Justicia para el pueblo

El Tribunal Constitucional portugués acaba de ofrecer a Europa una auténtica lección sobre la independencia de la Justicia, al fallar a favor de los funcionarios y jubilados  del país vecino, a quienes su gobierno había convertido, igual que aquí, en blanco de sus políticas de recortes, al hurtarles el derecho a una de sus pagas extraordinarias, además de haberles rebajado con anterioridad, el salario que percibían.

Dice con todo fundamento la sentencia, que tales hechos vulneran gravemente el principio de igualdad entre los ciudadanos y coloca al gobierno luso y por ende a sus socios europeos, en la tesitura de tener que rehacer sus perspectivas de ahorro de otro modo, que nada tenga que ver con el claro incumplimiento de contrato que estaban practicando, con una parte de la población, sin responsabilidades en la gravedad de la crisis.

Mariano Rajoy no ha tardado en intentar establecer las que él considera enormes “diferencias” entre España y Portugal, a través de González Pons,  en previsión de que la sentencia empiece a movilizar a los funcionarios españoles, que se sienten idénticamente discriminados por las medidas aplicadas por el PP, para invitar a los jueces de nuestro Constitucional a fallar a favor de la ciudadanía, recuperando así una parte importantísima del prestigio perdido, durante unos años de clara connivencia con el poder, que le ha restado todo atisbo de imparcialidad, a los ojos de una población, absolutamente indignada por lo que viene sucediendo, sin que la Justicia haga nada por establecer veredictos en beneficio de la sociedad, en lugar de hacerlo, siempre, a favor de los políticos.

Con una opinión pública escandalizada por casos tan significativos como el de Bárcenas  y los sobresueldos o el de Urdangarín y la hija del Rey, ahora también imputada por el Juez Castro, un fallo del Constitucional que legalizara las políticas de Rajoy, podría complicar enormemente una estabilidad social, a punto de romperse como consecuencia de los numerosísimos casos de corrupción que se van descubriendo y que colocan a la clase política en el peor momento de su historia, a causa de su ineptitud para solucionar los problemas que aquejan a un  País, al que están llevando al borde del precipicio, con su errático gobierno.

La independencia del Poder judicial, resulta pues, en estos momentos, una baza absolutamente imprescindible para rebajar la tensión existente entre los ciudadanos, que al encontrarse durante este último año en total indefensión jurídica, como demuestran los casos de los desahucios o las Preferentes, ansían poder contar al menos con la idea de que llegadas sus quejas a los tribunales, éstos decidan, con total equidad, a favor de las víctimas y no de las frías Instituciones que las  colocaron, exactamente, en el punto en que están y que las abandonaron a su suerte, al mismo tiempo que les robaban de manera paulatina toda una suerte de derechos sociales tan necesarios como la educación o la salud.

Que hay jueces que están hartos de la situación que vivimos, es claro y notorio y no a todos ellos podrá hacerse lo que se hizo a Garzón en su momento, apartándoles de la judicatura con argumentos que nunca convencieron a nadie, sobren todo si van creciendo en número y no ceden a las presiones sobrevenidas desde un poder que se encuentra en sí mismo en el punto de mira, a merced de que su ex tesorero decida sacar un as de la manga, que demuestre la veracidad del asunto de los sobresueldos en un dinero negro, que no es precisamente una muestra de solidaridad con la situación que atraviesan los seis millones de parados que ha traído su reforma laboral hasta las oficinas del INEM.

Los argumentos de Rajoy son una huída hacia adelante, en previsión de males mayores y por el bien de todos nosotros, esperamos que no consigan el objetivo de presionar a los encargados de pronunciarse a favor o en contra de los funcionarios españoles y que ahora, además, ya cuentan con el precedente que han sentado los jueces lusos, sin que el mundo se haya hundido, ni Europa haya sido capaz de pronunciar una sola palabra en contra de su sentencia.

No todo le va a salir al líder del PP como tuviera previsto. Sobre todo porque es urgente que entienda que ser Presidente de una Nación no significa manipular en su favor el funcionamiento de todos los organismos ni estar siempre en posesión de la verdad, con una infalibilidad similar a la del Papa de Roma.

Ha de saber que unas veces se gana y otras se pierde y que los votos que le otorgaron los españoles y que le colocaron donde está no son un pasaporte vitalicio  a un lugar de privilegio desde el que manejar con total impunidad nuestras vidas.

Sentencias como la portuguesa empiezan a poner las cosas, justamente, en el lugar que les corresponde y ojala que la justicia brillara siempre igual, allá donde los hombres requirieran alguna vez de ella.