a estas presiones constituiría un grave error, por no hablar de que los españoles tendríamos la sensación de que es la Iglesia quien nos gobierna, cosa que entraría en clara contradicción con la definición de Estado aconfesional que figura en nuestra Carta Magna, por expreso deseo del pueblo español, que es en suma, el que la aprobó en Referendum y sin hacer menciones especiales a ninguna de las religiones que se practican en el territorio nacional.

La contundencia en este asunto debe ser de una claridad indiscutible y si para ello hay que romper el Concordato que nos mantiene atados en cierta manera, a los caprichos del Estado Vaticano, no quedará otro remedio que hacerlo para demostrar de una vez por todas, la independencia de nuestro poder político.

Porque si se reforma la Ley de aborto, llevando a las mujeres a un pasado en el que decidir que no querían tener un hijo se consideraba delito, habremos desandado un largo camino de progreso, que por otra parte, no obliga a las católicas a hacer lo que su religión les prohíbe, pero que prohíbe a las laicas hacer lo que su libertad de elección y conciencia les aconseja.

Si tanto preocupa a la Iglesia y a Rouco el derecho a la vida, bien podrían arrimar el hombro a los colectivos que tanto necesitan de ayuda en estos momentos difíciles de angustia y de miseria. Y en el caso del Cardenal, no estaría mal abrir las puertas de su Residencia a las familias que se encuentran desahuciadas, sin un lugar en el que vivir con sus hijos y que podrían encontrar allí, el consuelo de ser tratados con caridad, como ordenan los principios de la religión que su eminencia dice defender.

Tal vez así aportara un poco de dignidad a la desgracia humana que le rodea, dando un ejemplo de auténtico cristianismo a los ciudadanos y siendo partícipe de la desesperación que sacude la columna vertebral española, sin pecar de soberbia.

Porque puestos a analizar, la impresión que ofrece a los que miramos desde fuera, es la de tener la ambición de dirigir al País, aunando en su persona, los poderes políticos y religiosos…y que nosotros digamos amen.