No hacía falta ser experto en leyes para vislumbrar que
existía toda una suerte de indicios que apuntaban con dedo acusador hacia la
Infanta Cristina, en el caso Noos, y que la igualdad que concede a los
españoles la Constitución, clamaba porque fuera imputada, a la mayor brevedad
posible.
Pero lo habitual, cuando se trata de personajes de cierta
relevancia y más aún si proceden del entorno opaco del Rey, era hasta ahora,
que la Justicia pasara de largo sobre los delitos y faltas cometidos sin que
ocurriera nada, para indignación de unos ciudadanos demasiado acostumbrados al
desgobierno en cuestiones que tengan que ver con el dinero.
El juez Castro sienta hoy un precedente de una extraordinaria
importancia para volver al camino recto y se desliga de toda una saga de
juristas demasiado complacientes con el poder, imputando a Cristina como copropietaria
de la empresa de su marido y dando por sentado que estaba al corriente de las
sucias maniobras que durante años han reportado a su familia tan jugosos beneficios.
Los mensajes que Diego Torres ha conservado escrupulosamente
durante todo el tiempo que ha durado su relación con Urdangarín, han sido
claves para que esta difícil decisión haya sido finalmente tomada, obviando
todas las presiones a las que seguramente ha debido enfrentarse el juez, por
tratarse la imputada de quien se trata.
Este hecho, que no significa aún que la Infanta pueda llegar
a ser condenada por el delito, marca una diferencia muy significativa, en la
que había sido hasta ahora la trayectoria seguida en los múltiples casos de
corrupción que han surgido en los últimos tiempos y lanza un mensaje a todos
aquellos que en este momento puedan estar llevando a cabo acciones delictivas a
lo largo y ancho de nuestra geografía, dejándoles claro que nada ni nadie podrá
gozar de impunidad en este País, llámese cómo se llame y venga de donde venga.
El aviso a navegantes es claro y preciso. Se ha terminado la
connivencia con el poder y nadie podrá desde este momento, ampararse en la importancia
de su cargo para estafar, malversar o evadir, sin cumplir sentencia por ello.
La imagen de la realeza española, además, atraviesa sin duda el que sería su peor momento desde
que se iniciara la Transición y a los escándalos del asunto Corina o de la
herencia suiza de D. Juan, se une ahora este supuesto delito de una de las hijas
del Rey, sin que por el momento, se haya dado a los españoles ningún tipo de
explicación veraz sobre ninguno de estos asuntos.
Pero también a ellos lanza
esta imputación de hoy una llamada de alerta para que midan sus acciones
y para que se vayan olvidando de la vida palaciega vivida al margen del resto
de los mortales, con un secretismo total, recordándoles que su cuna no les
exime del obligado cumplimiento de las leyes vigentes en esta Nación.
Hace demasiado tiempo que los españoles esperábamos con
impaciencia que alguien relacionado con la legislatura se atreviera a dar un
paso adelante que clarificara el desacreditado terreno de la Justicia, tan
maltratado precisamente, por quienes son responsables de su aplicación y buen
funcionamiento.
Lo que el juez Castro decide hoy, devuelve a la ciudadanía la
esperanza en que las cosas se pueden hacer bien, si los responsables de cada
institución, se aplican en realizar estrictamente las tareas que les
corresponden.
Se abre un nuevo camino que apenas ha empezado a construirse,
pero que puede ser el único que nos permita recuperar la dignidad de ser
respetados por todos aquellos que desde hace tiempo, se habían creído que el
País era suyo.
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